<b>El Movimiento Cívico Participación Ciudadana considera que con los argumentos ofrecidos por el ex presidente Leonel Fernández en su reciente
discurso a la nación, permiten confirmar que se han violado la
Constitución y las leyes en la generación del mayor déficit fiscal que ha tenido el país,en toda su historia, desde que se llevan registros oficiales.</b>
Entiende la entidad, en documento firmado por su directora ejecutiva Rosalía Sosa, que la reducción de los ingresos a la que alude como una de las causas del
déficit, debió llevar expresidente de la República a contraer el gasto y
no a aumentarlo, como lo hizo.
Al respecto dijo que al no hacerlo se violó el artículo 44 de la Ley de Presupuesto
que señala que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República
constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a disponibilidad efectiva de los
ingresos estimados”.
"El aporte que debe hacerse cada año al Banco Central para cubrir el
déficit cuasi fiscal tampoco explica el déficit del año 2012 en razón de que dicho aporte ya
estaba consignado en el presupuesto aprobado por el Congreso para este año,
mientras que el subsidio adicional eléctrico solo representa un 20% del enorme
déficit proyectado para este año y reconocido en su discurso por el Dr.
Fernández" dice la entidad.
Sostiene que una de las causas más importante del déficit ya había sido reconocida
por el ministro Temístocles Montás cuando en declaraciones recientes señaló que el gasto público se expandió en más
de un 2% del PIB.
Dice que Montás habría dicho que se hizo así porque el presidente Fernández “entendía” que debía terminar sus
obras, lo que representó un gasto, por encima de lo presupuestado, entre 50 y
60 mil millones de pesos adicionales.
En respuesta al argumento de Fernández sobre el uso del déficit fiscal subraya que este instrumento puede ser utilizado en cualquier país, pero siempre debe obedecer a ciertas normas de
carácter legal y constitucional, sin cuyo cumplimiento sería ilegal.
"En Estados
Unidos, por ejemplo, el año pasado el presidente Obama estuvo a punto de cesar
a 800,000 empleados federales y paralizar las operaciones del gobierno sencillamente porque la mayoría republicana
en la Cámara de Representantes no le había aprobado aumentar el déficit, y estaba
consciente de que gastar un solo centavo por encima del déficit autorizado
comprometía su responsabilidad política y penal" recuerda.
Observa que en República Dominicana, antes de que el Congreso aprobara el 13 de
julio de este año la Ley de Presupuesto Complementario, ya el gobierno, por
instrucciones del doctor Leonel Fernández, según
lo declaró el ministro Montás, había excedido ampliamente el déficit autorizado
en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Advierte que ña posterior aprobación del
presupuesto complementario no borra las violaciones ocurridas con anterioridad pues
la misma no contiene una amnistía al respecto.
CRITICA AL PROCURADOR
Participación Ciudadana expresa que le ha generado una profunda decepción que el Procurador
General de la República no cumplió con su deber de realizar una profunda
investigación sobre las causas que generaron el déficit.
Le critica que entre las
motivaciones para rechazar la denuncia interpuesta por Alianza País, admitió sus
sentimientos personales hacia el expresidente, los que precisamente les
impedían conocer y decidir la misma.
"La declaración del Licenciado Francisco
Domínguez Brito tampoco se refiere a los contenidos de malversación y
sobrevaluación de obras que incluye la
instancia, ni a la posible responsabilidad de los otros funcionarios señalados,
es decir el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz
Rúa" expone.
Le recuerda al funcionario que el artículo 123 del Código Penal sanciona con penas de prisión a los
funcionarios públicos “que concierten o
convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las
leyes”, sin importar cuáles sean estas leyes.
"Corresponde al ministerio público
investigar si existió esta coalición de funcionarios para violar la Constitución
de la República, cuyo artículo 236 establece
que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera
autorizada por la ley”, o que obliga a
que el gasto público obedezca a criterios de transparencia, planificación, eficiencia,
prioridad y economía".
Participación Ciudadana también lamenta las muertes de las personas por miembros
de la Policía Nacional y recuerda al Presidente Danilo Medina, que una de las funciones esenciales del Estado es
la protección efectiva de los derechos de las personas, por lo que debe ofrecer
el debido amparo y garantía para el goce
y disfrute de los derechos ciudadanos.
14 de noviembre de 2012