SANTO DOMINGO, .- El
proyecto de reconstrucción de la carretera Cibao Sur, entre Piedra Blanca y San
José de Ocoa, se encuentra paralizado en espera de que las autoridades
resuelvan los conflictos planteados en torno a presuntas irregularidades
registradas en el proceso
de licitación convocado por el Ministerio de Obras Públicas.
En fuentes del
Ministerio de Industria y Comercio se reveló de manera extra
oficial que ese organismo recomendaría a la Dirección general de
Contrataciones Públicas, apoderada de una impugnación sometida por la Alianza
Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) que anule el proceso y convoque a una
nueva la licitación.
La Fundación
Justicia y Transparencia (FJT), que preside el jurista Trajano Vidal Potentini,
reclamó recientemente que el Ministerio de Obras Públicas
transparente el contrato y el
proceso de licitación para la construcción de la carretera
Cibao-Sur, el cual, según dijo, ha sido ampliamente cuestionado por
sectores de la sociedad civil, en el entendido de graves y serias violaciones a
las leyes dominicanas y a tratados y acuerdos internacionales.
Un funcionario de la
Embajada de Estados Unidos confirmó que la Agencia Internacional para el
Desarrollo (IAD) fue notificada de la iniciativa de ADOCCO y que estaría
dando seguimiento al tema, por las implicaciones que tiene en el marco del
Tratado de Libre Comercio (DR CAFTA).
ADOCCO denunció que el Ministerio de Obras Públicas
convocó a una licitación arreglada para impedir que varias empresas
interesadas pudieran participar en el concurso, violando varias disposiciones
de la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Obras y Servicios, y el
artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica
(TLC).
La entidad cívica denunció que el concurso para la asignación del proyecto se
realizó bajo la modalidad de una licitación pública nacional, a
pesar de que el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Centroamérica (TLC) obliga a las entidades centralizadas del
Gobierno a realizar servicios de contratación mediante licitaciones
internacionales, “siempre que el valor del contrato sea igual o superior a los
6 millones 725 mil dólares”.
La propia Dirección
General de contrataciones acogió en principio una solicitud de investigación
sometida por ADOCCO y dispuso mediante resolución la suspensión del
proceso de licitación hasta tanto el Ministerio de Obras Públicas emitiera
una resolución de respuesta a las denuncias.
La resolución de
respuesta del Ministerio de Obras Públicas rechazó los alegatos y
defendió la legalidad del procedimiento, pero ADOCCO sometió una nueva
instancia a la Dirección General de Contrataciones Públicas solicitando la
anulación del proceso y la convocatoria de una nueva licitación. El fallo sobre
esta solicitud está pendiente.
El coordinador general de
ADOCCO, Julio Cesar de
La Rosa Tiburcio, definió la licitación del MOPC como
un traje hecho a la medida para favorecer a una empresa favorita, negando la
oportunidad a otras firmas nacionales e internacionales con la calificación
necesaria para participar en la licitación.
Consideró que la actitud del
Ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, perjudica al país, ya
que desconoce las leyes nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por
el Estado Dominicano, afectando la seguridad jurídica y la reputación del país
como destino de inversión.
Destacó como una grave
irregularidad que la licitación se esté realizando sin un presupuesto
previamente establecido, en violación artículo 38 del decreto 490-07, que
establece el Reglamento de Compras y Contrataciones, y que dispone que ningún
procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone
de la apropiación presupuestaria correspondiente.
