<b>El gobierno comenzó a medir el avance en el
cumplimiento de la ley que regula la transferencia de recursos de los
contribuyentes desde sus ministerios que en estos momentos ascienden a unos mil
400 millones a las asociaciones sin fines de lucro, estimadas en mil 600 a
nivel nacional. </b>
Con ese objetivo tuvo lugar una reunión de vice
ministros técnicos y administrativos convocados al Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, institución que preside el Centro Nacional de
Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, informó este
viernes la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.
De manera específica se trató sobre la “habilitación” o
certificación, que es un proceso mediante el cual los ministerios que otorgan
fondos a las organizaciones no gubernamentales determinan cuáles cumplen con
las condiciones técnicas y administrativas mínimas para prestar los servicios de
contrapartida a los fondos públicos recibidos en un área o sector, como
establece la Ley 122-05.
El encuentro lo encabezó el vice ministro de Planificación del
Ministerio de Economía, Juan Monegro, acompañado de Hernán Paredes, director
ejecutivo del Centro, y Pascual
Valenzuela, vice ministro para las relaciones con la sociedad civil.
Monegro recordó al auditorio la prioridad del gobierno de mejorar
de manera sustancial la calidad del gasto público y la correcta fiscalización
de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Mientras que Paredes manifestó el deseo del Centro de trabajar de
manera ardua y de la mano con todas las instituciones públicas
responsabilizadas de la correcta aplicación de la Ley 122-05.
También participó el vice ministro
administrativo de la Presidencia, Máximo de Soto, la dependencia gubernamental que
cuenta con la mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales registradas.
El ministerio de Salud Pública estuvo
representado por su vice ministro de Planificación, Virgilio Cedano y por el director general de Habilitación y Acreditación, Anulfo López.
La directora de
Alianza ONG, Addys Then, y el director de Insalud, Nicómedes Castro, cuya
institución ejerce la secretaría del Centro, presentaron el proyecto
“Desarrollo de Capacidades para la implementación de la Ley 122-05”.
Este proyecto es financiado por la embajada de Canadá y con
participación del Ministerio de Economía, y su objetivo es asesorar a los
ministerios gubernamentales en el diseño e implementación de los mecanismos de
“habilitación” o certificación que manda la Ley.
A la reunión asistieron además la directora de Participación
Comunitaria del Ministerio de Educación, Luisa Mateo, quien explicó el grado de
avance en la implementación de la Ley en sus respectivas instituciones y se
comprometió a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Economía para
lograr el correcto funcionamiento del Sistema de Regulación y Fomento de las
Asociaciones Sin Fines de Lucro.
8 DE FEBRERO 2013