<b>Entre los apartados, varios de ellos puestos a disposición de la justicia, hubo cuatro coroneles, nueve tenientes coroneles, 115 mayores, 62 capitanes, 202 primeros tenientes y 112 segundos tenientes.</b>
Santo Domingo, 31 dic (PL) La Policía Nacional de República Dominicana separó de sus filas en 2012 a mil 800 integrantes por mal desempeño de funciones, violaciones de leyes y reglamentos disciplinarios, y retiro forzoso, informaron hoy medios de prensa.
Entre los apartados, varios de ellos puestos a disposición de la justicia, hubo cuatro coroneles, nueve tenientes coroneles, 115 mayores, 62 capitanes, 202 primeros tenientes y 112 segundos tenientes.
Según los reportes, las cancelaciones están contenidas en las resoluciones tomadas en 84 reuniones celebradas por el Consejo Superior Policial durante este año.
A juicio del jefe de la entidad, mayor general José Armando Polanco, a quien se demuestre sus equivocaciones será separado de la institución y enviado a los tribunales ordinarios.
Hace una semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, denunció que unas 600 personas, el 70 por ciento de ellas inocentes, perdieron la vida durante el actual período de la Policía encabezado por Polanco.
De esa manera no se combate la criminalidad ni la delincuencia, afirmó el dirigente, entrevistado en un programa local de televisión.
La actitud de Polanco, quien fue designado en el cargo en agosto de 2010 y ratificado por el actual presidente Danilo Medina dos años después, no es nueva en el proceder de la Policía, subrayó Mercedes.
El pasado 25 de noviembre, un decreto presidencial creó una comisión para reformar la Policía en medio del rechazo popular a esa fuerza, acusada de corrupción y de cometer actos violentos sin necesidad.
Una nota oficial precisó el grupo tendrá como objetivo fundamental la formulación de iniciativas reglamentarias, normativas y administrativas para transformar integralmente dicho organismo.
Según el texto, sugerirá políticas que garanticen un modelo de seguridad ciudadana conforme con los principios del Estado social, democrático y de derecho constituido en este país caribeño.
También coordinará la cooperación internacional que fuera necesaria para implementar la reforma, y dará seguimiento al proceso hasta la puesta en práctica de la nueva ley orgánica correspondiente que apruebe el Congreso dominicano.