A ningún sector, en nombre de ningún derecho, se le debe aceptar las tropelías cometidas por grupos de chóferes en las últimas horas. Además de destruir bienes y propiedades, y dejar sin el servicio de transporte a la ciudadanía, el sector sindical ha agredido a ciudadanos que se dirigen a sus centros de trabajos.
Reportes de prensa indican que diecisiete personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, más de una veintena de detenidos y miles de personas varadas es el saldo preliminar de una huelga que resultó sorpresiva para una importante cantidad de ciudadanos, que se disponían a llegar a sus destinos de manera cotidiana la mañana de hoy.
Esas bandas choferiles, que en su afán por el control de rutas cometen estas acciones tienen que ser parada por las autoridades, pues no es justo que en ese sector sindical haya libertad y protección para este tipo de acciones.
Dejar a los usuarios sin el servicio es de por si una acción que merece ser explicada en alguna instancia, y de alguna manera, si no se justifica, debiera ser sancionada para que no se repita de manera tan alegre como ha venido ocurriendo.
Varios ciudadanos ha resultado heridos y ante ellos, las autoridades tienen que dar respuesta que rediman sus derechos.
El Gobierno debiera indagar hasta que punto la negligencia de los funcionarios del sector han contribuido con este desorden, y salir de aquellos que se hayan convertido en parte del problema.
Una solución a este conflicto no debe pasar por acto que los que han ejercido como bandoleros, destruyendo bienes, deben ser traducidos a los tribunales, para que respondan por sus hechos.
Basarse en acuerdos entre dirigentes sindicales para liberar a turberos, no es la mejor manera de manejar la autoridad en una sociedad que desea paz y orden, y respeto por sus instituciones.
