SANTO DOMINGO.-La Asociación Dominicana de Casinos reveló que desde el año 2003 se han producido tres aumentos impositivos que han incrementado considerablemente el aporte fiscal de esos establecimiento. La entida advirtió que “una cosa es cuestionar su existencia, a lo que cada quien tiene derecho y otra es promover la destrucción de estas empresas ahogándolas con un alud de gravámenes que los liquide como actividad rentable”.
Al mismo tiempo la entidad sostuvo que el impuesto sugerido por el gobierno destinado a gravar con un 25 por ciento las ganancias de los jugadores no existe en ninguna otra parte, porque la forma en que operan los casinos lo hace impracticable, porque es muy difícil calcular lo que gana y lo que pierde un cliente.
Al refutar las versiones de que los casinos no aportan la cuota social que les corresponde, la asociación recordó que los gravámenes a esta actividad se han revisado varias veces en tiempo reciente, “por decreto en mayo de 2003, por resolución de la Comisión de Casinos de junio del 2005 y por ley del Congreso de febrero del 2006. Esta última legislación aumentó en alrededor de un 17% la carga directa hace sólo 10 meses”.
“Los casinos de juego si están gravados y su aporte es coherente con la modesta dimensión que tiene este sector en RD. Su cuota social, además se refleja a través de una nomina mensual aproximada de $35 millones que pagan a unos 4000 empleados, que son el sustento de unas 20 mil personas”, subraya la Asociación en un comunicado de prensa.
Explica que “existe una cuota fija por cada mesa y máquina de juego, el Estado recibe el ITBIS por el arrendamiento que pagamos por operar los casinos a los hoteles que son propietarios del local y la licencia, pagamos ITEBIS por las bebidas, alimentos y materiales y suministros que utilizamos en la operación y pagamos esos impuestos, tasas o contribuciones que se cargan a toda empresas en RD, pero que parecen no existir para los Gobiernos y expertos tributarios a la hora de calcular la presión fiscal”.
Afirma que también son elevados los cargos de la Comisión de Casinos por asuntos administrativos como movimiento de máquinas de juego -importación, reexportación, reconversión, desguace y traslado de un lugar a otro- reducción o incremento de la cantidad de mesas o máquinas, cambios de horarios, licencias para máquinas, registro de los nombres de la administración responsable del casino, certificaciones de trámites administrativos y otros.
“Para tener una idea de lo que esto significa y como ejemplo, una licencia de casinos cuesta $10 millones, por un cambio en la administración de la empresa se paga $1 millón y la $500 mil por la licencia para vender máquinas”, indica la Asociación de Casinos..
Explica que “sólo por concepto del impuesto fijo a las mesas y máquinas de juego, los 36 casinos miembros de esta asociación pagan mensualmente más de $18 millones mensuales, un promedio mensual por empresa de unos $500 mil en impuestos directos. Además, las mesas y máquinas de juego son la única actividad en la que los impuestos están indexados a la inflación y por tanto tiene un aumento anual automático”.
Un impuesto impracticable
Al referirse a la propuesta de gravar con un 25% las ganancias de los jugadores, la entidad la define como s un buen ejemplo de se desconoce la realidad de estas empresas, asegurando que este tipo de impuestos no existe en ninguna parte porque la forma en que operan los casinos lo hace impracticable, porque es muy difícil calcular lo que gana o lo que pierde un cliente.
Resalta que los casinos están íntimamente vinculados a la actividad turística, pero que la República Dominicana no es un destino de juego, ya que sus 36 socios apenas operan 531 mesas y 4 mil máquinas de juego. “Esta cantidad se pueden encontrar en uno o dos de las empresas de los destinos de juego reconocidos en el mundo. Por ejemplo los famosos casinos Hollywod, Cesar Palace y Bellagio tienen más de 7 mil máquinas de juego cada uno”.
Especifica que “RD tiene en total 42 casinos, la gran mayoría en hoteles de las zonas turísticas de playa. Su público son turistas que por sus ingresos juegan pequeñas cantidades, lo que constituye un ambiente muy lejano del mundo diseñado para reales jugadores y grandes apuestas en las que diariamente se procesan cientos de millones de dólares”.
Y advierte que “no se debe confundir la fiscalidad de los casinos con la oposición ética o moral a la existencia de los casinos de algunas personas. Una cosa es cuestionar su existencia, a lo que cada quien tiene derecho y otra es promover la destrucción de estas empresas ahogándolas con un alud de impuestos que los liquide como actividad rentable”.
Defiende el concepto de que los casinos son empresas lícitas, que operan principalmente como lugares de entretenimiento en hoteles turísticos en un país en el cual la oferta complementaria para los visitantes es escasa. Y agrega que la sociedad dominicana tiene derecho a aceptar o rechazar esta actividad, pero mientras la ley la permita, su funcionamiento y su fiscalidad debe tener un marco lógico, que asegure la rentabilidad a la que tiene derecho toda inversión.
“La experiencia mundial indica que es mejor legalizar el juego con empresas legítimas controladas, porque la otra opción, ya superada en RD, es tener una extensa red ilegal fuera de control que no aporta nada al país”, indica la Asociación en su comunicado.-
