La tendencia de las democracias modernas es el control y racionalización de la inversión pública mediante mecanismos sociales y institucionales que promuevan una distribución equitativa del gasto en función de las obligaciones propias del Estado, la ejecución de las grandes obras de infraestructura y las necesidades cotidianas de la población.
En la República Dominicana no funciona en la práctica ningún procedimiento, ninguna instancia, que se ocupe de velar por los intereses de la sociedad en materia de planificación y ejecución del gasto público. En el país crece la percepción de que ni siquiera el propio Presidente de la República, el principal interlocutor del Estado ante la población, controla o dirige la política de inversión del gobierno nacional, a pesar de haber asumido la construcción del Metro como la principal prioridad de su gestión, un proyecto que ha malogrado muchas de las grandes iniciativas con las que se comprometió el mandatario.
La inteligencia común cuestiona si la voluntad que determinó la construcción del metro, fue la misma que determinó la cuantiosa y opulenta inversión en la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia; o en la multimillonaria remodelación de la Biblioteca de la UASD, ya inaugurada por el pasado gobierno; o en el Parque Central de Santiago cuyo presupuesto fue anunciado en más de 400 millones de pesos.
Los ciudadanos también se preguntan si fue el propio Presidente de la República el responsable de la inversión de 348 millones de pesos en la construcción del llamado Parque Ambiental de la Núñez de Cáceres, a pesar de que el problema ambiental que determinó la obra se resolvía con un presupuesto mucho más modesto, incluyendo un parque bonito y funcional en el mismo terreno, con el agravante de que los moradores del entorno se quejan de que el problema ambiental aún persiste.
El cuestionamiento a la actual política de inversión pública tiene más sentido cuando se comprueba que en los tres primeros años de gestión el gobierno no ha podido asignar recursos para la terminación de los acueductos de Santo Domingo Oriental, Sabana de la Mar y Las Terrenas, dejados por la pasada administración en más de un 80 por ciento de avance. O cuando el Gobierno luce impotente para atender las demandas de comunidades como Moca, Constanza, Dajabón, Miches, Hato Mayor y Sabana de la Mar para que se mejoren sus principales vías de comunicación terrestre.
Para muchos resulta incomprensible que en hospital regional se Santiago mueran varios niños por falta de oxígeno, debido al déficit presupuestario de Salud Pública, o que la comunidad de Bayaguana –para citar un caso representativo- no cuente con aulas escolares para inscribir a población estudiantil en el nuevo año escolar y que sus planteles no cuenten con suficientes butacas para sentar a los alumnos.
La impresión que tenemos muchos dominicanos es que el Gobierno tiene voluntad y recursos para las obras faraónicas, las que sirven para complacer el ego de nuestros gobernantes o los bolsillos de los funcionarios y o contratistas, y para alimentar la enorme voracidad de una burocracia cada vez más grande e ineficiente, pero no para atender las necesidades primarias de la población.
Resulta muy difícil entender por qué un gobierno que ha permitido el empeoramiento en todos los renglones del servicio de energía eléctrica, tolera o aprueba que la institución rectora del sistema, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), se haya premiado con una elevación del monto de su nómina mensual de 39 millones de pesos, como la encontró en el agosto del 2004, a 108 millones a mediados del presente año.
Tampoco se puede entender que un gobierno que pretendió justificar la construcción del metro como una respuesta a las supuestas aberraciones del Plan Renove, ahora anuncia la decisión de apadrinar otro proyecto similar, en adición a una obra que algunos expertos proyectan en más de 55 mil millones de pesos, en un claro reconocimiento de que la gran inversión no resolverá el problema del transporte público aunque si agravará los problemas de educación, salud, producción y servicios básicos para la población.
Por lo tanto, la pregunta que encabeza este artículo sigue a la espera de una respuesta: ¿Cómo se planifica y decide la inversión pública del país?
