Que pena que yo como dominicana que amo mi país, tenga que corroborar con la
Sra. Almudena Mazarrasa, Embajadora de España, en sus declaraciones hechas
en febrero pasado, en la que citó la deficiencia en la seguridad jurídica,
la corrupción y la inseguridad pública. Fue todo un escándalo en los medios
de comunicación, pero total, ella tiene toda la razón. Lamentablemente, digo todo esto porque estamos viviendo en carne propia una situación donde el abogado del Estado Dr. Fermín Casilla Minaya, intenta desalojar a Manuel Emilio Gómez Pión de su propiedad en Juanillo, Higüey, siendo legalmente propietario. No se imaginan la impotencia que se siente al ver cómo triunfan los poderosos en nuestro país, pero les aseguro que seguiremos luchando hasta las ultimas consecuencias.
Les haré un breve resumen de la situación: Mi esposo, Manuel Emilio Gómez Pión es titular de la posesión y mejoras de 2,800 tareas (1.761.200.000 M2) dentro del la parcela 367-B-15-Ref-32 del D.C. No. 11, Higüey, Prov. La Altagracia, sobre las cuales y por más de 25 ininterrumpidos años mantuvo un
próspero negocio de ganadería con sus correspondientes instalaciones, pesaje
*y una importante porción de playa y mar*, estando amparadas en certificado
de título No. 73-189, expedido en fecha 25 de noviembre de 1991 por el
Registrador de Títulos de El Seybo.
El 18 de octubre de 2003, Miniari-Capa Cana/Gómez Pión suscribieron un "Acuerdo de Intención", a ser sustituido dentro de los siguientes 30 días
por "un contrato de Venta Definitivo bajo los mismos términos y condiciones
establecidos en este Acuerdo"…. En tal convenio el Dr. Ricardo Hazoury
Toral, actuando en representación de las empresas filiales señaladas,
reconocían la posesión y mejoras del Sr. Gómez Pión, los cuales se obligaban
a comprar por US$8.806.600.00 (a US$5.00 M2). Confiando en los compradores,
con el "Acuerdo de Intención" ya firmado, lograron que Manuel Emilio Gómez
Pión los autorizara, de inmediato, acceder y construir su "Boulevard Central", que es la esencial e indispensable entrada principal de su Complejo Turístico (con valor declarado de US$ mil millones).
Ha transcurrido casi 4 años sin que las ininterrumpidas exigencias de Manuel
Emilio Gómez frente a Cap Cana/Miniari, culminaran con éxito, lo obligaron a
recurrir a la justicia para reclamar su legitimo crédito, ellos alegaron por escrito que no adeudan suma alguna porque según ellos, fue una intención sujeta a Contrato Definitivo, que no firmaron dentro de los 30 días previstos, ni después, por tal razón "…ha expirado…" y el crédito resulta "…inexistente…".
Ahora pretenden desalojarlo. Como último recurso de impedir tal arbitrariedad y atropello, el pasado viernes 7 de septiembre de 2007, Manuel Emilio apodero a la Juez Coordinadora de los Tribunales de Jurisdicción Original, de una Acción Constitucional de Amparo, aspirando que tal procedimiento le ampare para no tener que consentir tan improcedente petición de desalojo, pero este quiere ser denegado, aunque en el expediente consta la opinión del magistrado Fausto Then, recomendando la incompetencia del abogado del Estado para desalojar.
Es por eso que yo me pregunto, ¿existen las leyes en nuestro país? Y si
existen ¿de qué sirven?
