SANTIAGO.-
El equipo de abogados que representa a Molinos Valle del Cibao, en la querella
contra el empresario Carlos Lama Séliman, acusado de una estafa millonaria en
contra de esa empresa, demandó este lunes por ante el Consejo del Poder
Judicial la cancelación del juez que ordenó la variación de la coerción
interpuesta semanas antes al imputado.
Los
juristas, encabezados por Guillermo Estrella Ramia, depositaron el documento
que fue recibido en la secretaría del principal estamento judicial del país, en
el que reclaman la destitución del magistrado Henry Valentín Domínguez
Domínguez.
La
petición está firmada, además de Estrella Ramia, por los abogados José Octavio
López Durán, Urbano Augusto Tupete Rodríguez, Birmania Miguelina Quezada
Calderón, Marlit Badía Taveras y Leandro Corral.
Domínguez
Domínguez, actuando como juez interino de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia de este distrito judicial, varió la medida de
coerción que le había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santiago a Lama Séliman, imputado extraditado.
Se
recuerda que el 17 del mes de diciembre del año 2012, el juez Domínguez
Domínguez, quien se encontraba de manera interina supliendo la ausencia de la
jueza titular del referido tribunal, emitió la resolución número 061/2012,
variando el monto y la modalidad de la medida de coerción impuesta al acusado.
La
medida impuesta consistía en una garantía económica por 75 millones de
pesos en efectivo, fijada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, el 25 de septiembre del y ratificada
en dos ocasiones por el mismo tribunal.
Domínguez
Domínguez luego la varió por una garantía económica de 20 millones de pesos, a
través de una compañía de seguros, lo que ha sido considerada por los abogados
de Molinos Valle del Cibao como extremadamente benigna.
La empresa afectada por la estafa indicó
que la resolución emitida por Domínguez Domínguez sorprendió a gran
parte de la sociedad de Santiago y del país “porque el caso es de una notable
connotación social, al tratarse de un prófugo acusado de estafar por más
de 100 millones de
dólares a múltiples familias dominicanas”.
Y
recordó que Lama Séliman escapó del país “viviendo por más de ocho años
de los montos tomados de las víctimas, por haber sido llevado un proceso de
extradición en contra del mismo y capturado por la INTERPOL seis años
después de iniciarse su extradición”.
Molinos
Valle del Cibao, expuso en una nota de prensa remitido a este medio que por
estas razones, la variación de la medida de coerción contenida en la decisión
del juez Domínguez Domínguez, en contra de quien se solicitó
esta mañana su la cancelación, produjo tanta indignación y repudio.
La
entidad empresarial dijo que fundamentará su solicitud en contra del
magistrado Domínguez Domínguez en la Ley No. 327-98 de Carrera
Judicial y su Reglamento, la
Constitución de la República, el Código Modelo Iberoamericano de
Ética Judicial, guía de aplicación para el correcto comportamiento de los
Jueces del país, patrocinado por el actual Consejo del Poder Judicial, entre
otras normativas, por entender que en el accionar del indicado Juez al emitir
dicha decisión se han violentado diversas disposiciones contenidas en esos
instrumentos legales.
De
igual forma, expresó que lamentablemente se ha convertido en una constante en
el país, como un juez interino pone en libertad a un imputado
con vastos recursos económicos, como es el caso del extraditado
Carlos Lama Séliman, que comete hechos graves repudiado en toda su magnitud
por la sociedad y al cual un Tribunal superior impone una medida de coerción
fuerte y que sirve de ejemplo, de buenas a primera y de manera insólita un Juez
interino varía la medida por otra sumamente flexible que no cumple ninguna
finalidad.
Molinos
Valle del Cibao, señaló que accionará en este sentido debido
a que esta práctica irregular, grosera y escandalosa debe ser eliminada por el
bien de todos y que dicho Juez no debió emitir una decisión de espalda a la
normativa procesal penal que, sin duda alguna, perjudicó no sólo la imagen del
sistema de justicia penal de la nación, sino también que generó un estado de
intranquilidad e inseguridad jurídica en la sociedad dominicana.
El grupo empresarial dijo tener plena confianza de que en este caso el
Consejo del Poder Judicial realizará una correcta investigación de los hechos
acontecidos y dictará una decisión ejemplificadora que pondrá fin a esta
conducta que no es propia de un Juez que tiene la obligación de tutelar también
los derechos de las víctimas.