Temístocles Montas, un potencial precandidato presidencial para las elecciones del 2016 en el seno del PLD, analizó las razones por la cual la economía dominicana genera desigualdad.
Dijo que esa desigualdad se debe a que modelo de crecimiento está fundado en el turismo y zonas
francas que solo mejoran la situación socioeconómica en los territorios donde
se concentra la inversión pública y privada.
Montás
expresó durante una conferencia en Santiago que si bien República Dominicana y América Latina han logrado la
cohesión nacional, aun no hay cohesión social porque no es posible lograrla sin
consolidar una armonía en la inversión territorial.
Al
comentar una conferencia del ingeniero Otto Granados, director del Instituto de
Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey, México, dictada en
Santiago la noche del martes, Montás planteó que “las regiones que no han sido
favorecidas por el modelo de desarrollo económico focalizado en el turismo, los
servicios y las zonas francas, y por las inversiones del sector público y
privado, se han convertido en focos concentradores de pobreza en general, y de
pobreza extrema en particular”.
Afirmó que el ingreso per cápita
según el territorio es en el Distrito Nacional de 16,119.3 pesos, al que le sigue la provincia La
Altagracia, con 8,879.0 pesos per cápita, y luego Santiago 8,415.8.
“Todo esto está asociado al hecho de que esos
son los lugares donde en gran medida ha ejercido impacto el modelo económico
que hemos tenido en la República Dominicana de turismo, zonas francas y
servicios”, apuntó Montás, según una nota de la Unidad de Comunicaciones del
Ministerio de Economía.
El funcionario dijo que los habitantes de la
provincia La Altagracia tienen más ingresos per cápita que Santiago, pero que son
las provincias turísticas como La Romana, que tiene un ingreso per cápita de
7,920 pesos, Puerto Plata, Samaná, los lugares donde se ha concentrado el
modelo económico, son los que exhiben mejor comportamiento.
Recordó que otro factor donde se puede observar
el desequilibrio es en el porcentaje de población que vive en pobreza, que es
de 41%, pero los territorios donde no va la inversión que privilegia el modelo,
están por encima del promedio nacional.
Montás informó que las provincias que viven por
debajo del promedio nacional son el Distrito Nacional con un 23.7% de población
pobre, Santiago con 34.2% y La Altagracia 30.4%, “lo que significa que de
alguna manera en los lugares donde se ha concentrado el modelo de desarrollo
económico de la República Dominicana, la situación social es muy diferente a lo
que ha ocurrido en otras provincias del país”.
La actividad fue celebrada en el Centro León en
el marco del VI Conversatorio “Santiago para Pensar” que auspicia la oficina
del senador Julio César Valentín, en la que intervino, además, el empresario
Felix García.
Explicó que existen dos factores condicionantes
del desarrollo o la pobreza en el territorio son que son “el potencial para el
desarrollo productivo y la productividad” de un lado y el gasto en inversión (pública
o privada) que se realice en el territorio.
Sostuvo Montás que en República Dominicana, el territorio
presenta distintos niveles de productividad, siendo alta en los valles de la
cordillera Central y septentrional y llanuras costeras del Caribe, media en la
llanura oriental y el área del piedemonte de la cordillera central, zona baja
de la cordilleras septentrional y central, en la región noreste y en las zonas
serranas de San Juan y Baoruco, y limitada en zonas de a cordilleras Central,
Septentrional y Oriental y serranas correspondientes a Baouco y Neiba, entre
otras.
Señaló que el origen de esas
disparidades está en el uso (adecuado o inadecuado) que se realiza de los
suelos y al nivel de dotación de suelos productivos, que varía de territorio a
territorio.
Frente a esta realidad, Montás
admitió que hay “poca transparencia en el flujo de recursos entre gobierno central
y gobiernos locales” lo que ejemplifica con el incumplimiento de la ley que establece
que 10% de los ingresos corrientes debe dirigirse a los ayuntamientos pero no
se ha cumplido.
Igualmente el ministro agregó
que la mayor parte de los municipios tiene deudas asociadas al pago del
alumbrado público y en los últimos años el asfaltado de calles ha sido una
labor compartida, pero mayormente ejecutado por el gobierno central.
Afirmó
que con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 en
República Dominicana hay un acercamiento para abordar la compleja situación de
las disparidades regionales y municipales fundamentado en el enfoque de la
nueva ruralidad y en el manejo de varios instrumentos que buscan el traspaso de
competencia a los gobiernos locales con el objetivo de “integrar la dimensión
de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas”.
Montás
definió ese objetivo como alcanzable si se siguen siete líneas de acción de la
Estrategia, pero esencialmente las relativas a la disposición de “diseñar e
implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que facilite la gestión
integral de riesgos, regule el uso del suelo e incentive el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a partir de las potencialidades que
presentan las grandes regiones estratégicas de planificación del desarrollo”.
Además, consideró esencial que
se cumpla con el dispositivo que ordena “establecer un Fondo de Cohesión
Territorial para promover el co-financiamiento entre gobierno central y
gobiernos locales de proyectos de inversión pública, con énfasis en los
municipios más deprimidos”.
“Entiendo que para revertir la
tendencia a que el señor Otto Granados hiciera en su exposición, en especial la
relativa a la disputa por los recursos financieros limitados y a la
concentración del actividades en unos pocos centros urbanos, se hace necesario que el gobierno central
trabaje de manera muy estrecha con los gobiernos locales”, puntualizó Montás.
Recordó que la Estrategia señala
como lineamiento estratégico “impulsar el desarrollo local, provincial y
regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y
gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la
coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos
locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales”.
<b>
Recomendaciones
</b>
Para Montás, revertir esa realidad implica fortalecer
las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos
locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articulada con el
gobierno central.
Asimismo, “transferir
gradualmente a los municipios las competencias, recursos y funciones tributarias para mejorar la oportunidad y
calidad de los bienes y servicios públicos prestados a los munícipes”, a la vez
que se identifican y resuelven los conflictos de competencias y atribuciones entre
autoridades municipales y centrales.
“Se hace necesario…Incrementar
las sinergias gobierno central –gobiernos municipales, la transferencias de
nuevas competencias y las delegación de funciones que eventualmente pudiese
realizar el gobierno central hacia los gobiernos locales”, recomendó Montás.