<b>En la República Dominicana
ocurren cosas tan absurdas que a veces uno piensa que salieron de las mentes de
Kafka o de Edgar Alan Poe. Uno tiene que restregarse los ojos para comprobar
que son realidades y no ficciones.</b>
Es el caso de unos cien haitianos que desde hace más de un mes se han
instalado frente al edificio del Ministerio de
Trabajo, en reclamo de que una compañía denominada Coquera Real, que
tras explotarlos laboralmente durante catorce años, se declaró en quiebra para
no otorgarles sus prestaciones laborales, que por Ley les corresponden.
Hiere la vista ver a esos infelices aguantando agua, sol y sereno sin
que alguien les ayude, como si se tratara de ganado y no de seres humanos, que comen gracias a la
caridad pública, mientras hacen sus necesidades en los alrededores del
Ministerio de Trabajo.
Los haitianos dicen que el dueño de Coquera Real, a quien identifican
como Rafael Emilio Alonso Luna, trasladó las maquinarias de su compañía a
Nagua, supuestamente con el propósito de evadir cualquier intento de embargo.
En este asunto hay mucha tela por dónde cortar, pues resulta que el
Ministerio de Trabajo dice que “escapa a su competencia” solucionar ese caso.
Entonces uno se pregunta, ¿donde es que se reclaman los derechos laborales? ¿En
cuál Ministerio que no sea el de Trabajo? Evidentemente se trata de una salida
irresponsable.
El alegato es que de la situación está apoderado un Tribunal de San
Cristóbal, pero no se dice quién lo apoderó ni cuándo será conocido el proceso.
En cuanto al propietario de la empresa a la cual los haitianos reclaman
sus prestaciones laborales, también hay algo
que decir:
En primer lugar, las autoridades judiciales no se han tomado la más
mínima molestia en citarlo e interrogarlo, no solamente en lo que atañe al
reclamo de los trabajadores extranjeros, sino en cuanto se refiere a su
denuncia de que fueron traídos ilegalmente en 1999 en camiones propiedad del
dueño de Coquera Real.
Si esto es así, el Ministerio Público podría acusar a ese ciudadano de
trata de personas, violación de la
Ley de Migración, empleo de mano de obra ilegal y renuencia a
otorgarles las prestaciones a sus trabajadores, lo que viola el Código Laboral.
Si esas no son razones suficientes para actuar en este caso, a Dios que
baje del cielo y me lo diga.
Por Santiago Estrella Veloz/DiarioDigitalRD
