<p class="MsoNormal"><b>El
presidente del partido Alianza por la Democracia (APD), doctor Max Puig,
deploró que la Junta Central Electoral (JCE) despoje de los derechos de
ciudadanía a miles de dominicanos que ahora están impedidos de trabajar,
estudiar y viajar.</b>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Puig
dijo que recientemente se le acercó un hombre de 40 años que se hizo
profesional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y le reveló que
cuando trató de obtener un pasaporte para viajar al exterior, en la Oficialía
del Registro Civil le informaron que su acta de nacimiento estaba suspendida
porque su padre era un inmigrante ilegal.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El
dirigente político consideró que ese tipo de acción es ilegal e inhumana, a tal
punto que ha provocado un conflicto entre los jueces de la JCE.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Puig
manifestó que el conflicto entre los jueces no es tan importante para el país
como la solución y entrega de la documentación a miles de dominicanos que han
sido despojados o que se les niega su inscripción en el Registro Civil.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Entrevistado
por Manuel Jiménez y Felipe Ciprian en “Propuesta de la noche” que se transmite
por Digital 15 de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche, el líder de la APD
indicó que el presidente de la JCE ha dicho que no son decenas de miles los afectados
con “suspensiones de actas”, pero a su juicio “el documento no se puede negar a
un solo dominicano”.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Durante
la entrevista Puig también se refirió al proyecto de Ley de Partidos Políticos,
y acusó a los tres grandes partidos (PRSC, PLD y PRD) de boicotear su
aprobación.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">“Los
proyectos de reforma tienen 14 años en las cámaras legislativas y no se
aprueban porque los partidos no quieren”, apuntó el ex senador por Puerto
Plata.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Con
relación a la negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
otorgar licencia ambiental a Falcondo para extraer minerales en loma Miranda, Puig
la respaldó tras considerar que el ecosistema de la isla es muy vulnerable y
puede afectar la vida de más de 20 millones de personas.<u><o:p></o:p></u></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">“Es un
problema costo-beneficio”, expresó Puig para referirse a que cualquier
explotación minera que ponga en peligro la agricultura, la flora y la fauna de
una región no se justifica que se haga.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD"> </span>