<b>Murió Esperancita. Hoy es día de luto y
vergüenza para el país. Había
conciencia de que el embarazo la ponía en alto riesgo, pero prefirieron
arriesgar su vida e imponerle una inmolación a realizarle el aborto
terapéutico. Lo que se hizo con Esperancita constituye un acto de tortura,
cruel e inhumano. </b>
A falta de la divulgación completa y
transparente de resultados de autopsia –cosa poco probable en este país de
jerarcas todopoderosos y autoridades miedosas- quizás nunca sepamos a ciencia
cierta lo que ocurrió. Pero de confirmarse que la paciente murió de hemorragia
uterina tras la expulsión espontánea del embrión, sus médicos, las autoridades
de salud y los defensores a ultranza del derecho a la vida del cigoto, tendrán
mucho que explicar.
En efecto, a los fanáticos religiosos que
promovieron el Art. 37 de la Constitución y que durante años han bloqueado la
despenalización del aborto terapéutico les corresponde una grave
responsabilidad moral por esta tragedia. Pero en última instancia, las mujeres
dominicanas que mueren porque se les niega el derecho a interrumpir un embarazo
que amenaza su salud son víctimas de feminicidio de Estado.
Al mantener vigente la prohibición
absoluta del aborto, las autoridades dominicanas violan flagrantemente el Art.
42 de la Constitución que, a nombre del Derecho
a la integridad personal, establece que nadie puede ser sometido a
procedimientos que impliquen la pérdida o disminución de su salud, como tampoco
podrá ser sometido a procedimientos que no se ajusten a las normas científicas
y bioéticas internacionalmente reconocidas. Como es bien sabido, en el caso de
Esperancita, dichas normas prescribían la interrupción del embarazo y el inicio
inmediato de la quimioterapia, cosa que por supuesto no se hizo.
Las miembras de la Colectiva Mujer y
Salud estamos conmovidas e indignadas, como lo está ese amplio sector de la
sociedad dominicana que no acaba de entender el razonamiento moral que en
nombre de la vida le niega a la persona enferma el acceso oportuno a
tratamiento médico. Entendemos que el Estado dominicano tiene que responder por
la vida de Esperancita y por las potenciales víctimas que seguirá llevándose la
arcaica e inhumana legislación dominicana. Esta muerte no puede quedar impune.
Demandamos que el caso de Esperancita
se investigue hasta las últimas consecuencias y se establezcan las
responsabilidades de lugar. El Congreso Nacional tendrá en la recién iniciada
legislatura la oportunidad de corregir la infamia del Art. 317 del Código Penal
y restituir a las mujeres dominicanas el derecho a la vida. Esperemos que las
nuevas autoridades se comporten a la altura que las circunstancias históricas
les demandan y corrijan de una vez por todas esta grave afrenta a la dignidad y
a los derechos de las mujeres.
Colectiva Mujer y Salud
17 de agosto 2012
