Santo Domingo.- La Procuraduría General de la
Republica, informó que a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial
de Montecristi, se procedió a presentar formal acusación en contra de los
agentes policiales supuestamente involucrados en la ejecución de dos personas
relacionadas al secuestro del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez, hechos
escenificados el pasado 10 de octubre del año 2009.
La acción procesal del Ministerio Publico se sustenta
en un expediente sustentado en las investigaciones realizadas por la comisión
designada en aquel momento para las indagatorias en torno a la muerte de los señores
William de Jesús Batista Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron sindicados como
los supuestos secuestradores del joven Baldera Gómez, y en otros elementos
probatorios.
Las autoridades revelan que en este caso existen
indicios y elementos probatorios
suficientes, los cuales determinan que los agentes policiales actuantes en el
apresamiento y posterior muerte de los sindicados en el secuestro de Baldera,
cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en detrimento al más
sagrado de los derechos fundamentales: la vida.
En tal sentido, la Procuraduría Fiscal de Montecristi sometió
a la acción de la justicia por asesinato y asociación de malhechores al
entonces Teniente Coronel al coronel PN, Lic. Alberto Trejo Pérez, y los
Mayores de la PN Jesús Rafael Tejada Tejada y Franklin E. Santana Martínez. Igualmente,
fueron sometidos José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez, ambos
con el rango de 2do Teniente de la Policía Nacional, así como el Alférez de Navío
Ramirito Dome Nina.
No obstante, Domínguez Brito afirmó, que a pesar de la
acusación presentada, seguirá profundizándose la investigación hasta conocer y
procesar a todos los implicados en el caso.
Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público no permitirá
violación alguna de los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado ni
por parte de ningún ciudadano, y les recuerda, a los primeros, que sus acciones
en el ejercicio de sus funciones, en caso de actuar violentando los derechos
fundamentales, no sólo los compromete penalmente a ellos, sino que comprometen
la responsabilidad del Estado Dominicano ante los organismos internacionales.