La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de prohibir la difusión de publicidad política hasta la proclama oficial de la campaña electoral, es una medida que todo el país habría respaldado, incluyendo los partidos políticos que ahora la rechazan, si hubiese sido adoptada en el momento apropiado.
Sin embargo, la disposición ya no solo resulta inefectiva, sino también injusta, porque solo afecta a los partidos políticos y no al Gobierno que es el principal agente de propaganda política al servicio del candidato reeleccionista, doctor Leonel Fernández. Y aclaro que no creo que esta fuera la intención del pleno de la JCE, constituido por ciudadanos de incuestionable probidad, pero no hay duda de que ese es el resultado.
La resolución 07-2007 “ Recuerda a todas las organizaciones políticas de la República Dominicana que el período electoral aún no ha sido iniciado, por lo que se les requiere que tengan a bien disponer el cese de todo tipo de publicidad de carácter electoral o proselitista, limitándose así a la difusión institucional habitual de períodos no electorales”.
Como se puede apreciar, el dispositivo solo se refiere a las organizaciones políticas, pero no a las instituciones públicas que dedican una considerable parte de sus recursos para difundir mensajes propagandísticos que no tienen nada que envidiar a los contenidos publicitarios del partido oficial. Basta simplemente constatar que el principal lema de la propaganda oficial es el mismo del Partido de la Liberación Dominicana: “E’ palante que vamos”.
Este lema aparece consistentemente en la publicidad de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y de las pequeñas fundas entregadas a las personas afectadas por la tormenta Noel.
La medida de la JCE tiene el efecto, aunque no sea la intención, de crear un escenario de promoción política en beneficio exclusivo del doctor Leonel Fernández, con la ventaja adicional de que no le cuesta ni un centavo al partido que promueve la reelección presidencial, ya que la propaganda de las instituciones públicas tenemos que pagarla todos los contribuyentes.
Es lógico esperar que esta decisión de la JCE, encomiable desde el punto de vista de sus motivaciones, sea revisada y diferida para otra coyuntura más apropiada, adoptada en consenso con las fuerzas políticas del país, a las que en condiciones normales conviene, sin ninguna duda, una medida de esa naturaleza.