SANTO DOMINGO.-La precandidata presidencial Milagros Ortiz Bosch considera que la aprobación "forzada" de la contrarreforma fiscal en la Cámara de Diputados, lesionan la democracia y derechos ciudadanos de expresión del pensamiento en el foro legislativo. Ortiz Bosch criticó que los diputados hayan convertido la reforma fiscal en ley sin llamar a vistas públicas ni preparar y aprobar los informes de comisión que deben anteceder la votación de los proyectos de ley sometidos al Congreso Nacional.
La llamada “rectificación fiscal” y el crecimiento normal de la economía proveerán al gobierno alrededor de 32 mil millones de pesos adicionales durante el año 2007, consignados en el presupuesto sometido al Congreso, sin que ese aumento del gasto público se refleje, como está consignado en la ley 66-97 en un aumento de los presupuestos de educación, y en apoyo de la salud pública, seguridad ciudadana o servicios sociales, señaló.
En el caso de educación y salud pública este año que recién termina, agrega, ni siquiera se ejecutaron los fondos asignados y, por el contrario, se recortaron para hacer transferencias a favor del metro de la Capital y gastar a manos llenas en proselitismo reeleccionista.
Para el 2007 a la Secretaria de Educación apenas se le ha asignado un 10 por ciento del total de ingresos estimados, muy por debajo del 16 por ciento mínimo que consagra la Ley General de Educación.
Una economía que crece a ritmos superiores al 10 por ciento según afirman los organismos del gobierno, no debería reportarse entre los únicos dos países de América donde creció la pobreza durante el año 2006, de acuerdo con el último informe de la Comisión Económica de América Latina.
La ex vicemandataria sostiene que el nuevo paquete de impuestos del gobierno de Leonel Fernández agravará las condiciones de vida de miles de dominicanos que viven en condición de pobreza crítica, disminuirá significativamente la capacidad de consumo de la clase media y perjudicará la posibilidad de generación de empleo de los sectores productivos que han manifestado rechazo a la actitud intransigente del gobierno.
El presidente Fernández y la mayoría peledeísta en el Congreso han impedido a numerosas organizaciones empresariales, a la oposición política y a la sociedad civil expresar en vistas públicas abiertas su desacuerdo con los propósitos fiscales del gobierno.
Los productores de tabaco del Cibao, las asociaciones de productores de ron y de cerveza, las asociaciones de industrias, las organizaciones de defensa de los consumidores, los importadores de vehículos de motor, los granjeros organizados, los corredores de seguros y las empresas aseguradoras, las medianas y pequeñas empresas y un montón de otras entidades de la sociedad civil se han manifestado en contra de la “rectificación fiscal” y han visto con asombro como la Cámara de Diputados precipitó en menos de 24 horas una ley vital para el futuro de sus negocios y de los derechos al consumo de los dominicanos.
Nuestro deber ciudadano y nuestro compromiso con la democracia nos obligan a denunciar los métodos aplastantes con que la mayoría del PLD en el Congreso se impuso a la sociedad dominicana.