<b>La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), depositó
este lunes por ante el Tribunal Constitucional, una acción de
inconstitucionalidad, en contra de una resolución de diciembre del 2012 de la
Junta Central Electoral, "que dispone el cobro excesivo y exorbitante por la
expedición de los actos del estado civil y otros documentos; tales como las actas
de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, la cédula de
identidad, entre otros servicios".</b>
La instancia de inconstitucionalidad suscrita y
firmada en calidad de abogados y representantes de la fundación por los
juristas Marte Piantini y Trajano Potentini, procura además de anular la norma
violatoria a la constitución y sus principios, el suspender en lo inmediato como
medida cautelar y precautoria el cobro ilegal de impuestos percibido por la
Junta Central Electoral (JCE), por concepto de la expedición de los diferentes
actos y documentos manejados por la junta.
Potentini, deploró
que la Junta Central Electoral este violando las leyes y la constitución, al
establecer impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedición de
documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la
población, en una franca y abierta negación y violación a los derechos
fundamentales de las personas.
La fundación lamentó que el concepto y alcance de las tasas haya sido
prostituido en la República Dominicana, no solo por la Junta Central Electoral,
sino además por otras tantas instituciones, entre las cuales y a título de una
pequeña muestra podemos citar: ONAPI, Pasaporte, Migración y finalmente también
en el ámbito del Poder Judicial, encareciendo, imposibilitando y violando el
derecho fundamental de acceso a la justicia de que deben gozar todos los
ciudadanos.
Para la entidad de sociedad civil, ha sido notorio y recurrente el
irracional y descomunal aumento, perpetrado por la junta, año tras año sobre
los precios supuestamente de tasas por servicios, en principio cobrados como
tasas, y ya en la actualidad desvirtuado y convertidos en impuestos en
violación a la constitución y a las leyes, cuyos aumentos se expresan en muchos
casos, desde el 2007 a la fecha, en más de un mil por ciento sin parámetro
alguno que justifique tal barbaridad.
Todo parece indicar que la ambición desmedida de lucro y más presupuesto
de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, los han llevado a
desnaturalizar las funciones de la entidad estatal, al pasar a ser de una
institución de servicios a una entidad y maquinaria despiadada de recaudación.
Para Justicia y Transparencia la única y desafortunada justificación
ante los despropósitos de esta resolución, los encuentra en el estilo de vida que
llevan los funcionarios de la junta, en especial sus miembros titulares, con
sueldos brutos y otros beneficios marginales que hoy día superan con creces el
medio millón de pesos por cabeza, además de jeepetas de lujos de alto
cilindraje, seguro médico internacional con un coste de varios millones de
pesos al año, viajes al exterior, dietas y excesivos gastos de representación,
entre otros privilegios.
También es relevante desde la óptica constitucional, la violación a
los derechos fundamentales de las personas, sobre todo por el carácter
instrumental que tiene el acceso a los servicios de la Junta Central Electoral
para todo el pueblo dominicano, al tratarse de documentos vitales, necesarios e
indispensables para el diario vivir de los dominicanos, el nacimiento, el
matrimonio, el divorcio, la defunción, la cédula de identidad y
consecuentemente todo lo que de ello se derive.
Asimismo la entidad
deploró que cualquiera de los actos del estado civil, y la expedición de otros documentos,
unos 129 servicios conforme el tarifario de la junta, les cuesten a los
dominicanos entre 300 y hasta 25,000 pesos, además de plazos muy breve para la
vigencia o fecha de caducidad de los mismos, recaudando así todos los años, cifras
superiores a los 1,000 millones de pesos, bajo el erróneo y malsano alegato, de
que se trata de tasas y no de impuestos, en desconocimiento de que las tasas
deben guardar proporción y relación en su costo, con el servicio prestado,
procurando estrictamente la sostenibilidad de los mismos, nunca sumas que
sobrepasen desproporcionalmente esas expectativas.