La Cumbre, celebrada los días 18 y 19 de este mes en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones de la Ciudad Colonial, sostuvo en sus conclusiones y recomendaciones que "estas nuevas franjas deben ser evaluadas para determinar los mecanismos de valoración de forma que posibiliten ofrecer servicios avanzados a la población a precios compatibles con su poder adquisitivo".
Las conclusiones y recomendaciones de la Declaración de la XIV Cumbre REGULATEL-AHCIET, realizada por primera vez en la República Dominicana, fueron firmadas por el doctor David Pérez Taveras, presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de las Telecomunicaciones (REGULATEL) y del consejo directivo del Indotel, y Antonio Carlos Valente, presidente de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET).
El cónclave, que analizó el tema: "Banda Ancha: El desafío para Latinoamérica de inclusión digital y sostenibilidad de las redes", demandó la adopción de mecanismos innovadores de gestión del espectro que faciliten el intercambio y la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico en América Latina y el Caribe. También, la reforma de los actuales mecanismos de financiación de los programas de universalización de los servicios (Fondos de Servicio Universal, fondos públicos de subsidio, etc.) para que pasen a cubrir también los accesos de Banda Ancha, garantizando que su aplicación esté en consonancia con el resto del régimen regulatorio y no provoque distorsiones de incentivos a la inversión ni del mercado.
Propuso el incentivo a la cooperación público-privada con participación de todos los actores – gobierno, empresas, academia, sociedad civil y organismos internacionales – para alcanzar los objetivos propuestos.
La Cumbre reclamó "la disminución de las barreras administrativas a la instalación de infraestructuras para la operación de redes (antenas, derechos de paso, entre otros.), en especial las establecidas por las autoridades locales", así como "la adopción de normativa que facilite el acceso a terrenos públicos, incluidos los ferrocarriles, redes eléctricas y redes de carreteras de los operadores con licencia". Planteó la necesidad de que "las nuevas infraestructuras públicas (carreteras, red eléctrica, etc.) contemplen canalizaciones para poder albergar redes de comunicaciones" y "la actualización de la política fiscal más acorde a la realidad del sector y a su influencia en el desarrollo de la economía nacional".
Esbozó, asimismo, que los países de la región flexibilicen "las condiciones de otorgamiento de licencia y el establecimiento de un régimen de licencias (Autorizaciones Generales) que esté claramente dirigido a lograr un conjunto de objetivos políticos definidos, entre ellos acelerar el despliegue de la Banda Ancha y el acceso al mercado".
Igualmente, consideró necesaria "la adaptación de los marcos regulatorios para eliminar normas discriminatorias que favorecen a una empresa o industria sobre otra en un mercado de servicios convergentes". Para sostener sus planteamientos, la Cumbre consideró "que la Banda Ancha es una herramienta valiosa para ampliar las oportunidades de los individuos, la inclusión, la igualdad y la democracia.