La Sociedad
Ecológica del Cibao Inc., SOECI, manifiesta públicamente su respaldo y
solidaridad con la lucha que libran las comunidades contra proyectos que
atentan contra el Medio Ambiente y la seguridad ciudadana, como sucede
específicamente, entre otras, con
algunas estaciones de servicios de Gas Licuado de Petróleo –GLP- que se
pretenden ubicar en lugares que riñen con las normas ambientales establecidas.
Es inconcebible que
tengan que ser las comunidades las que reclamen el cumplimiento de la ley y la
aplicación de las normas ambientales, mientras estos emporios económicos con la
voracidad y la sed insaciable de dinero se imponen arrogantes, mientras las
instituciones del Estado lucen pálidas y débiles, de rodillas en el
cumplimiento de sus obligaciones.
Estos proyectos
peligrosos y de alto impacto, tienen que mantener una distancia establecida
frente a los centros de aglomeración de personas, como las escuelas, los hospitales, las iglesias, etc., pero
también deben mantener la distancia frente a los centros fabriles y comerciales
y las fuentes de agua. La observación de una distancia prudente es aun más
relevante cuando se trata de núcleos habitacionales donde la aglomeración de
personas es permanente. Las distancias establecidas en las normativas son
vulneradas alegremente por estos emporios económicos.
Para SOECI es
alarmante la ligereza con la que se otorgan permisos de extremo peligro, solo
para favorecer a grupos económicos, poniendo en peligro a importantes
poblaciones de ciudadanos dominicanos, con tanto o más derecho a disponer de un
medio ambiente sano y de un espacio seguro.
SOECI demanda la
paralización del establecimiento de todas estas obras peligrosas y lesivas al Medio
Ambiente y el cierre de las que ya están operando y que fueron establecidas
irregularmente.
Demandamos una
revisión de los permisos otorgados por el ministerio de Medio Ambiente en los
últimos seis meses antes de la toma de posesión del presidente Danilo Medina
por las evidentes irregularidades con las que muchos de ellos fueron otorgados.
Exigimos una investigación exhaustiva de los funcionarios actuantes en esos
casos de autorizaciones que riñen con la ley y las normas que el propio Estado
ha evacuado, disponiendo de sanciones ejemplares para los irresponsables.
Un país donde no se
respetan sus leyes y sus normas, no puede organizarse ni desarrollarse.
Un país donde el
funcionario actúa discrecionalmente al margen de la ley y la institucionalidad,
o la aplica antojadizamente, movido por razones personales, no puede
desarrollarse y esta condenado a vivir en el atraso y el caos.
Llamamos la atención
del señor presidente de la Republica y del señor Ministro de Medio Ambiente,
sobre la forma alegre e irresponsable como en el pasado reciente se aprobaron obras
perniciosas al medio ambiente como cementerios memoriales en zonas de nivel
freático alto o bombas de gas en zonas densamente pobladas. Llamamos la
atención porque muchas de estas obras se encuentran en proceso de construcción
y su paralización se hace impostergable, para traer tranquilidad a las
comunidades y a todo el que le preocupa el Medio Ambiente.
Todos tenemos la
responsabilidad de hacer de Santiago una ciudad cada vez más habitable al igual
que el Cibao y el País.
