HIGUEY, Provincia La Altagracia.- El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, afirmó que la Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández, tiene la obligación ética de resolver el conflicto de incompatibilidad sobre su permanencia al frente de una oficina pública que este año manejará más recursos que tres ministerio del Gobierno.
Dijo que si bien es cierto que no existe ninguna previsión legal específica sobre la función de la Primera Dama, la Ley Electoral establece en su artículo 69 que “todo funcionario o empleado público que sea postulado por una agrupación política desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso-facto, con disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”.
El economista y dirigente del PRD consideró que la resistencia de la Primera Dama a someterse a ese mandato de la ley podría considerarse un desacato legal y una grave falta desde el punto de vista ético.
El compañero de boleta del ingeniero Hipólito Mejía indicó que los sectores que han planteado la incompatibilidad entre la candidatura vicepresidencial y la permanencia en el cargo público que desempeña la Primera Dama, no están pidiendo la disolución de su matrimonio con el doctor Leonardo Fernández, ya que una cosa no tiene que ver con la otra. “nosotros particularmente esperamos que el matrimonio de la pareja presidencial dure para siempre”, apuntó el licenciado el licenciado Abinader.
Explicó que el cargo de la Primera Dama no aparece en el organigrama oficial del Estado Dominicano y hasta la administración del presidente Fernández nunca existió un despacho con una asignación presupuestaria tan elevada como la que maneja la señora Cedeño de Fernández.
Resaltó que en el Presupuesto del 2012, el Despacho de la Primera Dama tiene una asignación mayor que los ministerios de la Mujer, la Juventud y de la Administración Pública. Dijo que la oficina de Doña Margarita manejó en el 2011 más de 660 millones pesos.
Y señaló que el artículo 80 de la ley sobre Administración Pública prohíbe de manera específica a las personas que administran presupuestos del Estado “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”
Respalda posición de los obispos
Por otra parte, el candidato vicepresidencial del PRD afirmó que la advertencia de los obispos del país sobre la crisis moral y la corrupción rampante expresa en gran medida el sentimiento de indignación que embarga a la sociedad dominicana.
Manifestó que el señalamiento consignado en la última Carta Pastoral de la Iglesia Católica no debe ser entendido únicamente como una queja, sino también como un llamado a cambiar el rumbo y revertir el proceso de deterioro que lleva el país.
Sostuvo que la crisis no es económica, porque durante los últimos años el gobierno ha manejado más recursos que nunca. “Se trata de un problema eminentemente moral agravado por el crecimiento desbordado de la corrupción con la complicidad o la indiferencia de todas las instancias del Estado que deben actuar para salvaguardar el patrimonio público”.