<b>El
Presidente Hipólito Mejía considera necesaria la resistencia ciudadana
ante los nuevos impuestos ya que estos aumentarán el costo de la vida,
reducirán el poder de compra de las personas, bajaran la producción
y las actividades económicas, además que aumentaran la pobreza y la
desigualdad social.</b>
En
un discurso transmitido a toda la nación por radio y televisión, el ex
mandatario expresó que brinda su apoyo sin reservas a las acciones de
resistencia ciudadana frente a la intransigencia de quienes pretenden
imponer las odiosas medidas que conlleva esta reforma.
En
consecuencia, dijo, “se hace necesario que los ciudadanos y
ciudadanas hagamos valer nuestro derecho a resistir la injusticia que
encierra este nuevo aumento de impuesto”.
TEXTO INTEGRO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE MEJIA.
Antes
de abordar el tema principal, deseo expresar mi solidaridad con las
miles de familias dominicanas que están sufriendo a causa de fenómenos
naturales ocurridos en nuestro país y en zonas de los Estados Unidos,
donde viven nuestros hermanos y amigos.
Pueblo dominican
Nuestra
sociedad está indignada, con justa razón, porque se le quiere hacer
pagar la crisis creada por el despilfarro y la corrupción de un gobierno
irresponsable, que violó todas las normas establecidas para gastar los
recursos públicos, sin ningún control y sin tener en cuenta las
necesidades de la gente.
La
reforma tributaria que el gobierno de Danilo Medina ha decidido imponer
a la población, no toma en cuenta el drama que padecen las mayorías
nacionales.
La
crisis que vivimos no es sólo económica, sino también social, política,
moral e institucional, contrario a lo que plantea el gobierno del
Partido de la Liberación Dominicana.
Señoras
y señores: lo que está en discusión va más allá de una simple reforma
tributaria. La encrucijada que enfrentamos, consiste en decidir si
queremos permanecer como una de las naciones más derrochadoras, más
corruptas y con menos desarrollo humano del mundo, o si por el
contrario, queremos ser un país equitativo, solidario y con igualdad de
oportunidades, donde el bienestar de la gente sea la prioridad del
gobierno.
Como consecuencia de la crisis generalizada que padecemos, la paz pública de la nación puede estar en grave peligro.
Nuestras
familias, y cada uno de nosotros, sufrimos las consecuencias de las
ambiciones desmedidas de un grupo de aventureros irresponsables, que ha
utilizado la política para enriquecerse y perpetuarse en el poder, a
costa del sacrificio y el sudor de cada uno de nosotros.
Durante
los años de gobierno de Leonel Fernández, vimos surgir una cúpula de
funcionarios cuyo súbito enriquecimiento, ilícito e irritante, contrasta
con las precariedades y penurias que sufre la mayoría del pueblo
dominicano.
Esa
ostentación contrasta con la falta de oportunidades que padecen
nuestros jóvenes y mujeres, quienes no encuentran trabajo a pesar de
tener la preparación adecuada.
Ese
lujo de los cómplices de Leonel Fernández contrasta con la pobre
calidad de la educación que reciben nuestros niños, muchos de los cuales
se ven obligados a recibir clases debajo de un árbol por falta de
aulas.
Esa
opulencia contrasta con las dificultades que sufren los padres de
familia, quienes tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para
conseguir el sustento de sus hijos.
Esa
exhibición de riqueza contrasta con el sufrimiento de los enfermos que
abarrotan los hospitales y no encuentran medicamentos ni atenciones
apropiadas.
Esa
abundancia de recursos mal habidos contrasta con el abandono de los
sectores productivos y especialmente de nuestros queridos agricultores,
que no reciben créditos, asistencia técnica, ni ayuda gubernamental,
para producir los alimentos que requiere el país y poder ganarse
honradamente el sustento.
Fue
en su afán de garantizar la permanencia de su grupo en el poder y con
la pretensión de regresar a la presidencia en el 2016, que Leonel
Fernández generó de manera ilegal e irresponsable, un déficit de 187 mil
millones de pesos en el presente año.
A
ese déficit tendríamos que agregarle los 225 mil millones de pesos
acumulados en los cuatro años pasados. Es decir, estamos hablando de un
déficit total de 412 mil millones de pesos en los últimos cinco años.
Todos
sabemos que esos fondos también fueron usados para la compra de
conciencias y voluntades durante el pasado proceso electoral, así como
para montar una permanente y masiva campaña mediática, dirigida a
hacernos creer que nuestro país vivía un estado de progreso y bienestar.
Esa
campaña impidió durante ocho años que la luz de la verdad brillara en
nuestra patria, pero ahora esa verdad finalmente resplandece y podemos
ver la crisis sin precedentes que hemos heredado de Leonel Fernández.
Frente
a esta crisis de vastas proporciones, que como hemos dicho no se limita
a lo económico, el gobierno ha propuesto como solución una reforma
fiscal que le garantice más recursos.
El
pueblo desconfía de esa Reforma Tributaria, porque el gobierno no está
siendo sincero ni transparente ya que la misma sólo se limita a buscar
nuevos ingresos.
Esa
falta de transparencia se expresa en dos vertientes: La primera, el
gobierno no ha aprovechado esta experiencia calamitosa para establecer
responsabilidades frente a los causantes de esta crisis, ni ha
propuesto un régimen de consecuencias que prevenga que la misma se
repita.
La otra vertiente es que el gobierno, en una nueva actitud de intolerancia, decidió rechazar
las propuestas hechas por las diferentes instancias organizadas de la
sociedad, especialmente las presentadas por el Consejo Económico y
Social de reorientar y mejorar la calidad del gasto.
No debemos olvidar que ese Consejo es un órgano de consulta establecido en la Constitución de la República.
El
ejercicio democrático que pareció representar la consulta al seno del
Consejo Económico y Social, lamentablemente se ha desvanecido porque el
gobierno decidió ignorar las recomendaciones surgidas de ese legítimo
espacio de diálogo y concertación.
Frente
al intento de imponer esa reforma, asumo la responsabilidad de explicar
al país los alcances y consecuencias del aumento de impuestos que nos
quiere imponer el gobierno, aprovechando la mayoría mecánica que tiene
el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional.
Debemos recordar que los
gobiernos del PLD hicieron 6 reformas tributarias, pidiéndole
sacrificios al pueblo bajo el argumento de que las mismas irían en
beneficio del país.
Sin
embargo, en todos los casos, los aumentos de ingresos sólo sirvieron
para hacer más rico al gobierno y a sus funcionarios y más pobre al
pueblo.
Ahora
está sucediendo lo mismo. Lo que quieren es aumentar los impuestos
directos e indirectos para obtener 189 mil millones de pesos
adicionales, en los próximos cuatro años. Sólo en el 2013 la recaudación
adicional sería de 47 mil 297 millones de pesos.
Se
trata de una reforma fiscal regresiva, en la cual, la carga principal
recae sobre los pobres y la clase media, que dedican la mayor parte de
sus ingresos para consumir los productos que estarán afectados por el
ITBIS y el Impuesto Selectivo al Consumo.
El
aumento de dos pesos al galón de gasolina y al de gasoil, el impuesto a
la circulación de vehículos, el impuesto del uno por ciento del valor
del vehículo a la primera placa, tendrán repercusiones negativas sobre
el transporte de carga y pasajeros, así como en los precios en sentido
general.
La
ampliación de la base del ITBIS, para que el café, el azúcar, los
aceites y las grasas comestibles, el yogur y el chocolate paguen un
impuesto entre el 8 y el 16 por ciento, introduce una seria distorsión,
que terminará aumentando también los precios de todos los productos de
primera necesidad.
A
pesar de que en la propuesta del gobierno no están incluidos, el arroz,
las habichuelas, la carne de pollo, los huevos, la leche, las frutas y
los vegetales, lo cierto es que los precios de esos productos aumentarán
debido a que los impuestos que se aplicarán a los primeros, afectarán
de manera indirecta a todos los artículos que forman parte de la canasta
familiar.
El
poder de compra de los profesionales y de la clase media en general,
será reducido sensiblemente mediante el aumento de los impuestos
directos.
El
impuesto de un diez por ciento al ahorro, el pago anual de doce mil
pesos por parte de los pequeños negocios, así como el congelamiento por
inflación de los ingresos de personas físicas entre otros, son golpes
mortales a la economía de la clase media.
El precio de la canasta básica aumentará de 27 mil a 35 mil pesos mensuales, como consecuencia de los nuevos impuestos.
Esto
disminuirá el consumo de la población e impactará negativamente en la
producción nacional y en el empleo, incrementando los niveles de
pobreza.
Además
del impacto negativo de esta reforma en lo económico y lo social,
debemos destacar lo que ella significa para el funcionamiento de
nuestras instituciones.
Con
la imposición de esta reforma se estaría violando el Artículo 36 de la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que consigna que debe
llegarse a un pacto fiscal con las fuerzas políticas, económicas y
sociales, para un proceso de reestructuración fiscal integral.
Esta
reforma no es sostenible porque no contribuye a estimular los sectores
productivos, ni fomenta el ahorro interno y tampoco eleva la calidad del
gasto social.
Lo
que en realidad persigue esa reforma es más dinero para continuar
despilfarrándolo, de la misma manera que lo hizo el gobierno anterior.
La mayoría de sectores la rechazan por injusta e inoportuna.
En
consecuencia, se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas hagamos
valer nuestro derecho a resistir la injusticia que encierra este nuevo
aumento de impuesto.
La resistencia ciudadana es necesaria
porque los nuevos impuestos aumentarán el costo de la vida, reducirán
el poder de compra de las personas, bajarán la producción y las
actividades económicas y aumentarán la pobreza y la desigualdad social.
Dominicanas y dominicanos: ustedes saben que siempre he sido un ente de moderación y diálogo.
A
lo largo de mi vida he demostrado mi compromiso con la democracia y el
fortalecimiento de las instituciones del país. Reitero ante ustedes, mi
decisión de continuar por ese camino.
Ahora
bien, frente a la intransigencia de quienes pretenden imponer las
odiosas medidas que conlleva esta reforma, doy mi apoyo a las acciones
de resistencia ciudadana.
Esta
resistencia ciudadana, que se manifiesta ya en acciones de diversas
organizaciones sociales, encuentra justificación ética y moral, de
manera particular, en el documento público dado a conocer por el Consejo
Económico y Social el pasado 26 de octubre.
En
ese documento el CES da cuenta al país de la actitud arrogante e
indolente del gobierno, al suspender el diálogo. En efecto, el gobierno
decidió enviar al Congreso de manera apresurada y unilateral su
propuesta de reforma fiscal.
Señoras
y señores: consciente de que debemos de impulsar acciones que
contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y social,
hago las siguientes propuestas y demandas:
En primer lugar:
solicitamos que el gobierno retire del Congreso Nacional su propuesta
de reforma, para retomar el camino del diálogo, que permita alcanzar un
pacto fiscal consensuado, que se traduzca en mayor bienestar para la
gente.
En segundo lugar:
proponemos que sea en el año 2013 cuando se discuta junto al
empresariado, la sociedad civil y los partidos políticos, una reforma
fiscal integral.
En tercer lugar:
proponemos que el presupuesto para el año 2013 tenga como referencia la
estructura de gastos del presupuesto del año 2011 tal y como lo
consigna el informe detallado de la Comisión Económica de nuestro
Partido Revolucionario Dominicano.
En cuarto lugar:
proponemos que esta reforma fiscal integral, sea vinculada de manera
explícita al cumplimiento de las normas institucionales, que obligan al
uso de los recursos públicos con transparencia y equidad, tanto en lo
territorial como en lo sectorial.
Finalmente:
demandamos que se aplique la Constitución y la Ley de Presupuesto,
especialmente en lo que se refiere a las faltas e infracciones cometidas
por los funcionarios responsables del manejo de los fondos públicos.
Digámoslo bien clar quienes malversen los recursos públicos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos.
Señoras
y señores: estamos en un momento crucial para nuestra Patria.
Enfrentemos con responsabilidad las dificultades actuales para, recorrer
juntos el camino hacia el desarrollo sostenible y trabajar por la
solución de los graves problemas que afectan la Nación.
Este no es un momento para imposiciones sino para el diálogo. No es momento para el autoritarismo sino para la concertación.
El
ejercicio de nuestros derechos democráticos, con apego a los principios
y valores sobre los cuales descansan las instituciones de nuestra
querida Patria, se concretiza en la resistencia ciudadana a un aumento
de impuestos como el que se nos quiere cargar a toda costa.
En la búsqueda de la paz social y la construcción de una sociedad justa y solidaria, no hay lugar para la indiferencia.
Sólo
con nuestra participación decidida como ciudadanos y ciudadanas
responsables, seremos capaces de construir una mejor República
Dominicana.
Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos.
Muchas gracias.