El paso al frente dado por el Gobierno al
convocar a la discusión de un pacto por la educación a través del Consejo
Económico Social e Institucional, fue objeto de un deslucimiento inmerecido por
parte de la Coalición Educación Digna,
que ha presentado tal iniciativa como una acción inconstitucional.
Esa entidad fue creada por decreto en el
2005 como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social
e institucional, con las atribuciones de discutir sobre todos los temas que sea
apoderado, y no pretendía otra cosa que acercar más a los distintos sectores de
la sociedad a la toma de políticas públicas
En la Constitución del 2010 se le da una
mayor dimensión a ese consejo y se le convierte en un órgano constitucional,
disponiend “Artículo 251.- Consejo Económico y Social. La concertación social
es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de
empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción
y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo
Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica,
social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por
ley”.
Como no se ha cumplido ese mandato
constitucional, Coalición Educación
Digna, alega que cualquier acuerdo que saliese del Consejo del 2005 es ilegal,
porque el que debe estar vigente es el que ha de surgir de la ley que ordena la
Constitución.
Ya sabemos que por un principio de la
continuidad institucional en el Estado no existe la acefalia, y por lo tanto
hasta que no sea sustituido por el órgano constitucional, el que tiene la
fuerza de ley es el vigente desde el 2005.
Pero hay una pregunta importante, ¿es que
un gobierno llamado a impulsar el mandato constitucional en lo que tiene que
ver con el impulso de la ley que creará el Consejo ha preferido dilatarla para
manejar a su antojo el que está vigente por decreto?
Si Coalición Educación Digna ha insistido
desde hace más de seis meses con la necesidad de la aprobación de la ley que
pautará la composición del Consejo Económico y Social, lo propio ha hecho el Gobierno que la elaboró
y envió a discusión y aprobación del Congreso, donde ha perimido no por dificultades o desinterés
gubernamental, sino por la falta de consenso entre los sectores empresariales,
sobre su representatividad, por lo que no es correcto alimentar la percepción
de que no se ha querido respetar la Constitución.
La política que ha seguido el Consejo
Económico e Institucional en todos sus debates ha sido la de la apertura y
sectores que no están expresamente designados en el decreto que lo crea han
podido expresar sus posiciones sin ninguna restricción, por lo que sería un
grave error de Coalición Educación Digna la de desechar ese escenario para
presentar sus propuestas.
El espíritu con el que el presidente Danilo
Medina dejó el pliego de propuestas del gobierno para discusión de todos los
sectores, no ha sido de imposición sino al contrario. Es un acto de
responsabilidad decirle a la sociedad lo que propone el gobierno y que esta
opine y presente sus propuestas, y que de los debates salga lo mejor para el
país.
El 4% por el que tanto se afanó no debe ir
a un barril sin fondos a drenarse por las chorreras de un caos en el que todos
reclamamos derechos sin cumplir deberes.
