Garantiza el el anonimato, el puesto de trabajo y los derechos de la carrera administrativa, e impedir medidas disciplinarias, suspensión del empleo, destitución y traslados.
SANTO DOMINGO.- Diez diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP) presentaron un proyecto de ley que busca proteger a los funcionarios y empleados públicos y privados, que denuncien actos de corrupción en el gobierno, el Congreso y los ayuntamientos.
La iniciativa aplicará para quienes participen en investigaciones relacionadas con la corrupción administrativa. Contempla mantener el anonimato, el puesto de trabajo y los derechos de la carrera administrativa, e impedir medidas disciplinarias, suspensión del empleo, destitución y traslados.
El proyecto fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, a los fines de ser incluida en una orden del día del pleno de ese cuerpo legislativo.
La iniciativa fue presentada por el diputado por el Distrito Nacional, Julio Horton y figuran como co-proponentes Minou Tavárez Mirabal, Carlos Peña, Yudelka de la Rosa, Alejandro Montás, Walter Encarnación, Elpidio Báez, Angel Gomera (Provincia Santo Domingo) y Tulio Jiménez (San Cristóbal), así como Pelegrín Castillo, representante en el Nacional por la FNP.
El diputado Horton aclaró que también se contemplan sanciones para los servidores públicos que hagan denuncias falsas o difamatorias.
Dijo que uno de sus artículos establece que la aplicación de las medidas de protección deberán emitirse en un plazo que no exceda los tres días, contados a partir de presentada la denuncia.
Agregó que también se incluye que todo funcionario o empleado que viole cualquiera de las disposiciones de la legislación, incurrirá en delito grave y será sancionado con el pago de cinco salarios base de su pago y/o pena de reclusión por término fijo de dos años.
“De mediar circunstancias agravantes, la pena fija podrá ser aumentada hasta cinco años y en circunstancias atenuantes ser reducida a un mínimo de dos años”, explicó.
Agrega que el empleo o funcionario público denunciante, querellante o testigo que suministre información o testimonio sobre actos impropios e ilegales, a sabiendas de que los hechos que describe son falsos, o difamatorio, infundados o frívolos, será sancionado con una multa no menor de 10 salarios de su sueldo ni mayor de quince salario base, y prisión de tres a cinco años.
Horton destacó que en la medida en que proyectos como este busquen consenso de todas las fuerzas políticas, el país podrá avanzar en materia de gestión pública.
