Los diputados del Partido
Revolucionario Dominicano propondrán una reestructuración del proyecto de
Presupuesto para el próximo año, aprobado ya por el Senado, para asignar a la
educación, los ayuntamientos y al Poder Judicial las partidas que les asignan
diferentes leyes.
Luego de hacer sus estimaciones generales sobre los ingresos
totales del Presupuesto 2012, y el PRD propondrá “ajustar
los montos excesivos que se canalizan a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, conjuntamente con una política
de eliminación acelerada del despilfarro en el gasto público y la corrupción
rampante, se liberen los recursos necesarios que harían posible cumplir con el
4% del PIB que debe asignarse a la Educación, el 10% de los ingresos del Fondo
General de la Nación que debe asignarse a los gobiernos municipales y el 4.1%
de dichos ingresos que debe asignarse al Poder Judicial”.
Las modificaciones presupuestarias que propondrán los diputados
perredeístas está contenida en un proyecto que le fue entregado en la mañana de
hoy por MiguelVargas, presidente, y
Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD al licenciado Ruddy González,
vocero de los diputados opositores.
El documento fue trabajado por la dirección perredeísta en coordinación con la Comisión Económica y la Unidad de Políticas
Públicas del partido, “en el interés de que las mismas sean hechas del
conocimiento de los honorables diputados y diputadas que integran el Bloque de
Diputados de nuestro partido”.
Los directivos reiteran que el PRD rechaza la forma y el fondo de
cómo el Senado aprobó la referida pieza, y dicen que “es nuestro interés que el
Presupuesto sea enviado a Comisión, para escuchar a los distintos sectores de
la sociedad, para lograr su modificación, en consonancia con las distintas
leyes orgánicas que han sido vulneradas por la mencionada pieza, especialmente
la de educación, ayuntamientos y justicia”.
A continuación el texto completo del
proyecto de modificación que propondrá el PRD:
CONSIDERANDO que el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado
para el año 2012 estima un aumento de los ingresos corrientes, de capital y
donaciones de RD$58,522 millones, equivalente a un incremento de 20% con
relación al monto presupuestado en el año 2011 y de RD$66,739 millones con
relación al monto que se terminaría ejecutando en el año 2011, equivalente a un
aumento de 23.4%, lo que no puede justificarse sobre la base de un crecimiento
nominal del PIB que el Banco Central ha proyectado en 11%, el impacto del
paquete impositivo aprobado este año y los nuevos ingresos fiscales que se
derivarían de las exportaciones de oro, plata y zinc de la Barrick Gold que se
iniciarían a partir del segundo semestre del 2012;
CONSIDERANDO que las proyecciones de ingresos tributarios del Gobierno
indican que en el 2012 se producirá un aumento de 1. 2% puntos porcentuales en
la presión tributaria, al pasar de la proyección de 12.6% en el 2011 a 13.8% en
el 2012, lo que no parece compatible con un entorno de menor crecimiento previsto
debido al reingreso de la economía mundial a un entorno de estancamiento y al
menor crecimiento de la demanda agregada interna que se derivaría de la
reducción proyectada por el Gobierno en el déficit fiscal, el cual caería de
1.6% del PIB en el 2012 a 0.9% en el 2012;
CONSIDERANDO que la Ley No.66-97 General de Educación, en su artículo
197 establece que el Gobierno debe invertir en Educación anualmente el 16% del
gasto público total ó el 4% del PIB, el que sea mayor, lo que implica que para
el 2012, el Gobierno debió haber separado la suma de RD$95,337 millones (0.04 x
RD$2,383,425 millones) para ser destinados a la Educación (Ministerio de
Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio
de Cultura y obras de infraestructura educativas, técnicas y culturales a ser
construidas por ministerios y dependencias diferentes a los tres anteriormente
mencionados) y comprobándose que el monto asignado en el Proyecto de Ley de
Presupuesto General del Estado para el año 2012, a estos tres ministerios y
obras de infraestructuras educativas y culturales a ser realizadas por la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado asciende a RD$72,305
millones, arrojando una violación con relación al monto que establece la Ley,
ascendente a RD$23,032 millones;
CONSIDERANDO que la Ley 166-03 del Régimen de Transferencia establece
que el Gobierno Central debe transferir a los gobiernos municipales
(ayuntamientos) el 10% de los ingresos a recibir en el Fondo General de la
Nación, lo que implica que en el Proyecto de Ley General del Estado para el año
2012 el Gobierno debe asignar RD$30,327 millones (0.10 x RD$303,271.6
millones),pero que el monto establecido
en el Proyecto sometido al Congreso Nacional apenas alcanzaRD$14,986 millones, equivalente al 4.94% de
los ingresos que se recibirán en el Fondo General de la Nación, violándose la
Ley en un monto ascendente a RD$15,341 millones;
CONSIDERANDO que la Ley 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria y
Administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana y establece el monto presupuestario de éstos y de los
Poderes Legislativo y Judicial, fija que el Gobierno Central
deberá asignar anualmente al Poder
Judicial el 4.1% de los ingresos a recibir en el Fondo General de la Nación, lo
que implica que en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el
2012, al Poder Judicial debió asignarse la suma de RD$12,434 millones (0.041 x
RD$303,271.6 millones), pero que el monto establecido en el Proyecto sometido
al Congreso Nacional apenas alcanza RD$3,567 millones, equivalente al 1.2% de
los ingresos previstos en el Fondo General de la Nación, violándose la Ley en
un monto ascendente a RD$8,777 millones;
CONSIDERANDO que la Ley 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria y
Administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana y establece el monto presupuestario de éstos y de los
Poderes Legislativo y Judicial, fija que el Gobierno Central
deberá asignar anualmente al Poder Legislativo el 3.1% de los ingresos a
recibir en el Fondo General de la Nación, lo que implica que en el Proyecto de
Ley de Presupuesto General del Estado para el 2012, al Poder Legislativo debió
asignarse la suma de RD$9,401.4 millones (0.041 x RD$303,271.6 millones), pero
que el monto establecido en el Proyecto sometido al Congreso Nacional apenas
alcanza RD$5,443 millones, equivalente al 1.8% de los ingresos previstos en el
Fondo General de la Nación, violándose la Ley en un monto ascendente a RD$3,958
millones;
CONSIDERANDO que la Ley 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria y
Administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana, fija que el Gobierno Central deberá asignar
anualmente a la Cámara de Cuentas el 0.3% de los ingresos a recibir en el Fondo
General de la Nación, lo que implica que en el Proyecto de Ley de Presupuesto
General del Estado para el 2012, al Poder Legislativo debió asignarse la suma
de RD$909.8millones (0.003 x RD$303,271.6 millones), pero que el monto
establecido en el Proyecto sometido al Congreso Nacional apenas alcanza RD$424
millones, equivalente al 0.14% de los ingresos previstos en el Fondo General de
la Nación, violándose la Ley en un monto ascendente a RD$486 millones;
CONSIDERANDO que en el año 2011, las transferencias presupuestadas para
el sector eléctrico ascienden al equivalente en pesos dominicanos de US$690
millones y que en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el
2012, que asume un precio del barril de petróleo (WTI) de US$101.00, superior
al de US$95.70 asumido en el 2011, se establece un monto de transferencias para
el sector eléctrico deapenas US$265
millones, lo que sin lugar a dudas se hace para presentar un nivel de gasto y
por tanto, de déficit fiscal inferior al que podría estarse verificando;
CONSIDERANDO que mientras en el Proyecto de Ley de Presupuesto General
del Estado para el 2012 se mantienen prácticamente congeladas las
transferencias y asignaciones presupuestaria a los ayuntamientos (que se han
mantenido fijas en RD$14,986 millones desde el año 2007), al Poder Judicial
(cuyo presupuesto para el 2012 es inferior al del año 2009), a la Cámara de
Cuentas, a los Ministerios de Turismo, Industria y Comercio, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Economía, Administración Pública; se reducen los
presupuestos a los Ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores (el cual se
justifica dado el enorme despilfarro de recursos que exhibe), Agricultura, y
Juventud;se aumentan considerablemente
las apropiaciones presupuestarias asignadas a la Presidencia de la República y
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, revelando el interés
declarado por el Presidente de la República de que utilizará una vez más el
Presupuesto Nacional para tratar de elevar la imagen del Gobierno y de la
candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para las
elecciones del 20 de mayo del 2012;
EL BLOQUE
DE DIPUTADOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANA DECLARA:
a) Su total rechazo al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado
del año 2012 aprobado por el Senado de la República en un par de horas, sin
haberlo estudiado ni analizado, ni haber escuchado a ningún sector de la
sociedad, con lo cual validan la percepción existente en el país de que la
mayoría del PLD en el Congreso Nacional opera como un sello gomígrafo de todas
las iniciativas, aberraciones, sueños y deseos de la Presidencia de la
República;
b) Solicita que dicho Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado
del año 2012 sea remitido a una Comisión que introduzca las modificaciones
correspondientes, luego deescuchar los
pareceres de todos los sectores de la sociedad dominicana;
c) Y que
ajustando los montos excesivos que se canalizan a la Presidencia de la República,
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, conjuntamente con una
política de eliminación acelerada del despilfarro en el gasto público y la
corrupción rampante, se liberen los recursos necesarios que harían posible
cumplir con el 4% del PIB que debe asignarse a la Educación, el 10% de los
ingresos del Fondo General de la Nación que debe asignarse a los gobiernos
municipales y el 4.1% de dichos ingresos que debe asignarse al Poder Judicial.
11 de
octubre de 2011.
