El Consejo
Asesor del ex presidente Hipólito Mejía cometió un error al pedir el cese en
sus funciones de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Eso puede
generar un conflicto innecesario.
La
petición está contenida en el Acto número 774, instrumentado en día 8 del mes
en curso, bajo el supuesto de que las mismas son ejercidas de manera
inscontitucional hasta tanto sean escogidos completamente la JCE y el Tribunal
Superior Electoral (TSE). Incluso advierten que de no obtemperar a esos
reclamos, los actuales incumbentes de la JCE serán pasibles de las penas
contempladas en el artículo 258 del Código Penal Dominicano.
Sus
planteamientos se fundamentan en la séptima disposición transitoria de la Constitución
de la República que expresa lo siguiente: “Los
actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus
funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente
constitución y la designación de sus incumbentes”.
Ese
requerimiento debió sopesarse bien porque la ley les da facultad a la actual
matrícula del tribunal de elecciones a permanecer en sus funciones hasta que
sean sustituidos. Además, la selección
de los nuevos jueces del tribunal electoral lleva tiempo en virtud de los
trámites burocráticos que conlleva de esas nuevas autoridades. Recuerden que a
penas se ha resuelto el caso del Consejo Nacional de la Magistratura.
Los
alegatos de inconstitucionalidad se caerían ante la Suprema Corte de Justicia y
no prosperán porque las verdaderas intenciones de los requerientes (eso es de
dominio público) van dirigidas a sacar de circulación al doctor Roberto Rosario
y algunos de los miembros por considerarlos supuestos “defensores” de los intereses
del partido de gobierno, lo que significa que se trata de estrategia política,
más que jurídica.
Como
era de esperarse, la postura de los asesores del ex presidente Mejía ha
desatado críticas de los diversos sectores que inciden en la política, entre
ellos el diputado perredeísta y comentarista de El Gobierno de la Mañana de la
Z101, Víctor Gómez Casanova, quien calificó como una metida de pata garrafal el
pedido y entiende que es una ridiculez, una estupidez y un disparate querer
llevar al candidato presidencial del PRD a una lucha contra la JCE. (Ver Z-101 digital de fecha 12-12-2011).
Para
el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) por el Distrito Nacional,
Pelegrín Castillo, el aparente conflicto que impera en el centro de cómputos de
la Junta Central Electoral (JCE),no es
por causa de Franklin Frías, actual director de ese departamento, sinomás bien, que es el reflejo de los problemas
del “candidato innombrable” refiriéndose al candidato presidencial del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD),Hipólito Mejía.
“Ese
proyecto tiene dificultades estructurales, dificultades de diseño, dificultades
de fiabilidad, está entrando en crisis y entonces está incurriendo en una
conducta, adoptando unas posicionesque
son abiertamente desestabilizadoras, sumamente peligrosas para la estabilidad
democrática del país”, sostuvo Castillo, quien afirma que el equipo de campaña
de Hipólito quiere imponer una posición sobre la base del “chantaje” y la
“manipulación” y por eso enfilaron los cañones hacia Roberto Rosario,
presidente de la JCE, contra quien han iniciado un proceso de descalificación y
posteriormente hacia el presidente de la Junta Electoral de Santiago,
acusándolo de parcialporque su esposa
participó en un acto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque ésta
lo hizo en su condición de comunicadora. (Ver
versión digital El Nuevo Diario, 11-12-2011).
Esas
son a penas algunas de las reacciones que se han producido en el escenario
político. ¿Cómo es posible que a esta altura se engendre una crisis electoral,
cuando ya se ha preparado el montaje del proceso para escoger al nuevo
presidente y vicepresidente de la República?
El
país está hastiado de problemas y no resiste otro más. Lo más que pudieran
hacer los distinguidos ciudadanos asesores del candidato presidencial del PRD (que
tienen legítimo derecho a reclamar) es dejar sin efecto sus objetivos y
propiciar un clima de concordia, de paz y de fraternidad, que tanto necesitamos.
Son planteamientos extemporáneos que no encontrarán respaldo de la población
sensata porque están destinados a crear una inestabilidad política.
La
posición de los jueces de la JCE es correcta y bien responsable al plantear
públicamente que seguirán cumpliendo las funciones puestas a su cargo, que las
mismas están revestidas de legalidad, ya que si ceden a esas pretensiones le
propiciarían un rudo golpe a la institucionalidad del país.