<P>Contadores opuestos notarios legalicen declaraciones juradas a funcionarios</P>

<P>El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD),se opone a que sean los notarios públicos quienes legalicen las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, como lo especifican los artículos26 y 27 del capitulo 4, en el proyecto de ley sobresalarios públicos, que se discute en el Senado.</P>
<P>Pedro Matos, presidente del ICPARD enfatizó en rueda de prensa celebrada es jueves, que es a un contador Público Autorizado (CPA), o una Firma de Contadores activa, registrada en ese instituto, a quien compete emitir y dictaminar la declaración jurada, en la que un funcionario declara su patrimonio al momento de tomar posesión o salir de un cargo público. </P>
<P>Argumentó que es este profesional y no otro, a quien debe indicar la ley, por razones de que posee la competencia necesaria para aplicar las normas y procedimientos que requiere la referida declaración.</P>
<P>Al señalar el articulo 22 del referido ante proyecto, el Presidente del ICPARD, enfatizó que un funcionario no debe trabajar en el Estado en dos lugares a la vez, aun sea en horarios diferentes, debido a que el Estado no posee mecanismos de supervisión para determinar la efectividad de ambos horarios.</P>Entienden que el servidor público que desee producir en el tiempo libre debe hacerlo en el sector privado.
<P>La institución que agrupa a los contadores sostiene, que el funcionario que administra bienes del Estado debe acogerse a la ley 126-01 que exige una contabilidad patrimonial actualizada de las diferentes instituciones del Estado.</P>
<P>“Hacemos un llamado los legisladores en lo referente al artículo 34, que fija un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigencia de esa ley,para que cada una de las instituciones, presente un inventario de todos los vehículos de motor a la Contraloría General de la República a los fines de control y fiscalización de esos bienes”, proclamó Pedro Matos.</P>
<P>Manifestó que esto no solo incluye los vehículos de motor, sino también a todos los bienes de la institución, por lo que recomiendanque al momento de entrar en vigencia esa ley,la Contraloría General de la República debe exigir a la Dirección General de ContabilidadGubernamental el informe patrimonial actualizado. </P>
<P>En rueda de prensa realizada el la sede de la ICPARD, Pedro Matos estuvo acompañado del Vicepresidente Ramón Perelló, Felipe Montero, secretario y francisco Acosta, Tesorero de la entidad.</P>
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