<b>El dilema es si para proteger la seguridad del
ciudadano vale violentar sus derechos. Es lo que ha puesto en debate la
decisión del contratista de la agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
(NSA) que ha filtrado a dos medios de comunicación detalles secretos del
programa de vigilancia para combatir el terrorismo. </b>
La vigilancia electrónica es un recurso al que
acuden los gobiernos y grandes empresas. Las empresas vigilan a sus empleados a
través de las redes telefónicas y de internet. Lo mismo hacen los gobiernos.
En teoría ese tipo de acto es ilegal, pero en los
hechos se permite que se construyan equipos sofisticados para la vigilancia electrónica.
No existe un país exento de esas prácticas, a la que recurren también grupos
mafiosos y bandas criminales para sus fines delincuenciales.
El caso de Edward Snowden es patético. Su denuncia tiene un elemento que pone en el tapete dos elementos claves. Uno el derecho de los ciudadanos a no ser espiados ni vigilados, menos por vía electrónica. Y el segundo, el deber del Estado de violentar tales derechos para garantizar la seguridad de esos ciudadanos ante aquellos que pudieran estar conspirando contra la misma.
El caso de Snowden generará un debate que habrá de sincerizar a las partes, al ciudadano y al Estado, este porque deberá reconocer no solo que usa tales recursos, sino que habrá de defender la necesidad de seguir usándolo. El ciudadano, deberá entonces pedir al Estado que desista de su práctica y lo deje a merced de quienes podrían hacer uso de la tecnología para atentar contra su propia seguridad.
Un funcionario de inteligencia estadounidense de
alto rango dijo a Reuters que se ha puesto en marcha una investigación sobre las
declaraciones de Edward Snowden sobre detalles de la recopilación de llamadas
telefónicas y datos de internet de grandes empresas como Google y Facebook.
Las revelaciones han generado un fuerte debate sobre
el equilibrio entre los derechos a la privacidad de los estadounidenses y las
medidas de seguridad nacional, en especial las desarrolladas tras los ataques
del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y sobre si hay un control
adecuado de esas medidas.
Miembros del Congreso serán asesorados esta semana
sobre los programas de seguridad por funcionarios de inteligencia y seguridad. Los legisladores prometieron un debate público y
esfuerzos para ajustar las leyes sobre vigilancia por parte del Gobierno
estadounidense.