"Hay muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal. Esos ser n suprimidos.
Soy de los que creen, con absoluta firmeza y convicción, que las oportunidades de empleo tienen que ser iniciadas, fundamentalmente, en el sector privado, que es el gran creador de la riqueza nacional. La función del Estado, entre otras, debe ser la de hacer posible el cumplimiento de esos propósitos.
En el modelo de desarrollo económico que visualizamos, al sector privado le corresponde desempeñar el papel de locomotora del tren del progreso, y al Estado, el de simple maquinista que la pone en movimiento sobre los rieles.
En el Gobierno que hoy se inicia, ninguna institución gubernamental u organismo independiente está autorizado a realizar compras o transacciones que vayan más allá de lo estrictamente indispensable.
Nadie, absolutamente nadie, podría utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas o para efectuar llamadas telefónicas, nacionales e internacionales, sin límites de tiempo.
Los viáticos y las dietas tienen que ser disminuidos. Los gastos superfluos, eliminados.
Hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría de Estado correspondiente.
Dictaremos normas para evitar que las instituciones del Gobierno central tomen préstamos de bancos comerciales domésticos sin la debida autorización de la Oficina Nacional de Presupuesto o la Contraloría General de la República.
Pero, de igual manera, ser imprescindible enfrentar con energía y de manera drástica uno de los peores males que afecta el desarrollo de los pueblos y torna ineficaz toda lucha sincera contra la hecatombe de la pobreza: el fenómeno de la corrupción.
La corrupción es moral y legalmente inaceptable. Por tal motivo, durante la administración que desde hoy me corresponder dirigir, tomaremos todas las providencias de lugar para, tal como establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público.
"La democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del privado, que sepa, desde ahora, que la Justicia no ser objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes".
Se trata de algunos fragmentos del ovacionado discurso que pronunció el doctor Leonel Fernández al juramentarse por segunda ocasión. Sólo con las botellas con las que ha inundado estos días la administración pública, como parte de su proyecto releccionista, es como para que cada quien saque sus propias conclusiones.
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