Washington, 22 nov (PL) El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, firmó hoy una controvertida ley que impide retener en prisión a inmigrantes indocumentados ni deportarlos, pero solo después de constatar que se encuentran libres de antecedentes penales.
Hasta ahora, el Departamento de Prisiones de la ciudad podía retener a las personas 48 horas adicionales a la fecha de liberación para entregarlas a las autoridades migratorias por carecer de la ciudadanía, reportó el sitio digital estadounidense WNYC News.
Sin embargo, la nueva legislación prohíbe retener después de ese período a indocumentados sin historial criminal, órdenes de arresto pendientes, órdenes de deportación previas y que no se encuentren en la lista de terroristas más buscados, añadió la fuente.
Estos presos, aunque no tengan autorización legal para residir en el país, serán liberados, acotó.
En 2010, las penitenciarias de la urbe mantenían una población de 13 mil presos sin papeles, de los cuales casi tres mil 500 estaban amenazados de deportación, indican datos oficiales.
Un 50 por ciento de los reos entregados a las autoridades aduaneras, sin embargo, carecían de delitos con anterioridad y cerca del 20 por ciento cometió solo delitos menores, precisó la publicación.
El hecho ocurre cuando en Estados Unidos se cuestionan diversas leyes como la ley HB56 del estado de Alabama, las cuales criminalizan la emigración.
Una delegación de diez legisladores demócratas visita el sureño estado para solicitar una revocación de la medida, la cual entró en vigor el pasado 28 de septiembre y es considerada una de las más duras de la nación.
El gobierno revisa desde hace días el status migratorio de unas 300 mil personas con orden de deportación, entrampadas en la falta de acuerdos en el Congreso para implementar una reforma migratoria, una de las promesas electorales incumplidas por el presidente Barack Obama.
Grupos antiinmigración se oponen a la actual política por considerarla una amnistía para quienes entran al país de manera ilegal, mientras que grupos defensores de los inmigrantes acusan a la Casa Blanca de deportar a quienes no son criminales ni representan una amenaza para la seguridad nacional.
