En este ocho de marzo, la Colectiva Mujer y Salud y el CIPAF reconocen los avances que hemos tenido las mujeres dominicanas fruto de la lucha tenaz y persistentes de muchas mujeres a través de la historia. Los mismos se expresan en la ampliación de derechos en el ámbito civil, político, social y económico.
Sin embargo, enfrentamos grandes desafíos para disfrutar de una ciudadanía plena, por lo que apoyamos las demandas que desde hace tiempo viene planteando el Foro Feminista en orden a:
Exigir un mayor compromiso de las autoridades dirigidos a disminuir las brechas en el empleo entre hombres y mujeres,
Impulsar políticas de construcción de viviendas y acceso a servicios básicos focalizados en mujeres pobres y mujeres jefas de hogar.
Tomar medidas para asegurar la conciliación entre las responsabilidades familiares y las obligaciones laborales por parte de las mujeres.
Poner en marcha el mandato constitucional de responsabilidad compartida del trabajo doméstico y el cuidado de los/as hijos/as entre hombres y mujeres.
Asignar los recursos necesarios en el presupuesto del Estado para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
La aprobación y aplicación efectiva de la Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.
Fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y castigo del abuso y la explotación sexual comercial de niños y niñas y del maltrato físico, abuso sexual y violencia de todo género contra niños, niñas y adolescentes.
Establecer medidas urgentes para reducir la tasa de mortalidad materna a los niveles establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los 90 días de gestación, cuando sea el resultado de una violación sexual, ponga en peligro la salud y la vida de la mujer, o el embarazo sea resultado de una fecundación humana no consentida.
Garantizar la paridad de género en los espacios de poder y toma de decisión en consonancia con el artículo 39 de la Constitución, que establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres y la obligación del Estado en promover la participación equilibrada de ambos en las instancias estatales.
Garantizar en la modificación al Código Civil Dominicano el matrimonio igualitario, libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo mediante la incorporación en el Código de Trabajo de las estipulaciones necesarias para la protección de la población homosexual, transexual y bisexual, evitando la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral y estableciendo mecanismos de sanción a la discriminación.
Educación sexual en las escuelas, científica, laica y de calidad y eliminar el trato discriminatorio contra las adolescentes embarazadas en las escuelas, prohibiendo la separación de las adolescentes embarazadas del sistema educativo o su cambio obligatorio de tanda educativa.
Dotar la política pública nacional de promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación de enfoque de igualdad de género como una estrategia para aumentar los niveles de competitividad de las mujeres en el mercado laboral en el ámbito de la información y el conocimiento.
Mejorar el acceso de la mujer dominicana a las TICs como medio para la superación de la brecha digital entre hombres y mujeres en el uso de las mismas.
Incorporar la perspectiva de género en el marco jurídico medio-ambiental nacional y en las políticas y planes medio-ambientales.
Incluir acciones dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer migrante haitiana, especialmente las tratadas y traficadas, en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros contemplado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración, entre 2011 -2013.
Encaminar políticas dirigidas a garantizar a la población discapacitada, y a las mujeres en específico, servicios de salud especializados y medicamentos a bajo costo. Ofrecer servicios de atención y apoyo a mujeres discapacitadas que necesiten de cuidado a largo plazo.
Encaminar políticas dirigidas a la construcción de viviendas digna, adaptadas a las necesidades particulares de las personas con discapacidad, con énfasis en el acceso de las mujeres y jefas de hogar a las mismas.