<b>Los escándalos de las pensiones y las decisiones que ha debido tomar la Superintendencia de Pensiones, sobre el tema y el propio presidente de la República, parecen aconsejar que el país necesita unarevaloración de sus principios, o una especie de reingeniería. Dotarle de nuevos standards de ética.</b>
Solo ese sentimiento puede extraerse del caso de Haivanjoe NgCortiñas, cancelado anoche por el presidente Danilo Medina, después de la escandalosa pensión que se atribuyó a principios de este año de más de RD$600 mil al mes y la denuncia confirmada de que un juez de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Julio César Castaños Guzmán, cobraba su pensión que le correspondía de la Junta Central Electoral de RD$205,798.
Es cierto que otros jueces han sido pensionados una vez terminaron sus funciones normales en el alto tribunal electoral del país, pero siempre se creyó que esa pensión funcionaba solo cuando el beneficiario se iría para su casa. Ahora no fue así.
El doctor Castaños fue el viernes pasado cuando le pidió a la Junta Central Electoral que dejara de pagarle una pensioncita de unos RD$205 mil pesos mensuales. Previamente el hecho había sido denunciado por el grupo que dice vigilar la corrupción administrativa.
El caso de Ng Cortiñas es más dramático aún, pues este señor aprovechó su condición de Superintendente de Bancos para auto pensionarse con la friolera de más de RD$600 mil pesos.
Nadie en la administración pública dominicana tiene derecho a tal pensión, y aquel que la haya recibido, o la reciba, está incumpliendo la Ley y hasta la ética.
Todos recordamos cuando el ex presidente Juan Bosch se rehusaba recibir su pensión de RD$50 mil pesos mensuales en su condición de ex presidente constitucional. Balaguer optó por acumulársela y, cuando quiso pudo disponer de la misma. Es una rica lección que debemos aprender y observar. Deberíamos convertir ese hecho de Bosch como un credo religioso.
Este es un país muy pobre –como decía el doctor José Francisco Peña Gómez- con demostraciones ominosas de irrespeto a la justicia social. Y, por tanto, todos debemos pensar en todo, teniendo en cuenta primero a los más pobres.
Un país en donde viejos trabajadores de la industria de la caña –actividad que una vez fue la principal industria nacional- vegetan en las calles reclamando al gobierno la pensión que les corresponde después de toda una vida dedicada a cultivar caña para fabricar azúcar, es una sociedad con cuestionables normas de ética.
Hágase, sencillamente, la siguiente pregunta: ¿cuántos extrabajadores de la caña se pensionarían con el monto de la pensión del señor Castaños y la del señor Ng Cortiñas?. Entendemos que con más de 800 mil pesos muchos de esos infelices al menos recibirían lo necesario para comprarse la medicina que los mantienen en el mundo de los vivos.
Es un contraste que por absurdo e injusto, merece una decisión apropiada por parte del Poder Ejecutivo aún en estos tiempos de estrechez financiera del Presupuesto Nacional.
Suponemos, desde luego, que el Consejo Económico y Social (CES), que discute con el gobierno el Presupuesto del año próximo, no se opondría a que se incluyaa en la Ley de Gastos Públicos, una partida que coadyuve a hacerle menos infame la vida a los cañeros que reclaman su insignificante pensión. Es un acto de justicia que debe incluirse en lo que consideramos que es la “reingeniería” administrativa del país?
Como también debe el poder ejecutivo y el Congreso Nacional tomar medidas definitivas y claras sobre el sistema de pensiones -sus reglas mínimas y sus reglas máximas- una guia para aese sistema que no pueden superar un sueldo normal de un alto funcionario, aunque reconocemos que no puede ser tan restringida que le resulte insuficiente al pensionado para pagar sus medicinas y su sustento alimenticio.
Esta administración, con el prudente Danilo Medina a la cabeza, podría no tener otra oportunidad si las decisiones no se toman ahora. Porque luego podría ser muy tarde y estaríamos inmersos en desorganización tal, que resolverlo significaría todo un verdadero dolor de cabeza.
Ante la ambición de funcionarios que se autopensionan y un pueblo sin seguridad básicas, sólo la reingeniería y el ajuste legítimo podría equilibrar a la sociedad dominicana para los graves retos que se esperan en el futuro inmediato.
Danilo tiene el tema en sus manos y esperamos que proceda a dejar su impronta bienhechora en este caso. Es una excelente oportunidad para plasmar su promesa de “hacer lo que nunca se ha hecho”
