<b>El Partido Revolucionario Dominicano afirmó hoy que la sociedad dominicana no puede aceptar con indiferencia una reforma tributaria que es injusta e ilegítima, porque con ello aceptaría como válido el sistema que ha dado lugar al déficit de 187 mil millones de pesos.</b>
Sostiene en el documento que ese dinero no fue utilizados para proveer más escuelas, más hospitales con medicinas, seguridad, alimentación y empleo al pueblo dominicano, sino que fueron dilapidados con fines electorales y de enriquecimiento de una casta que se ha apropiado de la gestión del Estado para fines particulares.
En documento fue entregado a sus legisladores en el Congreso Nacional, por el Secretario General, Orlando Jorge Mera, acompañado de Luis Abinader, Cesar Cedeño, Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea Guerrero, Ramón Alburquerque.
Los dirigentes del PRD participaran en una marcha organizada por grupos populares, la organización opositora reitera que este paquetazo fiscal es injusto por su contenido, pero mucho más injusto e ilegitimo porque el Gobierno y una parte de los legisladores han decidido resolver el problema del déficit fiscal extrayendo más dinero de los bolsillos de la gente, en lugar de corregir las causas que dieron origen al enorme descuadre en las finanzas gubernamentales.
El documento fue recibido por los diputados encabezados por el doctor Hugo Tolentino Dipp, José Santana, Eugenio Cedeño, Julio Encarnación, entre otros.
Establece que la insistencia del Gobierno y de una parte de los legisladores y legisladoras en imponer a la sociedad una injusta reforma tributaria nos reúne hoy aquí, en este acto de protesta que convocamos el Movimiento Justicia Fiscal, el Foro Social Alternativo y un conjunto de agrupamientos de organizaciones sociales, populares, sindicales y comunitarias.
Las organizaciones y personas que concurrimos hoy ante el Congreso Nacional,lo hacemos para expresar nuestro repudio a la actitud de encubrimiento del conjunto de prácticas ilegales de dispendio y corrupción que dieron origen al déficit.
La sociedad dominicana no puede aceptar con indiferencia una reforma tributaria que es injusta e ilegítima, porque con ello aceptaría como válido el sistema que ha dado lugar al déficit de 187 mil millones de pesos. Ciento ochenta y siete mil millones de pesos que no fueron utilizados para proveer más escuelas, más hospitales con medicinas, seguridad, alimentación y empleo al pueblo dominicano, sino que fueron dilapidados con fines electorales y de enriquecimiento de una casta que se ha apropiado de la gestión del Estado para fines particulares.
Lo peor es que el Gobierno convocó a organizaciones sociales, populares, sindicales y empresariales a discutir soluciones en el marco del Consejo Económico y Social. Pero, como los representantes de los tres sectores coincidimos en que había que sanear el gasto antes de establecer nuevos impuestos, y establecer responsabilidades y sanciones para que nunca más vuelva a ocurrir el desorden fiscal de 2012, se optó por suspender el diálogo e imponer las medidas tributarias sin resolver los problemas de fondo en el manejo del presupuesto nacional.
El gobierno y los senadores pretenden que la población les firme un cheque en blanco, poniendo en sus manos más recursos sin estar seguros de que los mismos serán utilizados con eficiencia y transparencia para atender las principales necesidades de la ciudadanía. La población tiene sobradas razones para no creer en gobiernos que no muestren una firme disposición a enfrentar el clientelismo y la corrupción. ¿Cómo se puede confiar en autoridades que mantienen instituciones que no brindan ningún servicio a la población y más bien son utilizadas para pagar favores de campaña?
¿Cómo confiar en autoridades que se niegan aidentificar y someter a la justicia a los responsables del mal manejo y expropiación de los recursos que con tanto esfuerzo la población pone en manos del gobierno, y que por el contrario se empecinan en que el pueblo pague con más impuestos los platos rotos de una fiesta donde no participó?
No, no y no, la sociedad dominicana no está dispuesta a seguir financiando un Estado que utiliza gran parte de los recursos para mantener privilegios irritantes, clientela política y la corrupción criminal. La ciudadanía demanda acciones contundentes que demuestren que se hará un uso eficiente de cada centavo que se le entregue al Estado dominicano. Los legisladores y legisladoras no pueden pedir que las familias se aprieten los cinturones, mientras estos siguen disfrutando debarrilitos y cofrecitos para gastarlos a su antojo