<span style="font-weight: bold;">New York, 12 de
marzo 2012. Hoy, varias organizaciones de la Sociedad
Civil Dominicana, afirmaron ante el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, que muchos derechos civiles y políticos son violados
sistemáticamente por el Estado dominicano, lo que pone en riesgo
el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en el país.</span>
La afirmación tuvo
lugar en el marco de la presentación del Informe Alterno de la Sociedad Civil
sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. <br>
“El documento
que presentamos se desarrolló esencialmente desde la perspectiva de lo que
sucede en la práctica, para poner en evidencia el desfase del marco
institucional configurado por la legislación del país, en relación a las
prácticas, actitudes y omisiones de los funcionarios Estatales”, precisó
Francisco Leonardo, uno de los voceros del grupo de las organizaciones que
sustentan el informe.
Las organizaciones
definieron como muy grave el hecho de que más de 1.584 dominicanos y
dominicanas han sido condenados a la muerte civil, como consecuencia de la
privación arbitraria de su nacionalidad. Por lo tanto, no pueden ejercer sus
derechos civiles y son tratados como extranjeros en su propio país, les
son negadas copias de actas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes.
El Estado alega que al momento de nacer, los padres de los afectados tenían un
“estatus migratorio irregular”, que “tienen apellidos afrancesados” o que “el
color de su piel es muy negro”.
También
resaltaron que desde 2007 hasta el 2010 han sufrido heridas por abusos
policiales 4,354 dominicanos y desde 2005 hasta el 2010 murieron 2,138
dominicanos en ejecuciones extrajudiciales. Actualmente las víctimas de tortura
y los familiares de las victimas de homicidios no logran obtener reparaciones
debido a que los agresores son insolventes.Destacaron
como factor que favorece la impunidad la falta de protección apropiada para las
víctimas, familiares y testigos. <br>
<span style="font-weight: bold;">MUJERES ASESINADAS</span><br>
Por otro lado, las
organizaciones denunciaron que entre
2005 y 2010, 1.153 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. “El
promedio por año supera las 190 muertes. Estas cifran revelan la fallida
intervención del Estado, el cual no ha logrado garantizar el derecho a la
vida, con dignidad y libre de violencias a las mujeres.” Aseveró Zobeyda Cepeda,
también vocera de la Coalición.
Agregaron que el
promedio anual de defunciones maternas es de 159 por cada 100.000 niños/as nacidos/as
vivos/as. Destacan que la mortalidad
materna, está asociada a problemas de calidad en la atención
médica y a los problemas relacionados con abortos clandestinos. Finalmente
Zobeyda declaró que el Estado dominicano vulnera la libertad de religión y
pensamiento al no intervenir en las injerencias de la alta jerarquía de la
iglesia católica, la cual se interpone a la aprobación de aborto, y ha
utilizado estrategias de amenazas, intimidaciones y difamaciones, sobre todo a
personas congresistas.
<span style="font-weight: bold;">CONTRA GAYS Y LESBIANAS</span><br>
El Estado también vulnera los
derechos de las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) al
permitir que en los medios de comunicación se les denigre, en los centros
escolares se expulsen las expresiones de homosexualidad o lesbianismo, y
que las autoridades judiciales no investiguen ni sancionen las muertes
cometidas contra esta población.
El Estado no hace lo suficiente para
garantizar el derecho a la vida de las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Transexuales (GLBT), debido a que los asesinatos y crímenes de odio contra
estas personas, generalmente quedan impunes. Estas personas confrontan trabas para
conseguir empleo dentro de las instituciones públicas o privadas, por la
aplicación de una política de contratación laboral abiertamente
discriminatoria, lo cual constituye un incumplimiento del Estado respecto de su
obligación de promover la igualdad ante la ley y de proteger contra la
discriminación. <br>
<span style="font-weight: bold;">MALTRATOS A INNMIGRANTES</span><br>
Manifestaron también, que los trabajadores inmigrantes
de origen haitiano se hallan en situación de explotación, devengando salarios
extremadamente bajos, especialmente los del sector agrícola. Se ven forzados a
realizar sus labores en un entorno de alto riesgo para su vida e integridad
física. Además, con frecuencia son despedidos injustificadamente, los patronos
no cumplen con la obligación de pagar las cuotas de la Seguridad Social, Seguro de
Accidentes de Trabajo y Riesgos Laborales. “Estas situaciones son agravadas por
el sometimiento de los trabajadores a deportaciones forzosas y por la
restauración del modelo de contratación de contingentes”, Alertó Manuel de Jesús
Dandré, miembro del equipo de vocería.
Lamentaron que no se hayan designado
aún los responsables de poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo, a
pesar de que ya han pasado más de 11 años desde la integración de esta figura
al marco institucional del país, así como los déficits en la aplicación de
políticas orientadas a equilibrar la participación política entre hombres y
mujeres y a mejorar los mecanismos de protección de NNA.
El informe fue presentado por el
Centro Pedro Francisco Bonó, Movimiento por un Registro Civil Libre de
Discriminación, Colectiva Mujer y Salud (CMS), Comité de América Latina y el
Caribe por los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Instituto
Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Fundación Comunidad Esperanza
& Justicia Internacional (FUNCEJI), Fundación Étnica Integral (FEI),
Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Movimiento Socio Cultural
para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Trans Siempre Amigas
(TRANSSA).