La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y su presidente Yuniol Ramírez Ferrerasse querellaron este martes contra el Senador y Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, Ing. Félix Ramón Bautista Rosario, por violación a la la Ley 340-06 Sobre compras y contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, la Constitución de la República y el Código Penal Dominicano.
El sometimiento fue hecho por una comisión del Comité Ejecutivo de la entidad, mediante el depósitoen la Secretaria General del alto tribunal de una querella directa.
”La Constitución de la República de enero de 2010 establece en su artículo 22 numeral 5 que, entre los derechos de ciudadanía el de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, por lo que la institución que dirigimos y nuestra persona tienen la calidad requerida para someter al referido funcionario”, afirmó el presidente de la institución.
“De igual forma en su artículo 75 sobre Deberes Fundamentales la Carta Magna establece en su numeral 12, que entre los deberes fundamentales de las personas están el velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”, dijo el profesional del derecho.
La agrupación de abogados afirmó que según una auditoria realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Oficina de Ingenieros Supervisores de obras del Estado que dirigió el ahora senador, la cual abarcó el periodo comprendido entre el día primero (1ro. De enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil ocho (2008), se pudo detectar por ejemplo, que de una muestra de treinta y un (31) contratos de construcción de obras firmados entre el 2005 y el 2008, se encontró que, a pesar de que las empresas contratadas habían cubicado un total de 1,480.6 millones de pesos, la OISOE, inexplicablemente, le había pagado a la fecha de la auditoria la suma de 2,874.7 millones, para un sobrepago de 1,394.1 millones de pesos.
Los abogados afirmaron que la mayoría de empresas beneficiadas por las irregularidadesencontradas en la referida auditoría, son empresas controladas por FélixRamón Bautista Rosario a través de socios o testaferros, como se dio a conocer por la periodista investigadora Nuria Piera en su programa del sábado 14 de abril de 2012.
”Por ejemplo, la Constructora MAR, que apenas había cubicado la suma de 1,592.6 millones de pesos, inexplicablemente recibió desembolso por 2,636.8 millones de pesos, para un exceso de 1,044.1 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con la empresa DIPRECALT, también del senadorFélix Bautista, que había cubicado la suma de 2,801.5 millones de pesos y recibió pagos por 2,897.7 millones, para un exceso de 96.2 millones”, aseveraron los togados.
CONA acusa a Félix Bautista de violar los numerales 3 y 5del artículo 14 de la Ley 340-06 Sobre compras y contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones,el Código Penal Dominicano en los artículos del 174 al 183,así como el artículo 146 de la Constitución en sus numerales 1, 2, 3 y 4.
En la querella en contra del SENADOR FELIX RAMON BAUTISTA ROSARIO, los abogados hacen RESERVA PARA AMPLIACIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN EL ASPECTO PENAL para ser invocadas en la Jurisdicción de Juicio, al tiempo de solicitar que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 379 del Código Procesal Penal y se proceda a la designación de un juez de la instrucción para conocer de los méritos de la querella y de la discusión de las pruebas en las que se sustenta, requiriendo ser convocados para cualquier actuación al respecto en su condición de Querellantes.
Tambiénsolicitan que se les reserve la oportunidad de pedir condenación penal en la jurisdicción de juicio, así como que en el eventual juicio,la Suprema Corte de Justicia disponga la devolución de veintiocho mil millones de pesos (RD$28,000,000,000.00)por parte Félix Ramón Bautista Rosario al Estado Dominicano, que según la querella es la suma timada por el ex director de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado y senador por la provincia San Juan, en contra del Estado Dominicano, conforme la auditoría argüida.
