SANTO
DOMINGO.-El abogado Julio Cury reafirmó que tanto a Pepe Goico como a Guido
Gómez Mazara les violaron su derecho constitucional a la privacidad.
Cury
explicó que el secreto de las comunicaciones telefónicas y de otras formas de
comunicación privada únicamente puede vulnerarse cuando resulte indispensable
para la recolección de evidencias en una investigación criminal con fines
judiciales.
“En
virtud del artículo 14 del Reglamento De Vigilancia e Interceptación
Electrónica de Comunicaciones, del 13 de noviembre del 2003, las grabaciones
deben presentársele a la persona afectada cuando se haya iniciado el proceso en
su contra mediante su sometimiento ante los tribunales de fondo. Nunca antes,
so pena de violársele su derecho de defensa”, sostuvo.
A
pesar de estar prohibido, según Cury, por el párrafo único del artículo 18, las
conversaciones de Goico con Pierre Kanzki y de Guido con Leo Adames, fueron
divulgadas públicamente. “Por eso, los responsables de hacerlo, de conformidad
con el artículo 337 del Código Penal, se hicieron reos del delito de atentado
contra la intimidad de la vida privada”.
Manifestó
que los jueces pueden autorizar excepcionalmente la interceptación cuando no
exista recurso alternativo para recabar evidencias.
“El
fiscal debe levantar acta contentiva de la trascripción de las comunicaciones
relevantes para la aportación de evidencias del hecho punible que se investiga,
cuyo original debe remitírsele en sobre sellado al juez de instrucción que
ordenó la medida, así como también el disco sin editar de las conversaciones, a
fin de incorporarlos válidamente al expediente acusatorio que se forme al
efecto como medios probatorios y guías de interpretación”.
Cury
declaró que el artículo 15 de dicho texto legal establece que el contenido de
las grabaciones debe tener como único objetivo la sustanciación del
procedimiento judicial que impulse el Ministerio Público en contra de la
persona cuyas conversaciones han sido interceptadas. Señaló que la violación al
derecho a la intimidad más allá de lo establecido por la autorización judicial,
invalida la medida de interceptación y las pruebas que pueda producir.
“Dudo
mucho que la solicitud hecha en el caso de Pepe, si es que ciertamente existe,
esté motivada en la obtención de pruebas de algún plan subversivo contra el
gobierno haitiano, y lo de Guido fue una bochornosa masacre a su privacidad.
Ninguna de esas grabaciones tienen valor probatorio”, resaltó.