<b>La modificación a la Ley 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes constituye un gran retroceso y se coloca de espaldas al objeto de la Ley de “garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales”.</b>
De igual manera, vulnera el espíritu del Principio V de dicha ley sobre el interés superior del niño, niña y adolescente, que la orienta a buscar su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.
Resulta paradójico que la lucha contra la delincuencia se siga dirigiendo hacia las personas de ingresos bajos y los(as) menores de edad, mientras la Justicia mantiene actitudes complacientes frente a los adultos que han construido el imperio de la corrupción pública y privada que corroe la nación. Ante esta situación resulta cuestionable el marcado interés en sancionar a las niñas, niños y adolescentes, quienes en muchos de los casos son víctimas e instrumentos de los adultos y del sistema de exclusión social.
Elevar las penas no resuelve el problema de la delincuencia. Mayor efecto tendría invertir en mejorar la calidad y el acceso a la educación, reducir las desigualdades y enfrentar la pobreza.
Por estas razones, apoyamos en todo su contenido las declaraciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y solicitamos a las y los legisladores reconsiderar su decisión.
Santo Domingo, 21 de Septiembre del 2012
