<b>Alto Manhattan.- Como muchos dominicanos, Andrés
Castillo, de 72 años, varias veces al año recoge la ropa usada de su
casa, la empaca en una caja o un tanque, y la envía a su familia en la
isla, como una forma de aliviar algunas de sus necesidades económicas.
</b>
"Yo envío camisas, pantalones y zapatos
usados a mis tres hijos que viven en Santo Domingo y a muchos de mis
primos", dijo Castillo. "Allá la vida es muy cara, y resulta dificultoso
para una persona pobre sacar dinero de su bolsillo hasta para comprarse
una camisa", señaló.
Castillo tendrá que buscar otra manera de
hacerlo. Según dueños de compañías de envíos, a partir de hoy, la
Dirección General de Aduanas de Dominicana, prohibirá la entrada de ropa
usada a la isla, restableciendo la ley 458, una legislación aprobada
hace 39 años.
En una carta firmada por Carlos Blanco
Fernández, director corporativo de Aduanas, la agencia le comunicó a los
negocios de envíos de paquetes, "que a partir del primero de agosto del
presente año, la ropa y zapatos usados que se encuentren en los
diferentes envíos serán decomisados".
Charles Canaan, presidente de Salcedo Cargo
Express, quien recibió la notificación de Aduanas, aseguró que algunos
empresarios de este sector se han trasladado a Santo Domingo a protestar
contra esta medida que afecta sus comercios.
Denuncias de la diáspora
Según Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior, Aduanas "está tergiversando" la ley de 1973.
La 458 fue establecida por el presidente
Joaquín Balaguer, porque en aquel tiempo se hacían cuantiosas
importaciones de prendas de vestir y otros artículos, puestos en desuso
por clínicas y hospitales o de procedencia indeterminada, llevadas al
país con fines comerciales, lo que fue visto como vehículo de
enfermedades contagiosas.
La antigua ley, sin embargo, excluyó "las
prendas de vestir, objetos de tocador, ropa de cama o de mesa, muebles
de casa, loza y cubertería de cocina que hayan servido para el uso
personal de pasajeros o de familiares".
De modo, según Padilla, Aduanas, "no puede
prohibir a una persona que le envíe ropa usada a un familiar, por dicha
ropa no es de origen desconocido".
"Ya los envíos de efectos contaminantes al
país han sido descontinuados, por lo que esta legislación no tiene razón
de ser", dijo Padilla. "Si Aduanas aplica esta ley como lo ha
dispuesto, va a afectar a todas las personas que envían ropa usada a sus
familiares como soporte humanitario".
La importación de ropa usada pasó de 1,887 toneladas en 2005 a 22,515 en 2012.
Competencia desleal
El
restablecimiento de la ley 458 se hizo a pedido de los empresarios de la
isla, entre ellos la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la
Unión Nacional de Empresarios, y la Asociación Dominicana de la
Industria Textil, las cuales argumentan que la venta de ropa ilegal crea
una competencia desleal para su sector.
Las entidades empresariales destacaron
además que la ropa usada "es una amenaza para la salud de la población,
pues en éstas se pueden transferir enfermedades y hasta plagas, así
también insectos, como piojos, pulgas, ácaros y chinches, entre otros".
Los empresarios calculan que actualmente ese
negocio mueve anualmente 1,000 furgones contenedores, con 25,000
toneladas de productos textiles, dentro de las cuales "puede venir
cualquier cosa" de contrabando.