Tengo el honor de presentarme, ante esta honorable
Asamblea y ante el pueblo dominicano, en ocasión de la celebración del día de
nuestra independencia patria, para realizar mi primera rendición de cuentas
como Presidente de la República Dominicana.
Esta es una ocasión solemne que me honra especialmente
realizar este año, en que celebramos el bicentenario del nacimiento de Juan
Pablo Duarte, libertador de nuestra tierra, ejemplo e inspiración de todos
los dominicanos.
Además, mi honor es doble, porque hoy exactamente, a esta
misma hora, en 1963 asumió el poder el Profesor Juan Bosch mi mentor, maestro y
líder. Por lo que, hoy, también celebramos el 50 aniversario del primer
presidente libremente elegido, después de la dictadura, por el pueblo
dominicano.
Un hombre que con su ejemplo, conducta y carácter se
convirtió en el paradigma moral de la historia contemporánea de nuestro país.
El amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado
junto al profesor Juan Bosch, es la energía incansable que, incluso en los
momentos más difíciles, me impulsa a seguir trabajando y luchando siempre por
nuestra gente. Ahora, desde la Presidencia de la República, tengo el honor y la
satisfacción de poder servir a este país que siento en mi corazón.
Y las acciones que realizamos cada día, pueden estar
seguros, no son otra cosa que el fruto de mi compromiso con el país.
Señores legisladores,
Hoy, tras haber depositado las memorias de labores de
todas las instituciones del Estado correspondientes al año 2012, estoy de nuevo
ante ustedes y ante nuestro pueblo para rendir cuentas sobre los avances
alcanzados y compartir con mis conciudadanos algunas de las tareas y propósitos
que hemos emprendido desde el 16 de agosto pasado.
Aun nos queda mucho camino por recorrer juntos, pues
ningún programa de gobierno se completa en 6 meses. Pero ya puedo hablarles de
un gran número de acciones que se han realizado, de otras que están en marcha y
de algunas que no han comenzado, pero ya tienen fecha de inicio y pronto se
harán realidad.
Amigos y amigas,
El rumbo que nos trazamos desde el principio es claro y
no ha cambiado. Las personas, el pueblo dominicano, son el centro de todas las
políticas. Partiendo de ese rumbo claro, pusimos como primera prioridad de
nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esa es nuestra
meta inmediata más importante y la condición
sin la cual todas las demás
políticas y proyectos no tendrán sentido.
Veamos ahora en qué se ha traducido esa intención de que
las personas sean el centro de todas las políticas.
En primer lugar, se ha traducido en presupuesto, en
asignación de recursos. Hemos diseñado un presupuesto anual en línea con las
metas del programa de gobierno, que se traducirá en mejores servicios y
atención a las personas. Dicho de otra forma, estamos invirtiendo en nuestra
gente como nunca antes.
Eso tiene amplias implicaciones, algunas de ellas las
conoce muy bien el pueblo dominicano.
Significa, en primer lugar, que hemos cumplido el
compromiso de asignar al menos el 4% del PIB para la educación preuniversitaria
y elevar la asignación para la educación superior. Y con ello se persiguen dos
fines al mismo tiemp cumplir lo que manda la ley, que es el más sagrado deber
de todo gobernante, y empezar a enderezar el rumbo de nuestra educación, tan
mal calificada por las evaluaciones internacionales.
Hoy, puedo decir con orgullo y satisfacción que la vieja
aspiración de la sociedad dominicana, de que se asigne el 4% del PIB a formar a
sus hijos, es una realidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a
nuestro pueblo por este logro, que nos pertenece a todos.
Ahora estamos concentrando nuestro empeño en asegurar que
esos mayores recursos se usen para tener impactos tangibles sobre la calidad,
equidad y cobertura de nuestro sistema
educativo y evitar que sean absorbidos por la ineficiencia o cualquier práctica
incorrecta.
Estamos ante una oportunidad pocas veces vista en nuestra
historia para impulsar una verdadera transformación del sistema educativo.
Parte de esa transformación es también la puesta en
marcha del más ambicioso Plan nacional de alfabetización de nuestra historia:
“Quisqueya Aprende Contigo”. Un esfuerzo de todo el país que hará posible que
más de 850 mil jóvenes y adultos tengan la oportunidad, en los próximos dos
años, de integrarse al sistema educativo y hacer realidad su derecho a la
educación.
El pasado 16 de agosto les prometí que el plan se
iniciaría el 7 de enero. Hoy, 40 días más tarde, hay 100 mil personas que
acuden a sus núcleos de aprendizaje, en todo el territorio nacional, y
alrededor de 7 mil alfabetizadores voluntarios los orientan en su formación. Al
concluir el año habremos logrado incorporar al menos medio millón de personas
analfabetas, con más de 30 mil alfabetizadores.
Expreso mi reconocimiento a todos los entes
gubernamentales, los senadores, diputados, autoridades municipales,
universitarios, dirigentes de organizaciones de la sociedad, autoridades
religiosas, a la cooperación internacional y a todos quienes con su esfuerzo
están haciendo realidad esta hermosa gesta nacional.
Pocas veces hemos vivido una iniciativa tan plural y
unitaria. Estamos mostrando que juntos podemos lograr metas que parecían
imposibles. Exhorto a nuestra juventud a continuar incorporándose como
voluntarios.
Invito a todos los jóvenes o adultos no alfabetizados a
dar un paso adelante, a aprovechar esta oportunidad única para una vida mejor
para su familia y su comunidad. Ustedes son los verdaderos héroes, y así los
reconoce la sociedad.
Todos, unidos, vamos tejiendo las redes de solidaridad
que cubren cada rincón de nuestra patria. Ahora es la oportunidad. Que ninguna
persona se quede sin aprovecharla.
Quiero anunciar también que, en pocos días, presentaremos
al país otro importante Plan Nacional, esta vez destinado a proteger nuestro
bien más preciad nuestros niños y niñas.
Vamos a ampliar considerablemente la cobertura y
protección de la infancia de cero a 5 años, para acompañar y apoyar a las
familias en el desarrollo de sus hijos durante esa etapa crucial de la vida. Queremos
asegurarles atención integral, incluyendo protección, nutrición, salud,
educación, afecto y estimulación psicomotora,
que les permitan desarrollar todas sus capacidades. Vamos a impulsar una nueva
generación de dominicanos y dominicanas.
Ellos son hoy la felicidad de nuestros hogares y serán
mañana quienes llevarán sobre sus hombros a la nueva República Dominicana. En
el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos
100 Centros Comunitarios y sus redes familiares.
Al concluir el actual periodo gubernamental, contaremos
con 330 estancias infantiles y mil 100
Centros Comunitarios con sus redes familiares, que atenderán a 426 mil familias
y 528 mil niños menores de 5 años. Esto será más de 5 veces la capacidad
acumulada en toda la historia del país.
Simultáneamente ampliaremos, en este periodo, la disponibilidad
de educación pre- primaria hasta más del 90% de los niños de 5 años de edad, lo
que significa sumar casi 200 mil niños al sistema educativo.
Con el impulso entusiasta del despacho de la Primera Dama
de la República, estamos desarrollando una red de 5 Centros de Atención
Integral para niños de 0 a 10 años con discapacidades, en diversas regiones del
país. El primero de ellos ya se está construyendo e iniciará su funcionamiento
este mismo año, respondiendo así a una necesidad muy sentida de nuestra
sociedad.
Hemos comenzado a implementar también otro de nuestro principales
compromisos con la educación: me refiero a la tanda extendida. A la fecha, más
de 33 mil alumnos ya se han incorporado a ese sistema con éxito, y nuestro
objetivo es que el próximo agosto esa cifra ascienda a 200 mil.
Para que el proyecto fuera posible, se decidió duplicar
el presupuesto destinado a alimentación escolar. Concretamente, dicho
presupuesto para este año será de casi 6 mil millones de pesos, lo que hará
posible, no solo sumar a los nuevos alumnos de la tanda extendida que recibirán
desayuno y almuerzo, sino también incrementar la calidad de raciones
alimenticias.
Esto va a permitir que cerca de un millón y medio de
niños y adolescentes del nivel inicial y básico, reciban una alimentación en el
desayuno adecuada a los estándares internacionales, establecidos por el
Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas.
Paralelamente, se puso en marcha la construcción de
10.000 aulas y sus respectivas cocinas y comedores. Esta iniciativa de
edificaciones escolares, señoras y señores, no solo es pionera por el número de
obras que se van a realizar en un año, sino también porque, por primera vez, la
asignación se realizó mediante sorteos públicos, abiertos y transparentes, que
han beneficiado con contratos a 919 ingenieros de toda la geografía nacional. Y
a ninguno de ellos se le preguntó el color de su partido.
Muchos de esos hombres y mujeres nunca antes habían
recibido una obra del Estado y eso ha significado un gran cambio en sus
vidas.
Es importante hablar de las cocinas y comedores, si me
permiten el paréntesis, porque esas instalaciones garantizan la salubridad de
la alimentación y la dignidad de nuestros hijos, al recibir su comida en
lugares bien acondicionados.
De la misma forma, el programa de alimentación escolar se
está esforzando en comprar los insumos a nuestros productores y en promover la
asociación y participación de las familias, contratando mano de obra local;
porque no solo es una forma de darles una dieta saludable a nuestros niños,
sino también la manera de apoyar los ingresos de sus padres y madres.
El programa se completará en fechas próximas con la
elección del “Pupitre dominicano”. El concurso que convocó el gobierno ha
recibido ya alrededor de 480 propuestas que pronto serán evaluadas para
anunciar el ganador. Podemos decir, con mucho orgullo, que las próximas
generaciones estudiarán en un pupitre diseñado y producido por manos
dominicanas.
También, se abrieron las puertas del colegio Comunitario Tecnológico
en San Luís, obra que fue finalizada por la administración anterior, para
fortalecer la formación técnica y profesional de la juventud.
Nuestro compromiso con la gente se refleja, no solo en
educación, sino también en forma de programas de apoyo directo a las familias
que más nos necesitan.
Por poner solo un ejemplo, en los últimos meses 15 mil
nuevas familias se integraron al programa Progresando con Solidaridad, que dirige
la Vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño de Fernández. El
programa ahora incluye también orientación permanente, a través de visitas
domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado. De esta forma, se
acompaña a los participantes en su proceso de desarrollo durante al menos dos
años, con el objetivo de abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
Dominicanos y dominicanas,
Si bien nuestro primer compromiso es con los que menos
tienen, y avanzar hacia una Quisqueya sin Miseria, también estamos
fortaleciendo a la clase media, clave para mejorar la calidad de vida,
garantizar la expansión del mercado interno y la estabilidad política y
social.
Sabemos que una parte importante de nuestras clases
medias mantienen un equilibrio precario entre sus ingresos y sus gastos. Contribuyen,
significativamente, con el pago de sus impuestos y, sin embargo,
tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios públicos de calidad y han
debido cargarlos a su presupuesto familiar.
En definitiva, se han visto obligados a buscar soluciones
individuales a necesidades que deberían ser cubiertas por el sistema
público.
Para darles respuesta, hemos comenzado por elevar la eficacia
del gasto público y garantizar que hasta el último centavo del dinero público
se destinará a satisfacer las necesidades de la gente y a ofrecer servicios
públicos de calidad, que alivien la carga que actualmente soportan las familias
de clase media.
Lo más importante es garantizar a los ciudadanos que el
Estado está para servirles. Estamos iniciando un nuevo esquema de gestión de
las finanzas públicas, con la seguridad de que vamos a evitar gastos
innecesarios e irracionales. Todo esto es fundamental para hacer que los
dominicanos y dominicanas se sientan identificados con su Estado, que lo
perciban como algo suyo, porque contribuye a satisfacer sus necesidades.
En definitiva, es nuestra forma de dar ejemplo y mostrar
con resultados que financiar al Estado no es botar el dinero.
La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en
los servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando.
Quiero compartirles un solo dato que resume los
resultados del complejo trabajo de reestructuración de la atención primaria y
especializada que está realizando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social: En estos seis meses hemos duplicado el total de servicios prestados a
la población a través de la red pública de salud.
En el presente año pondremos en funcionamiento 70 nuevas
Unidades de Atención Primaria y 19 Centros de Diagnóstico del primer nivel, con
una inversión de alrededor de 200 millones de pesos.
Estamos en proceso de remodelar y ampliar, con más de 300
camas, la Ciudad Sanitaria Luís Eduardo Aybar, antes conocida como hospital
Morgan, para materno infantil, para quemados e internamiento general.
En la Ciudad de la Salud, en Villa Mella, obra que fue
concluida por la administración anterior, este año abriremos 150 camas
pediátricas, 150 camas de maternidad y 150 de hospital general, además de
inaugurar el nuevo hospital Oncológico en el Distrito Nacional, que también fue
concluido por la administración anterior.
Por otra parte, abriremos este año los pequeños
hospitales de Partido en Dajabón, Baytoa y Hato del Yaque en Santiago, y el de
Salinas en Barahona. Junto a estos, estamos invirtiendo en el mejoramiento de
la planta física y equipamiento de 16 hospitales adicionales.
Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad
materna e infantil también se ha plasmado en acciones concretas: Intensificamos
los servicios de urgencias obstétricas en los hospitales priorizados y se puso
en funcionamiento una nueva unidad de perinatología
en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, así como salas de cirugía
pediátrica en diferentes centros.
Nuestra meta es que no muera una madre, ni un solo
infante, por falta de atención adecuada.
Por otra parte, hemos eliminado los cobros a los
pacientes en 36 hospitales y, antes del final de este año, se eliminarán en la
gran mayoría de los centros de salud del país. El Estado ha dispuesto la
asignación de 400 millones de pesos para suplir lo que antes se cubría con esa
cuota.
Actualmente se está diseñando el Fondo para Enfermedades
de Alto Costo, o enfermedades catastróficas, que entrará en vigor este año.
Así, vamos a reducir el impacto negativo de los costos sanitarios en el
presupuesto de las familias pobres y de clase media. Ya se le han asignado 500
millones de pesos, los cuales serán progresivamente ampliados, al tiempo que se
desarrollan los mecanismos para asegurar su correcta administración y gestión,
mediante una coordinación entre el Ministerio de Salud y SENASA.
Junto a estas medidas, la centralización de compras de
medicamentos a través de PROMESE/CAL, contribuye a una mayor transparencia y a
que el acceso a la salud no sea un lujo, sino cada vez más un derecho de
nuestro pueblo.
Además, hemos avanzado en nuestro compromiso de tener, al
menos, una Farmacia del Pueblo en cada municipio del país. A la fecha ya se han
abierto 18 nuevas farmacias y está
previsto que este año abran sus puertas las 52 restantes para completar esta
promesa.
Simultáneamente, reitero el compromiso de nuestro
Gobierno para lograr que el Seguro Familiar de Salud ofrezca los mejores
estándares de calidad y atención sanitaria a la población. De esta forma,
contribuimos efectivamente a reducir la pesada carga de las atenciones de salud
en el presupuesto familiar.
Reitero, así mismo, nuestro compromiso de incluir a 1
millón 300 mil dominicanos más en el régimen subsidiado del Seguro Familiar de
Salud en el presente periodo y, en consonancia con esa decisión, este año
aumentamos su presupuesto en más de 23%, para acercarnos progresivamente a
nuestra meta.
Señores legisladores,
Invitados especiales,
Les dije que gobernaría para todos y todas, sin distinción
de colores partidarios, y así lo estoy haciendo.
Prueba de ello es el Plan Nacional de Asfaltado que lleva
a cabo el Ministerio de Obras Públicas desde nuestro primer día de gestión, en
coordinación con todos los municipios y distritos municipales del país,
independientemente del partido que los dirija.
Con todos ellos, el Ministerio se ha reunido para
escuchar sus necesidades de asfaltado y facilitarles material, combustible e
incluso maquinaria y mano de obra cuando la precisan, para asfaltar sus calles.
En todo el país estamos viendo como avanza esa labor y ya
se han rehabilitado 230 kilómetros de carreteras, calles y avenidas. Además, el
Ministerio está interviniendo en cerca de 1.500 kilómetros de carreteras y
caminos en todo el territorio Nacional.
Como saben, la construcción de viviendas populares es
otra iniciativa que impulsamos desde el primer día de gestión, con el objetivo
de garantizar un hogar digno a nuestras familias. En este sector, nuestro
trabajo se encamina en dos direcciones: por un lado, atendiendo los
requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo. Y por
otro, trabajando de la mano con el sector privado para hacer posible el acceso
al crédito y la construcción masiva de viviendas para las clases populares y
medias.
En lo que se refiere a las zonas de riesgo, en estos
meses hemos iniciado las gestiones para dar respuesta a este drama en dos de
las zonas que más han sufrido históricamente los efectos de los fenómenos
naturales. Me refiero a La comunidad de la Barquita y al área del lago
Enriquillo.
Del saneamiento del Lago se va a beneficiar toda la
región y, como parte del plan, está previsto que se reubique a 560 familias. Además,
el INDRHI tiene varios proyectos en marcha en la zona, a fin de controlar los
flujos de agua proveniente del río Yaque del Sur y conducirlos hacia el Mar
Caribe.A
su vez, las obras conexas en la cuenca baja de la zona del Sur impedirán que
las aguas del lago crezcan e inunden las comunidades.
Por su parte, la Comisión para la Readecuación de La
Barquita ya está trabajando en la zona. Fueron finalizados los estudios
hidrológicos y de suelo, así como el censo de los pobladores y sus viviendas. En
breve plazo se llamará a una licitación para el diseño del proyecto y, posteriormente,
se contratarán, mediante concursos públicos y competitivos las obras de
infraestructura.
Paralelamente, el Instituto Nacional de la Vivienda
mantiene el proceso de construcción de proyectos integrales de viviendas de
interés social y, desde agosto pasado hasta ahora, ha terminado mil ocho
unidades habitacionales, que fueron prácticamente concluidas en la
administración anterior, distribuidas en 12 municipios y 10 provincias del
país. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación pública internacional
la construcción de otras 800 viviendas adicionales, con financiamiento de la
Corporación Andina de Fomento y el Estado Dominicano.
En lo que se refiere a impulsar proyectos
público-privados, la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y Fideicomiso estará lista en los próximos 45 días para llamar a
licitación pública y contratar el diseño del proyecto Ciudad Juan Bosch, que
contempla la construcción de 35.000 viviendas en los próximos 7 años.
Para la ejecución del proyecto, el Estado aportará a un
fideicomiso cerca de 3 millones de metros cuadrados de terreno.
Por su parte, el sector privado, aportando sus propios
recursos, financiamiento de la banca y emisiones públicas que puedan ser
adquiridas por los fondos de pensiones, se encargará de la construcción.
Señoras y señores,
Por supuesto, no puedo seguir hablándoles de cuidar de la
gente sin referirme a la seguridad ciudadana.
Conozco y comparto, desde lo más profundo de mi corazón,
el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la
violencia y la delincuencia en nuestras calles.
Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos
para mejorar esta situación.
Hemos designado una comisión conformada por los Ministros
de Interior y Policía, Presidencia de la República, Procurador General de la
República y el Jefe de la Policía, para que trabajen en la presentación de un
plan de seguridad ciudadana.
Sin embargo, por su importancia y complejidad, este es un
asunto que debe ser tratado con total responsabilidad y en el que no hay
espacio para la improvisación.
Nuestro país ya ha pasado por diferentes experiencias que
no han dado los resultados esperados.
Teniendo esto en cuenta, los equipos de trabajo han
tenido que realizar una evaluación profunda de muchas variables hasta llegar a
una propuesta consensuada, sólida y que dé respuesta a las necesidades reales
del país.
Hoy quiero anunciarles que ese proceso culminó y que en
la segunda semana de marzo le estaremos presentando a la población el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana.
Una iniciativa integral, que deseamos se convierta en
política de Estado y que está diseñada para atacar de forma simultánea la
delincuencia y sus causas profundas.
También quiero anunciarles, particularmente a los
habitantes de la ciudad de Santo Domingo, que a partir del día 30 del próximo
mes de marzo, pondremos en operación la Segunda Línea del Metro, en su primera
etapa. Las inversiones finales se están realizando, pues mal haríamos en desaprovechar
un esfuerzo de tal magnitud.
Ahora quiero referirme también, a una iniciativa del Ministerio de Medio
Ambiente, que está reverdeciendo nuestro país. Solo en lo que va de gestión, se
han plantado en el país 5 millones 885 mil 998 plantas. Es decir, casi seis
millones de nuevos árboles se sumarán a nuestros bosques, priorizando las
cuencas de los ríos Yuna y Yaque del Sur, por su importancia para la producción
agrícola, energética y de agua para el consumo humano.
Además, en estos seis meses se ha dotado de centros de
protección y vigilancia a 5 parques nacionales adicionales, y para el final de
2013 está prevista la finalización de 12 nuevos Centros, para igual número de
Áreas Protegidas.
Distinguidos asambleístas,
Les prometí un diálogo permanente con el pueblo.
Les dije que regresaría a los lugares que visité durante
la campaña para cumplir con la palabra empeñada y que gobernaría siempre con el
oído en el corazón del pueblo.
Ese es el objetivo principal de las visitas que realizo
cada fin de semana a diferentes puntos del país. Mantener un diálogo permanente
y de tú a tú con el pueblo dominicano. Escuchar y dar respuesta a las demandas
reales que me plantean. Esa es la razón de ser del mandato Presidencial. Esa es
para mí la verdadera política, la que crece de abajo a arriba, como el fruto de
nuestra tierra.
Y en cada una de esas visitas, tengo siempre presente en
mi mente uno de los compromisos más importantes que he realizad la creación
de 400.000 nuevos puestos de trabajo dignos.
En esos encuentros semanales estamos abriendo puertas al
empleo. Estamos identificando, en cada región y en cada pueblo, las necesidades
de nuestra gente, pero también las oportunidades y los proyectos empresariales
y de economía solidaria que solo necesitan un poco de apoyo para salir
adelante. Quiero compartirles que cada una de esas visitas renueva mi esperanza
y mi fe en este país.
Hablo con las mujeres de la cooperativa la Estrella en
Bayaguana, con los productores de plátano y sorgo de Pedernales, con los de
jengibre, de dulce, de bambú, con los empresarios del sector turístico y
piens Esa es la Patria a la que deseamos servir.
¡Cuánto entusiasmo y energía muestran por sus proyectos,
que lo único que requieren es la mano amiga de un Estado que se preocupe por
ellos! Esa es la República Dominicana que debemos apoyar para seguir creciendo,
para hacer realidad nuestro sueño de un mejor país.
Y ya hemos dado grandes pasos, pueden estar seguros.
Fruto de esos encuentros y de la labor del Banco Agrícola
en todo el territorio nacional, el crédito agropecuario se ha reactivado y, con
él, la siembra en nuestros campos.
Les daré un ejempl Sólo con las visitas al Bajo Yuna y
a las provincias de Hato Mayor, Monte Plata y El Seibo se movilizaron créditos
que van a beneficiar a más de mil 500 productores y sus familias.
Somos conscientes de que el financiamiento al sector
agropecuario es clave para el desarrollo, por eso es y será siempre una de
nuestras prioridades fundamentales.
Entre agosto de 2012 y mediados de febrero, el Banco
Agrícola otorgó 12 mil 334 préstamos, por un monto total de más de 4 mil 300
millones de pesos, que están favoreciendo a 16 mil productores. La meta para el
final de este año es que el crédito se incremente en un 35%.
Además, la tasa de interés ha bajado 6 puntos
porcentuales, estamos adaptando los plazos a las necesidades de cada proyecto y
los trámites son más ágiles, para no dejar sin financiamiento a ningún
productor que lo necesite.
Por otra parte, la renegociación de la deuda con miles de
campesinos, les permitirá retomar la actividad productiva sin verse ahogados
por los préstamos. Este esfuerzo se traduce ya en la producción de más de 600
mil tareas de tierras agrícolas y ganaderas, además del desarrollo de otras
iniciativas, como la avicultura, apicultura e incluso la agroindustria.
Detrás de estos números está la gente.
Están, por ejemplo, los productores de mango de Baní, los
de cacao de Hato Mayor, Monte Plata y el Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla
de Vallejuelo, los de banano de Azua y muchos más que vamos conociendo en cada
visita. Estamos hablando de miles de hombres y mujeres que ahora pueden generar
empleo e ingresos a sus familias.
Es una auténtica revolución productiva en nuestros campos,
que está ocurriendo en un tiempo récord.
Estamos empeñados en reducir las desigualdades entre el
campo y la ciudad, que expulsan a nuestros trabajadores forzándolos a migrar a
las ciudades. Por eso impulsamos una política de desarrollo integral, que nos
permita generar empleo, ingresos y oportunidades en el campo y terminar, así,
con la pobreza rural.
El Ministerio de Agricultura está apoyando todos los
procesos con diferentes iniciativas y muchas de ellas ya están teniendo un
impacto importante, como la preparación de tierras para cultivos de ciclo
corto, la distribución de fertilizantes, cepas, plantas in vitro y semillas, el
control de plagas, la vacunación contra enfermedades del ganado y la
construcción de más de 700 huertos comunitarios.
Por otra parte, además, de la mejora de los caminos
rurales que ya mencioné, estamos contribuyendo a reducir el impacto de las
sequías con la perforación de 320 pozos tubulares y la construcción de más de
52 lagunas en las zonas ganaderas del país.
Es importante recordar que esta fuerte dinamización del
campo tiene también un notable impacto en el empleo temporal.
Miles de personas se ocupan, por ejemplo, de la
reparación de caminos y canales, transporte y distribución de materiales,
control de plagas, labores de poda, fertilización, aplicación de pesticidas,
etc.
Paralelamente, para facilitar el comercio de nuestros
productos a precios ventajosos, tanto para los productores como para la
población, estamos creando una red de mercados que ofrece servicios de
logística según estándares internacionales. Estamos poniendo en marcha el Merca
Santo Domingo, que es una obra que dejó finalizada la administración pasada, y pronto
iniciaremos la construcción del Merca Cibao en Santiago, así como una red de
nuevos mercados minoristas y un matadero regional en el Este.
Quiero mencionar también el proyecto de reconversión de
la agricultura en el Valle de San Juan, recientemente anunciado. Esta
iniciativa nos permitirá evolucionar de los cultivos tradicionales de escaso
valor hacia una agricultura mucho más rentable y competitiva.
Nuestro objetivo último es incrementar la producción de
los rubros más importantes de la canasta básica familiar, y garantizar así la
soberanía alimentaria del país, además de fomentar la exportación. En concreto,
este año se espera una cosecha de 10.6 millones de quintales de arroz, 962 mil
quintales de maíz, mas de 500 mil quintales de leguminosas, 6 millones de
quintales de raíces y tubérculos, y casi 9 millones de quintales de hortalizas.
Por su parte, al Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario (FEDA) se le asignó una partida extraordinaria de 125 millones de
pesos para el último cuatrimestre del 2012, y este año cuenta con mil millones
de pesos, lo que le ha permitido multiplicar su labor en las comunidades.
Ya ha llevado a más de 80.000 familias recursos para la
producción de alimentos y construcción de pequeñas obras de infraestructura
productiva, como invernaderos, apiarios, granjas de aves, estanques piscícolas,
etc.
De esta forma incorporamos a miles de familias de bajos
recursos a la actividad productiva y al
progreso.
De la misma forma, tanto el Ministerio de Obras Públicas
como el INDRHI y los organismos de agua potable trabajan sin descanso en la
recuperación de más de 3 mil kilómetros de zonas de riego, y en la mejora del
servicio de agua, como parte de un esfuerzo colectivo, para elevar las
condiciones de vida en las zonas rurales.
El INDRHI tiene obras en ejecución para este año por
valor de más de 5 mil millones de pesos. Mientras que La Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ejecutará alrededor de mil
quinientos millones más.
Solo en los últimos seis meses, la corporación ha logrado
incrementar el volumen de agua que diariamente recibe la población en 47
millones de galones, logrando beneficiar a casi 600 mil habitantes. En adición
ha terminado 27 proyectos más, que han mejorado el servicio de agua potable
para 1 millón 600 mil personas del Gran Santo Domingo.
Señoras y señores,
No puedo hablarles del desarrollo del campo sin referirme
a un asunto fundamental: La propiedad de la tierra. Sabemos que ese derecho a
la propiedad es el primer paso para alentar la producción.
Tenemos el firme compromiso de titular, a través de
la Comisión Permanente de Titulación de
Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales antes de que
finalice el primer semestre de este año. Además, vamos a entregar alrededor de
15 mil títulos adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir,
finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto permitirá a miles de familias poner fin a años de
incertidumbre, acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les
pertenece. La meta para los próximos 4 años es titular más de 150 mil inmuebles
entre terrenos agropecuarios y viviendas sociales.
Sin embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar el
gobierno en solitario. Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder
Judicial dominicano. Para que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el
fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la
simplificación de los procesos de titulación. Así, lograremos alcanzar con
éxito nuestras metas y garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria en la
República Dominicana.
Señoras y Señores
De esta forma, con todas estas medidas estamos, poco a
poco, cambiando el rostro del campo dominicano.
Y en paralelo con el desarrollo rural hemos seguido
impulsando la locomotora de nuestro crecimient
Me refiero al sector turístico.
En 2012, y a pesar
de las condiciones económicas adversas, nuestro sector turístico registró un
crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no residentes, lo que se
tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500 millones de dólares.
En los últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos
turísticos nuevos o que se han relanzado en el país. Eso da muestra de la buena
salud de nuestro sector, además de la confianza de los inversionistas.
Desde el gobierno estamos impulsando también proyectos
para reactivar el sector, como el relanzamiento de la ciudad colonial de Santo
Domingo y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.
También estamos apostando con fuerza al turismo de
cruceros. Como resultado de los trabajos que se realizan, durante este año una
importante línea iniciará operaciones de Puerto Base, tocando a La Romana y
Santo Domingo y otra línea más reiniciará, en las mismas condiciones,
operaciones que había suspendido.
Esto implica la apertura de nuevas oportunidades para
ofertar bienes y servicios locales, especialmente productos alimenticios
provenientes de la agropecuaria y la industria nacionales. Para que tengamos
una idea de lo que esto significa, sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió
250 mil dólares semanales en alimentos y productos dominicanos.
Honorables Asambleístas,
Estoy convencido de que una clave para transformar
nuestro país, para lograr crecimiento con justicia social, para incluir a las
grandes mayorías populares en el tejido económico y fortalecer nuestra clase
media, es apoyar a nuestros emprendedores. Especialmente a las MIPYMES, que con un pequeño impulso pueden convertirse
en el sustento de una familia.
Con este propósito, a las pocas semanas de iniciar el
gobierno, se lanzó el programa más ambicioso que jamás se haya implementado en
el país en apoyo a las MIPYMES.
Con este plan perseguimos la creación de empleo e
ingresos para nuestros microempresarios mediante la formalización, el acceso a
crédito y asistencia técnica y la participación en los programas de compras del
sector público.
Estamos uniendo todos los esfuerzos para derribar las
barreras que se interponen en el crecimiento de este importante sector.
Así, por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para
facilitar la formalización de PYMES mediante la creación de una ventanilla
única que permite que las empresas realicen, en un solo lugar, todos los
trámites que sean necesarios para constituirse.
De la misma forma, estamos utilizando el poder de compras
del Estado para incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las
PYMES.
En el 2013, las compras gubernamentales al sector están
presupuestadas en aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin
precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene
varios programas de financiamiento. La
recientemente creada “Banca Solidaria” o
"Banco de los Pobres" y el programa PROMIPYME, han aprobado y
desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800 millones de
pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios.
Cabe señalar que de este total el 90% pertenecen a la
nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su
parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y desembolsado 780 millones de
pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha aprobado 75 millones de pesos,
para un total de dos mil 533 préstamos a microempresarios.
Detrás de estas cifras hay miles de personas,
especialmente mujeres, que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora,
por primera vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que
puedan echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta
fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato
productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.
En abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la
Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno competitivo para
este sector, conformado tanto por las industrias que producen para el mercado
local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para el mercado de
exportación.
Cumplir con este compromiso, no es solo un deber moral,
sino también una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque
significa crear nuevos empleos formales, incrementar la producción de divisas y
reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya en la República
Dominicana.
Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo
permanente entre los representantes de estos sectores y los ministerios de la
Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias
medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras
gubernamentales de las industrias nacionales.
De la misma forma, seguiremos apoyando la notable
recuperación del sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar
en la producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas las
industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad fiscal y
competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado
internacional.
Honorables Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por
supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en ese camin el sector
eléctrico.
Este es un problema que arrastramos desde hace varias décadas
y que sufre todo el país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin
embargo, nuestro gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y poner en
marcha un plan integral para darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política y esperamos contar con el
apoyo y el consenso de toda la sociedad para deshacernos, de una vez por todas,
de este lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país. Como
muchos saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más
de 100 millones de dólares mensuales.
Desde la crisis de precios del petróleo del año 2008 al
2011, el gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico
un monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.
Esto significa que en los últimos cinco años el sector
eléctrico ha requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más
de 240 mil millones de pesos.
Este déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el
primero de ellos es el alto costo de generación, debido a que más del 60% de la
energía que producimos proviene de derivados del petróleo.
El segundo problema son las altas pérdidas de las
empresas distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del
robo de energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no recaudados
cada año.
Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la
gestión de las empresas del sector que necesitan ser corregidas.
Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran
esfuerzo en el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar
la compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en
dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional.
Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los
altos precios de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras,
muchos de los cuales están determinados por los contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia integral que
hemos diseñado para el sector consta de tres pilares, que dan respuesta a cada
uno de los tres retos que enfrentamos.
En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad
instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible degeneración.
Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a través de
fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico
del país, los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener
instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa que debemos
instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales tecnologías y combustibles
disponibles, estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de ciclo combinado
a gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías renovables, que
demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares, solo en el sector
de generación.
En concreto, nuestro Plan incluye las siguientes
acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600 y 800 millones de
dólares.
Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a
los procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de
dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además, vamos a concluir las
negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas natural a precios que
hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas
natural.
Simultáneamente, vamos a facilitar la optimización de los
recursos existentes, ya sean de carácter privado o de propiedad mixta, para
ampliar la capacidad instalada en al menos 600 megavatios más a gas y/o carbón.
Además, vamos a finalizar los proyectos de pequeñas
hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con
el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la
construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos
permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100
familias de áreas montañosas del país.
El plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de
50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500 familias
de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones
de dólares en proyectos de Transmisión.
Esto incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso
o el Cruce San Juan.
La construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo
Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre
otras.
El segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las
pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un
lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha
de un plan de expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares,
para el cual ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y
Organismos Multilaterales.
Este plan, que nos permitirá garantizar la calidad del
servicio, incluye la construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y
la ampliación del calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de
media tensión.
Sin embargo, y esto es algo en lo que me gustaría
detenerme, hay un enorme caudal de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que
son, digámoslo claramente, producto del hurto
y de la irresponsabilidad de los usuarios.
Y en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos
los dominicanos y dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará mientras
no tomemos conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia de nuestra
contribución.
Es cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores
de escasos recursos, que necesitan ser subsidiados para recibir energía. El
gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no les quepa duda a
nadie.
Pero también es cierto que hay otros muchos usuarios, que
podrían pagar por el servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de
los recursos. Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían ser
invertidos en nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en abaratar costos, y
que sin embargo, se quedan cada año en los bolsillos de usuarios, que maliciosamente,
deciden no pagar.
No podemos permitir, que esa situación de impunidad continúe.
Es necesario afrontar este asunto con responsabilidad. Ya no sirve la excusa,
de que el servicio no es bueno, y por eso no lo pago. Desde el gobierno estamos
decididos a romper esa espiral, pero necesitamos también, que se genere un
cambio de actitud, en la cultura de la población.
Nos comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones
necesarias. Vamos a mejorar el suministro, la atención, y los costos de
generación, pero también vamos a reforzar la vigilancia, para terminar con los
abusos.
La meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas
del 36% actual a un 25% al final del año 2016.
Para que se hagan una idea de lo que perdemos anualmente,
por aquellas personas que consumen energía
y no la pagan, solo esa reducción del 11% en las pérdidas, significará una
recaudación adicional de cerca de 200 millones de dólares anuales.
Las acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos
frentes fundamentales: en primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma
de Tele-medición en las Distribuidoras,
que incluirá un software de última generación, así como la instalación de 500
mil nuevos tele-medidores y 43 mil
equipos de medida para macro-mediciones.
Esto permitirá, monitorear y controlar la energía servida a los clientes
industriales, comerciales y residenciales, localizados en los grandes centros
urbanos de todo el país.
En segundo lugar, rehabilitaremos las redes eléctricas e
instalaremos 700,000 nuevos medidores a clientes ubicados en circuitos
suburbanos y municipios donde se registran los mayores niveles de pérdidas del
país. Aplicaremos soluciones técnicas y comerciales, para reducir el fraude y
ampliar la continuidad del servicio a 24 horas, apoyados en una gestión social,
enfocada en educar y comprometer a las comunidades, con el cambio de cultura
del pago del servicio eléctrico.
Toda esta transformación implicará comprometernos con un
plan de inversión de cuatro años, a razón de 145 millones de dólares por año,
que será agenciado, con la banca multilateral y agencias de exportación.
Por último, el tercer pilar del plan integral para el sector eléctrico, la mejora en
la gestión de las empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos
fundamentales: comercial, financiero, tecnológico y legal.Las reformas abarcan desde mejoras en la
recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias para maximizar la
capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras tecnológicas y
creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la ley.
En definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes
para la completa modernización del sector.
Nuestro objetivo es que al final del periodo presidencial
podamos dar por resuelto este problema de forma definitiva y encarar una nueva
etapa para el desarrollo en nuestro República.
Honorables asambleístas,
Dominicanos y Dominicanas,
Quiero darles ahora algunas pinceladas sobre el contexto
macroeconómico que vive nuestro país y que, si bien nos plantea importantes
retos, también es motivo de optimismo para nuestro gobierno.
A pesar de las dificultades originadas en el entorno
internacional, nuestro país cerró el año 2012 con un crecimiento cercano a 4%,
superior al promedio de 3.1% que alcanzó América Latina según estimaciones de
la CEPAL.
Desde el gobierno reiteramos hoy nuestro propósito de
trabajar sin descanso para que la economía siga creciendo, y también para
garantizar que sus frutos se distribuyan equitativamente.
Es importante resaltar que prácticamente todas las
economías del mundo vieron enfriarse su crecimiento en 2012, incluyendo China y
la India, que parecían invulnerables. Afortunadamente las últimas noticias
provenientes de los EUA, Europa y Asia apuntan hacia cierto mejoramiento
durante el 2013.
Varios sectores tuvieron en 2012 un desempeño positivo,
destacando la minería que creció 42%. Energía
y agua, que aumentó 7.7%. Intermediación financiera con 7.3%. Salud, con 5.9%. Enseñanza
con 4.5%. La agropecuaria, con un incremento de 4.1%. El comercio con 4%. Transporte
3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes, que creció lo mismo que el sector
comunicaciones, 3.2%.
Fruto de ese desempeño, el PIB per cápita de la República
Dominicana alcanzó un nivel de 5 mil 762 dólares y, así, el producto total
dominicano, es el más alto de la región de Centroamérica.
La inflación fue de 3.9%, la más baja de los últimos
veinte años y, aunque en 2013 subirá algo como efecto inmediato de los ajustes
impositivos que fueron aprobados, se espera que no supere el 5%, por el firme
compromiso de la actual gestión con el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica.
Como una forma de estimular la economía, y considerando
la baja tasa de inflación, la autoridad monetaria viene aplicando, cuidadosamente,
una política de reducción de las tasas de interés de referencia, influyendo
sobre las tasas bancarias y fomentando así la reactivación del crédito al
sector privado, a partir del segundo semestre del año pasado.
En efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 2012,
los préstamos al sector privado, tanto en moneda nacional como en moneda
extranjera, aumentaron en casi 31 mil millones de pesos, revertiéndose la
tendencia a la baja que se había observado durante la primera parte del año
anterior.
Pese al lento crecimiento económico de la UE y los
Estados Unidos, las exportaciones dominicanas lograron crecer durante 2012,
superando los 9 mil millones de dólares que, si bien no es suficiente para
corregir el déficit externo, constituye el mayor nivel en la historia
dominicana.
Es importante destacar el repunte que están
experimentando las Zonas Francas, que reportaron exportaciones cercanas a los 5
mil millones de dólares, mostrando la clara recuperación, fruto de una mayor
diversificación del sector.
Las remesas, sin embargo, sufrieron una leve reducción de
1.3%, debido, fundamentalmente, a la situación de desempleo que registran los
países europeos donde residen muchos dominicanos, como es el caso de España.
A pesar de ello, los recursos recibidos de los
dominicanos en el exterior ascendieron a 3 mil 158 millones de dólares en 2012.
Desde hace algún tiempo, el sector financiero se mantiene
fuerte y en crecimiento, pues se adoptaron las decisiones para fortalecer la regulación
y vigilancia, de modo que hoy exhibe altos niveles de capitalización, estabilidad,
solidez y solvencia.
Sus activos totales se incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus
clientes registran niveles de morosidad o atrasos de apenas 3.4% y la solvencia
consolidada de todos los intermediarios financieros es de 18.2%, muy superior
al 10% que exigen los estándares internacionales.
El gobierno ha mostrado desde el primer día su actitud
responsable en el manejo macroeconómico y aplicó a partir de agosto una
política de control y racionalización del gasto, que permitió que de septiembre
en adelante las erogaciones se redujeran casi la mitad con respecto al nivel
que mantenían en los meses previos.
La nueva administración ha emprendido una lucha frontal
contra el déficit presupuestario, para alejar el fantasma de la inestabilidad
macroeconómica.
La gestión financiera del Estado Dominicano se está
transformando, para que no siga siendo vista con recelo por los organizaciones
internacionales y por nuestros propios ciudadanos. Es preciso someter a las
instituciones públicas a un proceso de reingeniería para que desarrollen la
capacidad necesaria para impulsar esta visión. Tenemos que cambiar los hábitos
y actitudes entre nuestra burocracia, y yo estoy vigilando para que así se
haga.
Señoras y señores
Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el
principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en
la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el
empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en economías
emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que
desde hace meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número
creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han estado
reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado
dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se ha producido en el
Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en
el país en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil
millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el
Estado dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria,
comprometida con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores
prácticas para proteger nuestro medio ambiente.
Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que
consideramos merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la
empresa Barrick Pueblo Viej los beneficios fiscales que genera el proyecto y
la nueva situación que se ha presentado, luego de que los precios del oro en el
mercado de Londres hayan registrado niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares
la onza en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la
liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers
en septiembre de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el
Contrato para la explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa
Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la
onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19
de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la
compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a
través de carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la
flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno había
acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732 dólares la
onza.
A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a
lo establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una actitud
de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de negociación con la
empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos fiscales del Contrato que esta
había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó
la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron
modificaciones al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama
en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian,
nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar
que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy
diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6
veces más alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del
cambio.
Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la
Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una
Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la
Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la
empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al
esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha
tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis
meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la
necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual
de distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano,
derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la
posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el
Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a las
próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una
operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no
encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta
nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente
versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio
promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la
empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por
2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo
exportaciones de 1 millón de onzas de
oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría
recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha
verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su
inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la
inversión estaría recibiendo