SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el sector bancario mantuvieron este martes la disputa respecto al gravamen que el ente estatal pretende imponer a los interese de los ahorristas.
La DGII respondió el comunicado de la Asociación de Bancos Comerciales, señalándole que todo el sistema financiero dominicano pagó intereses en el año 2010 por RD$ 54,562.7 millones de pesos.
“Esto se corresponde estrictamente con las cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana que publicó en su “Estado de Resultado año terminado 2010 y 2009”, haber pagado intereses por un monto de RD$ 34,365.6 millones de pesos y la Superintendencia de Bancos que publicó en los “Estados Financieros consolidados de grupos financieros” al 31 de diciembre del 2010, que el monto de los intereses pagados por captaciones del sector financiero fue de RD$ 20,196.00 millones de pesos”, expresa la DGII.
Agrega que en 2010 se pagaron aproximadamente RD$ 54,000 millones de pesos, tal y como habíamos informado a la ciudadanía. Establece que según los datos publicados por las autoridades monetarias y financieras, sobre tipos de depósitos y valores en circulación por tipo de inversionistas, las empresas (incluyendo las entidades financieras) recibieron por concepto de intereses aproximadamente RD$ 30,000 millones de pesos que según la Ley debieron ser declarados en ese año.
También refiere las declaraciones juradas del Impuesto Sobre la Renta presentadas en el periodo fiscal 2010 por las empresas, incluyendo las propias entidades financieras, se reportaron ingresos por unos RD$ 14,000 millones de pesos provenientes de intereses recibidos.
“Es decir, existe una diferencia de aproximadamente RD$ 16,000 millones de pesos entre lo efectivamente recibido por ese concepto y los ingresos declarados por los contribuyentes”, manifestó.
Subraya que esto implica que el monto potencial del Impuesto Sobre la Renta dejado de recibir a la tasa actual de ese impuesto sería de unos RD$ 4,600 millones de pesos.
La DGII ha actuado en atención a las facultades que le concede el Código Tributario para establecer agentes de retención sin excluir ningún sector en especial, así como también para dictar las normas generales que sean necesarias para la correcta administración y aplicación de los tributos.
“La DGII practica la transparencia y el respeto a las leyes. Por eso, respetuosos de la Ley, esperamos pacientemente la decisión del Tribunal Superior Administrativo, lugar que la Ley establece para dirimir las diferencias entre los contribuyentes y la Administración Tributaria”, concluye el comunicado.
