La única forma de lograr la institucionalización del país es dejando y estimulando que cada instancia cumpla su papel.
La sustitución de los organismos institucionales por comisiones mediadoras constituye un obstáculo a los deseos de la nación dominicana de darse instituciones sólidas y fuertes.
El tema lo tratamos a propósito de los esfuerzos que se realizan por reformar la Constitución de la Republica.
¿Qué rol desempeña el Congreso Nacional en esos esfuerzos que nos parecen loables y necesarios para el futuro de la nación?
El Congreso Nacional es la instancia legal, establecida en la misma Constitución de la Republica, llamada a producir esos cambios. Por lo tanto, no puede ser un espectador del proceso en ninguna de sus fases.
El Congreso Nacional debe ser en centro de ese proceso y no la respetable Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Llama la atención que los legisladores no hayan reclamado firmemente su participación en este esfuerzo que es consustancial a sus funciones legales.
El Congreso Nacional bien podría ser auxiliado por uno que otro experto o notable de la sociedad. No se debe sustituir al Poder Legislativo por ningún otro Poder del Estado en esa noble tarea.
Y si el Congreso Nacional se acoge a que lo sustituyan en sus sagradas responsabilidades constitucionales, estaría renunciando a su deber y responsabilidad para la cual han sido escogidos sus miembros por los dominicanos en elecciones libres.
Los mismos miembros de la comisión designada por el Poder Ejecutivo para realizar las consultas, debieran plantearse este problema con seriedad; saber que ellos no son los llamados a encabezar ese proceso de reforma constitucional que solo le está asignado al Congreso de la República.
Por lo tanto, los honorables miembros de ese organismo que encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, harían bien si plantean una salida en la que ellos se asuman como asesores del Congreso Nacional en el rol que le ha sido asignado.
No pretenderán los comisionados hacer la consulta y redactar el proyecto de constitución, o sea, dirigirlo todo, para luego enviar el proyecto a los legisladores para que estos se lo aprueben, tal si fueran muchachos de mandados de la elite de la sociedad.
Como el proceso está en su fase primaria, no estaría de más que el Presidente de la República, Leonel Fernández, inspirador de esta iniciativa, reoriente el curso de los acontecimientos, para que si se quiere que nazca una Constitución que fortalezca el proceso de institucionalización nacional, este esfuerzo comience en su génesis, repastándole al Congreso el rol de eje del mismo.
