SANTO DOMINGO.-Un ingeniero fue sometido a la justicia por varios adquirientes de un proyecto habitacional que iba hacer construido en el Ensanche La Paz, del Distrito Nacional por el cual pagaron alrededor de 30 millones de pesos.
Los adquirientes se querellaron en la Fiscalìa del Distrito Nacional contra el ingeniero Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón (Juan Ramón) y la empresa Cautelar S. A., quienes se habían comprometido en entregar los 65 apartamentos en noviembre del 2006 en el proyecto Castelar l, detrás de la Liga Municipal Dominicana.
La medida de coerción en contra del ingeniero y la empresa será conocida el próximo miércoles 23 de mayo en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la acusación de violar los artículos 405, 265, 266, y 267 del Código Penal.
La querella fue presentada por Girda María Jiménez Herrera, Cristian Leonida Romero Villar, Maria Altagracia Martínez, Eugenio Ulloa Severino, Miguel Mercedes Ramírez, Yeandra Walkirys Núñez González, Raquel Hernández Sánchez, Emilio Aníbal López Núñez, entre otros, a través de los abogados, licenciado Carlos M Felipe Báez y el doctor Jorge Lora Castillo.
Previo a la solicitud de medida de coerción la querella fue admitida por el Ministerio Público, mediante un dictamen donde ordena además que fuera notificado a los querellantes y advirtiéndole que tenían un plazo de tres días para presentar su objeción por ante el juez de la instrucción del Distrito Nacional.
En la querella explican que a pesar que se han mantenido pagando a cabalidad las obligaciones, se han percatado que el proyecto no tiene construido ni siquiera el 10 por ciento de la obra.
Precisan además los querellantes que los inmuebles donde se levantaría los apartamentos no son propiedad de la empresa que vendió el proyecto en el 2005 a través de una feria inmobiliaria.
También figuran como querellantes Ramona Ydalgysa Medina Colón, Marlon Osvaldo Garrido, Félix Norberto Maria Vargas, Noelia Sorelya Suárez Peña, Flor García Ozoria, Raynel Jean Cuello Peguero y Dulce Aralí Peguero.
Precisan los querellantes que los terrenos donde estaba `previsto construir el proyecto son propiedad del Consejo Estatal del Azùcar.