<b>Una violación a la propiedad privada ocurre,
por ejemplo, cuando una persona viola la seguridad de un automóvil, de día o de
noche, y sustrae una computadora portátil o un teléfono celular, con un valor de
20,000.00 pesos, estimado como si fuera nuevo.</b>
<b> </b>La víctima, persona afectada,
inicia un proceso de persecución desde el momento en que se presenta en la policía
o en la fiscalía e interpone una denuncia de pérdida por robo y suministra
todos los detalles que pueden identificar los objetos perdidos.
La justicia, que representa uno de los poderes
del Estado Dominicano, comienza a invertir recursos humanos y económicos para
recabar todas las pistas y pruebas necesarias para identificar a la persona
responsable. Apresado el delincuente que realizó el hecho y convertido en reo
de la justicia, el Estado invierte en ese caso, para sostener la acusación en
un proceso que conlleva jueces, abogados, fiscales, testigos, informes médicos
y policiales, la reconstrucción de los hechos, pruebas documentales,
testimoniales o periciales, cita de testigos, envío y reenvíos de causas, el
sostenimiento de todo lo que necesita un reo mientras dure el caso, en fin,
todo un conjunto de cosas que en su conjunto forma lo que llamamos: el proceso
judicial.
Entre procesos de casos grandes o pequeños, en
el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana,
los casos concluidos con condena, descargo o por desinterés de la parte
acusatoria, en los últimos años, el costo promedio ascendía a más de 185,000
pesos, abarcando exclusivamente casos entre particulares, constituyendo los
procesos pequeños, más del 95% de los casos.
Entre los procesos judiciales que ha conocido
la justicia dominicana en los últimos años, podemos citar casos de procesos
penales pequeños com el robo de una gallina, un teléfono celular, una pasola
(motocicleta), o grandes com el mensajero que cambio el cheque de 5 millones
y se fue con el dinero en efectivo, el robo al Banco Vimenca, con varias
víctimas mortales, el robo de más de 15 millones a la empresa productora de
pollos, entre otros.
En los procesos judiciales que envuelven al
Estado dominicano como afectado, no hay casos pequeños que lleguen a los
tribunales, estos son arreglados entre compañeros. A los tribunales llegan los
casos grandes, principalmente cuando son instrumentados por administraciones o
gobiernos distintos o que se suceden. Regularmente la acusación va dirigida al
titular de la dependencia gubernamental y en algunos casos arrastra a
colaboradores muy cercanos, pero nunca a las personas o empresas nacionales o
internacionales que provocan el manejo doloso. Cabe resaltar, que no existe
responsabilidad empresarial como en aquellos casos en que una empresa paga dádivas
a un oficial de aduanas para obtener tratos especiales o a un funcionario de
impuestos internos para que le elimine un pago.
Desde los años de la capitalización de las
empresas públicas, a finales de los años 90, hacia acá, existe una figura
jurídica llamada el socio del Estado Dominicano en donde se ha conformado una
alianza estratégica comercial entre el Estado Dominicano y empresas privadas
quienes, enarbolando sus éxitos gerenciales, se les ha asignado la
administración de algunas empresas públicas, hoy empresas capitalizadas.
En estos momentos, estamos viviendo un caso
muy particular por las características nunca antes vistas en un proceso penal que
involucra una institución gubernamental. Aquí están demandando a los socios, a
los administradores que han capitalizado esas empresas públicas y son manejadas
como si fuesen empresas privadas con la supervisión limitada o casi nula del
gobierno dominicano representado por el Fondo Patrimonial de las Empresas
Reformadas “Fonper”.
Observe en este caso, elementos sobre los
cuales no se ha producido jurisprudencia en los tribunales dominicanos como
son: el representante del gobierno no es el demandado, cosa rara!; los
demandados son los representantes, nacionales e internacionales, de la
intocable oligarquía; Los acusados son empresarios quienes han realizado sus
muy recurridos arreglos contables y acciones fraudulentas en donde la misma
persona es comprador y vendedor, o contratante y contratado, siempre en
perjuicio del Estado Dominicano; los demandados son socios y administradores de las empresas
semi-estatales y poseen el poder de decisión con cuatro de cinco miembros del
Consejo de Administración.
Estos son algunos aspectos que conoceremos con
mayores pormenores en una próxima entrega, a fin de que todos conozcan los
detalles y actores de esta oscura realidad del Sistema Eléctrico Dominicano.
