Uno de los costos mas visibles del deterioro social es el aumento incesante del índice de criminalidad, que de acuerdo a estadísticas oficiales cobra siete víctimas fatales cada semana solamente en el Distrito Nacional. La situación no es exclusiva de los dominicanos. Todas las encuestas de opinión de la región dan cuenta de que dos de cada cinco latinoamericanos entrevistados dijeron que ellos o un miembro de su familia habían sido objeto de un delito en los últimos meses.
Ante esta cruda realidad -cuya máxima expresión es el surgimiento de bandas juveniles en los barrios de mayores carencias sociales- las autoridades son cada vez más tentadas al razonamiento de que la criminalidad se soluciona con mayor represión y con un aumento de la pena. De acuerdo a los estudiosos del tema, la represión, casi siempre, se traduce en violaciones a los derechos ciudadanos.
Tampoco se observan correlaciones significativas entre aumento de la población carcelaria y reducción de las tasas de criminalidad de mediano y largo plazo con el endurecimiento de la pena. Un plan efectivo para reducir los niveles de inseguridad social que se observan en el país no se debe limitar a aumento de salarios ni a una mayor presencia de agentes policiales y militares en las calles, que de por sí constituyen elementos de irritación y para recordar épocas ya superadas. El mismo debe de formar parte de un programa integral de desarrollo de largo alcance en el que estén involucrados todos los sectores de la sociedad.
Se han identificados tres elementos como generadores de la criminalidad: La alta tasa de desempleo en la población joven, la baja escolaridad y la desintegración familiar. Una hojeada a los hechos de violencias registrados en las últimas semanas en los diarios de circulación nacional evidencia que la edad promedio de los presuntos delincuentes es inferior a los 25 años, que provienen de familias desarticuladas y que poseen baja instrucción escolar. Datos no oficiales dan cuenta de que cerca del 30 por cierto de la población joven no tiene empleo, lo que significa una exclusión severa al inicio de su vida productiva.
Un amplio estudio hecho en Estados Unidos a finales de la década de los 90 comprobó que el 70 por cierto de los jóvenes detenidos venían de familias con padre ausente, mientras que otro realizado Uruguay encontró que uno de cada tres de los menores internados en el Instituto Nacional al Menor formaba parte de una familia anormal cuando se produjeron los hechos que llevaron a su detención.
Siempre se ha dicho que la familia es una institución fundamental para la fijación de valores morales que alejen a los jóvenes de las conductas delictivas, que su buen funcionamiento incidirá en su prevención. Entonces, de lo que se trata es de diseñar políticas públicas que incrementen la oferta laboral, protejan a la estructura familiar y elevan los niveles educativos de la población más joven para que pueda insertarse en el mercado laboral.