SANTO DOMINGO.-El Palacio de Justicia se ha convertido en una especie de mercado público, con cientos de irritados ciudadanos haciendo filas desde las primeras horas de la mañana, luego que la Procuraduría General de la República decidiera concentrar en esa sede la emisión de los certificados de no delincuencia que anteriormente se expedían en el Palacio de la Policía Nacional. Desde las cinco de la mañana comienzan a concentrarse en la tradicional sede judicial de Santo Domingo ciudadanos procedentes de todo el país, muchos de los cuales deben dedicar tres y cuatros días para conseguir la certificación, requisito imprescindible para la obtención de pasaportes, solicitud de visados y otras gestiones personales.
Personas que hacían filas en el Palacio de Justicia consultadas por reporteros de DiarioDigitalRD mostraron su disgusto por la situación y la calificaron como un abuso contra los contribuyentes, afirmando que el hecho constituye una negación rotunda de la imagen de modernización que trata de proyectar el Gobierno del Presidente Leonel Fernández.
Definieron el hecho como un nuevo atropello contra los ciudadanos, recordando que la actual administración también dispuso el desconocimiento de las viejas libretas de pasaportes, obligando a los interesados en renovar sus documentos a iniciar el proceso de solicitud desde cero, debiendo viajar a las oficialías donde originalmente fueron declarados.
Comentaron que las medidas parecen estar basadas en el interés del Gobierno de obtener mayores recaudaciones sin tomar en cuenta el interés y las necesidades de los ciudadanos
La señora Cristian Rosario, procedente de Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, dijo que tenía tres días en Santo Domingo haciendo las diligencias para obtener un certificado de buena conducta. Dijo que no entender las razones por los cuales no se descentraliza el procedimiento para expedir los certificados en cada provincia del país.
“No es posible que hablemos de modernización cuando los ciudadanos tienen que pasar tantas penurias para pagar unos impuestos y conseguir una simple certificación”, comentó la ciudadana con un dejo de rabia y frustración.
Abogados consultados definieron la situación como crítica, ya que afecta el desenvolvimiento de las actividades normales del Palacio de Justicia. Pidieron al Procurador General de la República “cambiar el procedimiento para eliminar ese foco de agitación y arrabalización” que afecta la sede judicial.