“Mil trescientos
treinta y cinco medicamentos falsificados fueron decomisados en Moca, provincia
Espaillat, por miembros de la Policía y representantes de Salud Pública,
durante una requisa auna farmacia
clandestina que aparentaba ser un repuesto de vehículos.
“El decomiso fue
realizado en la carretera que conduce de Moca hacia Las Lagunas, en el taller de repuestos Ramos, donde venden y
reparan vehículos, según un informe de la oficina de relaciones públicas de la
Policía”.
Los párrafos anteriores
corresponden a una información publicada recientemente por un periódico local.
Otras historias
parecidas se han divulgado en numerosas ocasiones, como si se tratara de cosas
de poca monta, no así la gravedad que implica poner en la ruta de la
muerte a la inocente población que está
a merced de mentes criminales.
El Ministerio de Salud
Pública debe tener archivados varios procesos relacionados con el cierre de
farmacias y de laboratorios clandestinos donde se venden y fabrican
medicamentos que llevan el sello de empresas que están registradas legalmente.
Obvio, se trata de
vulgares falsificaciones encaminadas por personas inescrupulosas que actúan
libremente en complicidad de terceros que conocen perfectamente de esas
ilícitas operaciones y tienen muy buenas conexiones.
Hace unos seis años, un
amigo que trabajaba como ejecutivo en una reputada empresa procesadora de
fármacos me entregó un documento en el que se hacía una reseña amplia sobre
productos farmacéuticos alterados en cuanto a sus componentes, que se vendían
en algunas farmacias del país. El tema fue debatido en un seminario efectuado
en Guatemala, con delegaciones de diferentes países latinoamericanos, y de allí salieron a relucir los tecnicismos
utilizados por los falsificadores para la alteración de los elementos químicos
legales que contenían esas medicinas.
No tengo las pruebas a
manos, pero me atrevería a apostar que todavía operan farmacias clandestinas, al
igual que los laboratorios. Varios de esos negocios operan en barrios
marginados de la capital y de ciudades del interior.
Quienes están
involucrados en esa repudiable práctica cuentan con potentes recursos
económicos para obtener maquinarias y equipos modernos empleados en la
fabricación de fármacos ilegales en perjuicio de los usuarios, que pocas veces
leen las etiquetas de los recipientes para asesorarse del contenido, sobre todo
si están o no vencidos.
La gente acude a las
farmacias a comprar medicamentos indicados por los médicos, confiados en que
esas mercancías ayudarán a sanarla y por eso los ingieren ciegamente, no
sabiendo que en determinadas ocasiones están consumiendo basuras.
Son tan ingeniosos los
falsificadores que cuentan con imprentas modernas para la confección de
etiquetas que se confunden con las que usan los laboratorios registrados
legalmente. Es tan cierta esta realidad, que cuando uno asiste a una farmacia a
comprar un medicamento, el empleado pregunta “de cuál laboratorio”. Es decir,
dependiendo del fabricante, el producto se venderá a precios distintos debido a
que, eso dicen, todo dependerá de la calidad de los ingredientes. Otra
modalidad de falsear productos medicinales.
Y para colmo, muchos negocios
legales venden mercancías de dudosa calidad, según lo han comprobado las
autoridades en allanamientos realizados en diferentes puestos de venda del
país, lo que hace más crítica la situación.
Numerosas farmacias ilegales
son instaladas a través de licencias complacientes obtenidas al amparo del
clientelismo político y sin reunir las condiciones para ese tipo de actividad, procedimiento
que se ha convertido en un gran desorden.
