A pesar de los pregonados esfuerzos del Gobierno, existe la generalizada percepción de que la criminalidad y la inseguridad pública siguen creciendo de manera sostenida en el país.
El denominado Programa de Seguridad Democrática puesto en marcha por el Gobierno del presidente Fernández ha logrado algunos avances puntuales en barrios de Santo Domingo y Santiago, pero no ha logrado mostrar una mejoría apreciable en la situación general de la seguridad pública.
De hecho, los resultados más relevantes del Programa de Seguridad Democrática no tienen nada que ver con el control de la delincuencia. La limitación de la actividad comercial en horas de la noche probablemente ha tenido un efecto benigno en el ámbito familiar, pero ha generado desempleo y ha creado un ambiente de inseguridad que no ha sido compensado por la vigilancia policiaco militar. Cabe recordar, además, que nada se ha hecho para mejorar la iluminación pública en horas de la noche.
La Policía Nacional, a pesar de la correcta orientación trazada por el general Bernardo Santana Páez, ha sido sencillamente desbordada por la magnitud del problema. No tiene suficiente personal, en la cantidad y con la calidad requerida, para atender la demanda ciudadana.
Tiene sentido, por lo tanto, la propuesta del ex senador José Tomás Pérez para que se transfieran 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas a las filas de la Policía Nacional.
El país cuenta en la actualidad con las fuerzas armadas más numerosas de toda la región de Centroamérica y El Caribe, después de Cuba.
Las estadísticas extraoficialmente conocidas indican que la República Dominicana cuenta actualmente con más de 45 mil miembros activos, repartidos en el Ejército Nacional (32 mil), Fuerza Aérea (8 mil), y Marina de Guerra (6 mil).
Los países centroamericanos, con más territorios, más fronteras y más conflictos de defensa nacional que nosotros, tienen milicias más pequeñas. Guatemala cuenta con 31 mil militares; Salvador 28 mil 400, Nicaragua 12 mil; Panamá 11 mil 800; y Honduras 7 mil.
Los 35 mil efectivos de la Policía Nacional, muchos de ellos comprometidos en labores de servidumbre a oficiales y funcionarios públicos, o al servicio de personas particulares, no son suficientes para enfrentar la creciente ola de criminalidad y atender los reclamos de seguridad de las comunidades del país. Se podría inferir que tenemos una institución policial relativamente pequeña frente a los requerimientos de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, tenemos unas Fuerzas Armadas desproporcionadamente numerosas en relación con las necesidades reales del país en materia de defensa nacional, especialmente si tomamos en cuenta que el vecino más próximo, Haití, ni siquiera tiene ejército propio, y tampoco existen riesgos relacionados con la seguridad del Estado, como en la época de la “guerra fría” y de la “amenaza comunista”.
El tratamiento racional del problema recomienda que el Gobierno agarre el toro por los cuernos y tome una decisión inteligente y responsable. Posiblemente no tenemos recursos para reclutar a miles de nuevos miembros de la Policía, pero si podríamos traspasar una parte de las fuerzas militares sin funciones propias de su naturaleza a la institución del orden público, disponiendo al mismo tiempo una mejoría sensible en el nivel salarial y en la formación profesional de los unos y de los otros.
¿Sería demasiado pedir que en un asunto de tanta importancia para el país el Gobierno adopte una decisión oportuna y responsable?
23 de febrero 2007
