Los cambios dispuestos en el Gobierno por
el presidente Danilo Medina en la etapa de la segunda transición que iniciaron
con los nombramientos del mayor general Manuel Castro Castillo, como jefe de la
Policía Nacional, y del licenciado Enrique Ramírez, como nuevo administrador
del Banco de Reservas, y continuados con el
remeneón que lleva a Carlos Amarante Baret al ministerio de Educación, a
Gedeón Santos al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y a
José Domínguez Peña al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), están orientados por
el mismo espíritu: cumplir con mayor eficiencia y pulcritud las metas
gubernamentales y abrir espacios en un tren que había pasado medio lleno.
Estas remociones han sido recibidas con
alborozo por la reconocida capacidad y trayectoria de los designados: lo de Castro Castillo se
esperaba, policía de formación y vocación, sin tachas y con voluntad para
producir cambios; el nombramiento de Enrique Ramírez, ha sido saludado por el
empresariado, líderes de opinión y economistas, el Banreservas aguarda por
mejoras que un profesional del sector bancario con su experiencia y
conocimientos puede producir sin traumas.
Carlos Amarante Baret se esperaba desde el
inicio del mandato en una de las posiciones ministeriales de mayor relevancia,
y para que no tenga derecho a la queja, le han entregado la principal, no solo porque maneja el mayor de los
presupuestos, sino porque alrededor de ella están cifradas gran parte de las
expectativas que permitirán evaluar en el futuro el éxito o el fracaso de la
gestión de Danilo Medina, ha mostrado gerencia, sabe que se juega su futuro
político y está comprometido hasta los tuéstanos con el proyecto que encarna el
actual presidente, es consciente de que solo tiene una opción, la de fajarse de
campana a campana a hacerlo bien.
Gedeón Santos tiene una excelente entrada
al tren gubernamental, su capacidad y
sus méritos también son ministeriales, antes de que Danilo Medina concluya su
periodo debe ser designado como canciller de la República, pero tiene en el
Indotel la oportunidad de probar capacidad administrativa, es un expositor
exquisito, pero él más que nadie sabe que la sociedad clama por líderes que
puedan reconocerse por sus hechos.
Los que conocen a Joaquín Domínguez Peña,
hablan de una persona competente y comprometida, con potencialidad para
transformar el caos en que devino el CEA.
Pero con el mismo entusiasmo con el que
saludo esos cambios repruebo dos ocurrencias
que las considero como fiascos, la primera fue la del informe presentado
por la comisión de la Cámara de Diputados integrada para investigar las
diferencias a lo interno de la Junta Central Electoral, un monumento a la irresponsabilidad.
Concluyeron planteando que no había sido
grave que un miembro titular de la JCE inventara una infamia que ha servido
para construir un expediente contra la República Dominicana, o que sin
autorización del pleno de su institución participe en una actividad
internacional contraria a los interés del Estado dominicano, haciéndolo partícipe de
una convención que no ha sido refrendada por el Congreso.
Lo otro ha sido la designación de una comisión de
veeduría creada por el ministerio de la
Presidencia para mostrar pulcritud en sus compras, dejando la percepción de que los mecanismos
institucionales de lo que dispone el gobierno no son confiables, que la
Comisión de Etica que opera que cada institución, Compras y Contrataciones y
Contraloría son inservibles, y si el Gobierno no confía en él, la sociedad
menos.