SANTIAGO.- El diputado reformista por esta provincia, ingeniero Ángel Acosta, consideró que el presidente Leonel Fernández, al tratar de forma tangencial el fenómeno de la partidocracia en la República Dominicana, ha iniciado “sin quererlo” un debate sobre la dilatada falta de institucionalidad que impera en el país. Dijo que con este tema expresado por el primer mandatario en el marco del seminario de gestión pública aperturado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), se pone sobre el tapete la necesidad de iniciar sin más demoras la discusión de una reforma constitucional seria y profunda.
Afirmó que además de seria y profunda, la reforma debe eliminar la cultura del personalismo y que a su vez superponga el valor de las instituciones y el imperio de la ley en un verdadero estado de derechos.
“Hay que destacar que las últimas tres administraciones, inquilinas del gobierno desde el 1996, son las responsable de desacato cuando han desconocido la aplicación de la Ley y de Servicio Civil y Carrera Administrativa promulgada por el ex presidente Joaquín Balaguer en el año 1991 como parte de un paquete de reformas que éste promovió en ese periodo constitucional”, señaló.
Ángel Acosta sostuvo que aunque no se quiera reconocer, estas leyes constituyen las más importantes que ha vivido el país en su historia republicana.
El legislador reformista manifestó que el desconocimiento con alevosía de los derechos adquiridos por los servidores públicos, empleados y funcionarios, son la razón fundamental de la fortaleza que exhibe el fenómeno de la partidocracia en la República dominicana.
En ese sentido, informó que el Congreso Nacional se apresta a aprobar una ley de la función pública, la cual dará inclusive categoría de Ministerio o Secretaria de Estado a lo que hoy es la ONAP, la cual procurara dar inicio de la consagración en el país de un modelo de gestión de recursos humanos basado en el mérito, la capacidad, garantizando respeto al escalafón y estabilidad, variables indispensables de un sistema de Carrera Administrativa.
“Debe tenerse claro que el principal escollo que enfrenta la nueva ley, de ser implementada, es que reducirá necesariamente el clientelismo político, el amiguismo y el tráfico de influencia en la administración de los recursos humanos en las oficinas gubernamentales”, afirmó.
Aseguró que con esta nueva ley quedará definida la naturaleza del empleo de los servidores públicos al servicio de los órganos y entidades de la Administración Pública clasificándolos en:
Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción, funcionarios o servidores públicos de carrera, funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado y empleados temporales.
Acosta explicó que esta nueva ley regulará y reglamentará a través de lo que será la Secretaria Estado de Administración Publica los asensos, tránsitos, transferencias y cancelaciones de los servidores públicos, lo cual limitara el pago del activismo.