La
Fundación Justicia y Transparencia (FJT), en términos
generales calificó de positivo el desempeño del poder judicial durante el
pasado año 2012, la entidad destaco que las actuales autoridades con apenas un
año de labor jurisdiccional por parte de los jueces supremos y de administración
y disciplina a cargo de los miembros del Consejo del Poder Judicial, han
llenado sobre todo en términos cuantitativos las expectativas, con muchas
luces, pero también con múltiples sombras, veamos:
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ASPECTOS POSITIVOS</b>
Cabe destacar como punto luminoso, en el ámbito jurisdiccional de la
Suprema Corte de Justicia, el excelente desempeño y labor realizada por
sus tres salas y el pleno, que al
finalizar el año presentaron un astronómico rendimiento de 9,136 expedientes
fallados, desterrando así la mora heredada del pasado, es objeto de mención especial y encomio la calidad del trabajo realizado
por la sala de lo Laboral, Tierras y
Contenciosas Administrativa, que dirige el magistrado Ramón Herrera
Carbuccia, donde la mora judicial se ha convertido en casi cosa del pasado
y la evacuación oportuna de sentencias de principios que han marcado hitos en
el quehacer judicial dominicano, como el caso de la emblemática sentencia sobre
los derechos fundamentales en materia laboral, que ha merecido el reconocimiento
y elogio de la comunidad jurídica nacional,
Sin dudas que en el orden de gestión administrativa y rendimiento
jurisdiccional, el Poder Judicial ha tenido un gran año, los expedientes
fallados, el aumento generalen los salariosde losjueces y de losservidoresjudicialesde un 20%, una intensa y sostenida
capacitación del personal, mejoras en el seguro de salud, remozamiento y
acondicionamiento de los locales que alojan el Poder Judicial a nivel nacional
y el abastecimiento de los materiales gastable y de oficina, son algunos de los
cambios y conquista positivas que pueden observarse en la administración de
justicia, luego de transcurrido su primer año de gestión .
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ASPECTOS NEGATIVOS</b>
Cuestionamientos en los
asensos y remociones de jueces, y quejas por violaciones al debido proceso de
ley en los asuntos disciplinarios
Como temas de reflexión y posible revisión profunda de los reglamentos
sobre la carrera judicial, relacionado con la promoción de los jueces
atendiendo al escalafón, méritos académicos y desempeño, resalta el preocupante
hecho de múltiples cuestionamientos y quejas de parte de jueces inconforme por
violaciones a los referidos reglamentos en detrimento de personas que han
dedicado una vida a la judicatura, además de los aportes académicos y bibliográficos,
por ejemplo el magistrado Juan Alfredo
Biaggi Lama, entre otros que debieron haber sido tomados en cuentas. En
suma se requiere que el escalafón judicial sea respetado y observado con rigor
para garantizar la institucionalidad en un poder del estado llamado a ser el
ejemplo de justicia y equidad.
Asimismo somos de opinión de que se revisen y adecuen a la constitución
dominicana y en particular a las directrices del debido proceso de ley
(artículos 69 de la constitución), los reglamentos y disposiciones relacionadas
con los juicios disciplinarios y la capacidad punitiva que tienen los miembros
del Consejo del Poder Judicial a la hora de juzgar jueces por asuntos
disciplinarios referidos al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Combate a la corrupción
judicial y necesidad de una ley que castigue la prevaricación judicial.
Otro punto a considerar es el manejo por parte de los jueces de los
diferentes expedientes instrumentados por el Ministerio Público, en materia de
grandes casos de corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos, en la
actualidad persiste la percepción de una justicia venal y deficiente, aun
cuando se advierten esfuerzos sostenido del presidente de la suprema Dr.
Mariano German Mejía, de mejorar los niveles de credibilidad del poder
judicial. De todo esto se desprende la necesidad de crear una ley que penalice
y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento
y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por
falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la Fundación Justicia y Transparencia, entiende que el
combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de
consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios
éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Falta de explicaciones y
rendición de cuentas sobre las inversiones registradas en la
Jurisdicción Inmobiliaria
Otro hecho para la Fundación Justicia y Transparencia, quizás el más
grave y preocupante de todos, es la falta de explicación y rendición de cuentas
de los hallazgos, por parte del incumbente de la suprema corte y del consejo
del poder judicial respetivamente, Dr. Mariano German Mejía, sobre las
ejecutorias, descalabro y fracaso registrado en la jurisdicción inmobiliaria,
pese a la multimillonaria inversión del Estado Dominicano y de organismos
internacionales que superan más de
65 millones de dólares en los últimos 13 años, unos 2,600 millones pesos,
gastados en la
implementación del denominado Programa de Consolidación de la Jurisdicción
Inmobiliaria. reconocemos que la actual gestión del poder judicial
ha rescatado y relanzado la Jurisdicción
Inmobiliaria y sus órganosvinculados,
(Registros de Títulos y Mensuras Catastrales), esfuerzos, para nosotros
insuficientes, máxime si no están acompañados de las explicaciones contables
necesarias para conocer de las ejecuciones presupuestarias de más de 2,600
millones de pesos con resultados ínfimos en el desarrollo y modernización del
sistema de registro de la propiedad inmobiliario en el país.
Falta de implementación
de los tribunales superiores administrativos de primera instancia (artículo 164
de la constitución) e inoperancia del
Tribunal Superior Administrativo en el conocimiento de los recursos de amparo
La nueva constitución en su artículo 7 declara a la República Dominicana
como un Estado Social y Democrático de Derecho, con el norte de garantizar como
prioridad esencial la dignidad humana, y
con ellos los derechos fundamentales, es así como la carta magna delega en el
poder judicial la responsabilidad de implementar y poner en funcionamiento los
tribunales superiores administrativos de primera instancia.
Constituye
motivo de gran preocupación y alarma la inercia, inoperancia, y
lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el conocimiento de la
accion de amparo que le son sometidos a su consideración.
Justicia y
Transparencia, le pide a la Suprema Corte de Justicia, el vigilar el
tratamiento que ese tribunal le está dando a los juicios de amparo, los cuales
en muchos casos se prolongan hasta por ocho y doce meses, en clara y abierta
violación a la constitución de la república. Para graficar con un reciente
ejemplo nuestras afirmaciones sobre la grave situación del tribunal superior
administrativo, citamos una solicitud de un recurso de amparo que justicia y
transparencia conjuntamente con la alianza ciudadana solicitara por denegación
de información por la ley 200-04 en
contra del ayuntamiento del distrito nacional y del Ministerio de Obras Públicas
a principios de diciembre del año pasado, fijándonos la audiencia para el 16 de
enero del presente año 2013, casi para dos meses después.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano
Potentini, ofreció estas declaraciones en rueda de prensa celebrada en la sala
de conferencias de la librería jurídica global, donde además anuncio para la
próxima semana la presentación y entrega de los resultados del desempeño del
tribunal constitucional y del tribunal superior electoral en el marco del observatorio
de las ejecutorias de las altas cortes que desarrolla la Fundación Justicia y
Transparencia.