<span style="font-weight: bold;">SANTO DOMINGO.- El
Diputado Virgilio Merán propuso hoy la estructuración de un Comité de Estudio
interinstitucional, que involucre a las organizaciones de la sociedad civil y
las instituciones del Estado que trabajan la violencia de género, para analizar
a profundidad el fenómeno de la “violencia contra la familia”.</span>
El legislador señala que el alto índice de muerte de
mujeres a mano de sus parejas que registra en el país, hace necesario la
búsqueda de soluciones por todas las vías posibles, por lo que entiende que
desde la Cámara de Diputados, se puede impulsar la conformación de esta
comisión y los recursos para estudio, pudieran ser de los fondos legislativos y
de los organismos internacionales que trabajan en esta problemática.
“Esta es una situación muy grave que involucra a
toda la sociedad, y hay que encararla con mucha responsabilidad; por eso
estamos haciendo un llamado a la estructuración de esta comisión
multisectorial, que analice a profundidad este fenómeno, porque es un problema
de todos.” Expresa el legislador.
Dijo que en
nuestro país se hace referencia al feminicidio como delito, sin embargo en
realidad no existe como figura jurídica, sino que lo que está penalmente
sancionado es el homicidio; tras señalar que aunque tiene en sus manos un
borrador de un anteproyecto de ley sobre esta materia, se hace necesario un
estudio profundo y minucioso que involucre a toda la sociedad.
“Entiendo que
de lo que se trata es de una agresión a la familia, porque el agresor mata la
mujer, mata sus hijos y también se mata él; por lo que estamos ante un cuadro
que merece un análisis profundo y bien ponderado.” Expresó el legislador.
Virgilio Merán dijo que a partir de la próxima
semana estará convocando a las diferentes organizaciones a un encuentro, para a
través de la Cámara de Diputado impulsar la creación de esta Comisión, cuyas
conclusiones servirían de base para la formulación de políticas educativas
preventivas.
De acuerdo a la propuesta del legislador esta
comisión deberá estar integrada por Psicólogos, Sociólogos, educadores,
legisladores, representantes de iglesias, ONGs, organismos nacionales e
internacionales; y tendría un plazo de tres meses para presentar las
conclusiones.